A mucho colombiano le parece inverosímil que el gobierno ataque al Estado, siendo, como deberían ser, siameses, pues el gobierno es quien lo representa y es elegido precisamente para mantener sus instituciones. Nuestro pacto social.
Es difícil entender que el gobierno Santos ataque a su propio Estado, como una serpiente que se devora así misma desde la cola, porque es una acción sin precedentes en la historia de Colombia, y menos comprensible aún, que el propósito de dicho ataque sea entregar el país al Foro de Sao Paulo, de manos de las FARC, para convertirlo al socialismo tercermundista, que en América latina es sinónimo de miseria y descalabro social.
Un socialismo promovido por criminales en camionetas robadas, haciendo “pedagogía de la paz” armados hasta los dientes, y matando policías en La Playa, u ocupando terrepaz en el Catatumbo y otras regiones donde son amos y señores, con un sentido peculiar de justicia, del que dan testimonio los cuerpos de los dos menores fusilados por querer desertar. ¿Cómo entender que maten hoy 13 policías y mañana se les perdone, y que de encime se les permita juzgar como criminales a los policías sobrevivientes?
Cómo no comprender que la polarización Santos/Uribe, es una perversa estrategia para desviar la gravedad de los temas de Cuba, y que por eso, -ad portas de la firma del acuerdo de paz- la Fiscalía captura a Santiago Uribe, y la prensa especula a 4 columnas sobre la compra de una tonelada de chatarra de los hijos de Uribe, pero oculta que en Cuba, Santos y las FARC se reparten a Colombia.
Nuestras instituciones ya fueron tomadas, no como la Casa de Cortázar, sino de cuerpo presente por las FARC. El congreso legisla para ellas, la justicia juzga para ellas, las cortes deciden para ellas, la Fiscalía apresa para ellas, el presupuesto se derrocha para ellas, la prensa informa para ellas, y los ministros nos engañan con falsas estadísticas, para ellas. Todo se prepara para la hora cero, para la firma del acuerdo, que será la señal del cambio de brazalete y la continuidad de la guerra, repotenciada desde el congreso y las instituciones tomadas.
No hay a quien acudir. Hasta las FFAA se erigieron en protectoras de sus verdugos, a nombre de la paz que desmienten incluso las FARC, y es por eso que el senador Iván Duque, asumiendo la defensa de los colombianos, alertó a la Corte Interamericana de DDHH sobre la victimización que se nos cierne.
Aquí no se trata de Uribe, ni de Santos, ni de derecha e izquierda, cuyas distancias hizo añicos la globalización, sino del futuro de nuestras familias.
Me quito el sombrero ante la estrategia de los malos, y les digo malos, porque malo es el que mata para lograr su cometido, mientras nosotros, los buenos, acudimos a la Ley, al derecho, a la justicia, apendejados, porque esas y las demás instituciones fueron tomadas por las FARC. La Fiscalía, los jueces y las FFAA, favorecen a los delincuentes. Nada que hacer. La esperanza queda en las acciones del senador Iván Duque, para abrir los ojos a las cortes internacionales.
El poder intimidador es tal, que muchos colombianos asumieron una actitud resignada, como los polacos con Treblinka, como los judío/alemanes con Hitler, como los incas en la plaza de Cajamarca con Pizarro, como muchos sudacas con Trump. Nadando tranquilos, como la rana en el agua tibia de la olla sobre la estufa encendida; justificando su insolidaridad con su escepticismo, y subestimando el alcance del contubernio Foropaulista Santos/FARC/Castro y compañía.
La primera institución tomada, hace muchos años, fue la Fiscalía, puesta hoy en manos de un ex juco, que depravó el concepto filosófico y constitucional de la justicia, para instrumentalizarla, como hicieron en su tiempo los inquisidores de la Edad media, los jacobinos de Robespierre, y los revolucionarios de Castro.
Luego se tomaron al congreso, con parlamentarios que creen que su credencial es aval para el robo y no para el servicio, idiotas útiles que truecan el mañana de Colombia por el hartazgo efímero de la mermelada, y que serían los primeros fusilados si terminan de levantar el paredón socialista que ayudan a construir.
A las FFAA las tomaron por medio de sus generales seducidos por estrellas que rutilaban y que deslustraron al permutarlas por sus soldados, a quienes entregaron al juicio espurio de la Jurisdicción especial para la Paz, o tribunal de la venganza, que calificará como crimen cada uno de sus actos por defender la patria.
