Desprotegidos y abandonados

Gravísimas las denuncias públicas hechas esta semana por el senador Jorge Enrique Robledo y el presidente de Fedegan, José Félix Lafaurie. El senador Robledo, en dos cartas dirigidas al presidente Santos y al ministro de Agricultura, Juan Camilo Restrepo, advierte sobre una posible violación a la Constitución al tratar de adelantar la puesta en marcha del TLC con la Unión Europea, sin que haya terminado de surtir el tramite ante el Congreso de la República y revisado legalmente por la Corte Constitucional. No entiendo cuál es el afán de implementar un tratado que podría significar la ruina de más de 300 mil pequeños ganaderos, quienes desprotegidos y abandonados por el Estado, además de estar presionados por grupos al margen de la ley, podrían terminar simplemente  incursionando de nuevo en la siembra de cultivos ilícitos. Las implicaciones que el mencionado TLC podría tener sobre el sector ganadero son motivo de profunda preocupación. En un foro realizado esta semana en Montería -donde participaron los ganaderos de Sucre y Córdoba-, el Presidente de Fedegan anunció la entrada de más de 25 mil toneladas de productos lácteos (subsidiados) de países como Suiza, Estados Unidos, México y aquellos que hacen parte de Mercosur.  Así las cosas, lo más seguro es que nuestros ganaderos se vean en la obligación de reducir el litro de leche de 800 a 500 pesos con el fin de ser competitivos. Cosa que veo bien difícil para ellos, porque las cuentas no les van a dar para subsistir. Lo peor de todo es que el Gobierno ha hecho caso omiso a la responsabilidad que tiene de defender a los productores a nivel internacional y a la fecha, no existe compromiso alguno por velar por los intereses de este sector fundamental de la economia nacional ante otros gobiernos que, de manera unilateral, establecen medidas y barreras injustificadas a los acuerdos de Libre Comercio. Lo más grave es que a estas alturas de la vida el Gobierno no ha implementado un plan de choque para proteger a los productores del campo de esta competencia inequitativa. Es urgente que la Ministra de Transporte concrete con los gremios del agro y los los Gobernadores un plan de vías terciarias que conectan los centros de producción agropecuaria con nuestras ciudades; que el Ministerio de Agricultura intervenga los precios de los insumos agrícolas e implemente en alianza con los gremios del agro, un servicio eficiente de asistencia técnica y que la DIAN tome medidas drásticas para controlar el contrabando de alimentos. Ya es hora que la Ministra de Educación y el SENA ponga en funcionamiento un “Sistema Educativo de Emprendimiento Rural” que enseñe a nuestros jóvenes del campo a eliminar las causas de la falta de rentabilidad y de competitividad. El Incoder debe poner en marcha un plan de distritos de riego y el Ministerio de Comercio debe diseñar una política de comercialización con unas reglas de juego claras que garantice un justiprecio a las cosechas de nuestros productores. En escritos anteriores he propuesto al Gobierno revisar los instrumentos de incentivos al sector agropecuario como el ICR, CIF, FAG, IAT y el incentivo al seguro agrario, para optimizar su eficiencia y lograr una distribución equitativa de los recursos entre los sectores. Pareciera que no les interesara eliminar los cuellos de botella que hacen inoperante estas ayudas. Con el actual esquema, los 3 billones de pesos que ha invertido el Ministerio de Agricultura, no han tenido un impacto en el crecimiento de la produccion agropecuaria y mucho menos en el aumento de los ingresos de los productores. Llegó la hora en que la sociedad civil y sus representantes políticos (El Congreso) promuevan un juicio de responsabilidad a estos funcionarios. ¡No más improvisación por Dios! idangond@hotmail.com