Las cortes fueron tomadas por sus propios magistrados, que encarcelan inocentes y dan impunidad a los criminales, y que rebautizan el asesinato como baja en combate, y el secuestro y la extorsión como fuentes legítimas de financiación.
En los países extranjeros hay una imagen distorsionada del proceso, y lo apoyan, adornando con alas blancas a los demonios de las FARC. Por eso es imperdible el alerta del Senador Iván Duque, que acá les dejo.
@mariojpachecog
Esta es la carta:
Juez
ROBERTO F. CALDAS
PRESIDENTE
Corte Interamericana de Derechos Humanos
Organización de los Estados Americanos
Avenida 10, Calles 45 y 47 Los Yoses, San Pedro
San José, Costa Rica
Señor Presidente:
El pasado mes de noviembre de 2014 cursé una nota a la H. Comisión de Derechos Humanos de la Organización de los Estados Americanos, en donde expuse mis preocupaciones de orden jurídico en relación con el proceso de negociación que actualmente vienen desarrollando el grupo armado ilegal autodenominado Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), y el gobierno colombiano.
En ese sentido señalé que Colombia, como Estado miembro de la Organización de Estados Americanos, se encuentra vinculada a las obligaciones contenidas en los instrumentos universales y regionales en materia de derechos humanos.
Constituye un hecho ampliamente demostrado tanto histórica, política, así como jurídicamente, que las autodenominadas FARC son responsables de graves violaciones en contra de los derechos humanos y del derecho internacional. El mencionado grupo armado ilegal ha vulnerado todos los estándares y raseros consuetudinarios y sustanciales, cometiendo graves crímenes de derecho internacional, así como otras conductas que vulneran los instrumentos universales y regionales sobre la materia.
Su aparato criminal se ha ensañado en contra de la población civil, las mujeres, los niños y la población campesina e indígena, siendo estos grupos poblacionales sus principales víctimas. Por lo anterior, la negociación adelantada por el gobierno colombiano genera serias dudas por el grave riesgo de impunidad, y el posible desconocimiento de las responsabilidades internas e internacionales que puedan asistir a las partes por las violaciones perpetradas en contra de los derechos humanos.
A más de lo anterior, las negociaciones adelantadas con las FARC se están realizando en un tercer Estado que no se interesa por la promoción y protección de los derechos humanos como lo es Cuba, Estado que no hace parte del sistema interamericano, ni de la Corte Penal Internacional.
El mencionado “proceso de negociación” ha tomado más de tres años, y muchos de sus apartados se han transmitido parcialmente y con ambigüedad a la opinión pública así como a la institucionalidad colombiana.
El capítulo que hace referencia a la denominada Jurisdicción Especial para la Paz crea una institucionalidad paralela, atípica y de corte más político que jurídico, dando así un golpe mortal al derecho interno colombiano. Ese Tribunal de orden mixto (lo que ya de por si es inconstitucional), duplica facultades de la jurisdicción ordinaria, y se arroga funciones de investigación y acusación, creando un megatribunal con todas las capacidades de sanción, juzgamiento, indulto y amnistía, en contravía del orden jurídico interno, así como de los compromisos suscritos con jurisdicciones internacionales permanentes, complementarias y especializadas como los son la H. Corte que Usted preside, y la Corte Penal Internacional.
Las concesiones hechas por el Estado colombiano se acercan peligrosamente a los límites del derecho internacional. El sistema universal y el sistema interamericano han trabajado arduamente para construir un marco jurídico común, comprensible, aplicable y replicable en materia de derechos humanos, uno que logre proteger y tener vigencia precisamente ante flagrantes violaciones como las que se han cometido en Colombia.
Aprovecho esta oportunidad para presentar ante su digno despacho estas preocupaciones, pues en recientes desarrollos el Presidente de Colombia, Sr. Juan Manuel Santos Calderón, y el líder del grupo terrorista FARC, alias “Timochenko”, han acordado condiciones especiales relacionadas con la aplicación de la justicia, el reconocimiento de responsabilidades y la reparación de las víctimas, entre otros puntos.
Las FARC son responsables por condenas impuestas en el derecho interno, así como por requerimientos internacionales por la violación – entre otros -, de los siguientes instrumentos:
- Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre
- Convención Americana sobre Derechos Humanos
- “Protocolo de San Salvador”
- “Convención de Belém do Pará”
- Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas
- Carta de la Organización de los Estados Americanos
- Carta Democrática Americana
