Sin la menor duda Colombia está viviendo uno de los peores inviernos de su historia, pero esta emergencia no se le puede atribuir exclusivamente a la Niña, como ya lo han dicho varios columnistas. Hasta donde la memoria lo permite, es difícil recordar una época de lluvias que no haya traído como consecuencia, muertes, inundaciones, desplazamientos, derrumbes y accidentes. Obviamente, ahora las cifras han llegado a niveles inmanejables: más de 1 millón 300 mil víctimas, varios cientos de muertos, miles de hectáreas de cultivos inundadas y carreteras cerradas; en realidad, un país a media marcha. Parece mentira que alguna vez, los fines de año habían traído a Bogotá esos soles esplendorosos de la Sabana. Y lo peor, lo que se avecina puede ser aún más grave.

Pero la verdad es que ha quedado en evidencia de manera muy dolorosa la ineficiencia del Estado a todo nivel, del mismo sector privado y sobretodo, la pobreza de la población desamparada, con el olvido estatal de sus necesidades y su profunda desprotección. Además, nadie podría negar que se estén pagando las consecuencias de despreciar el manejo adecuado de la naturaleza. Las famosas Corporaciones Regionales cooptadas por la politiquería, están siendo hoy acusadas de no haber protegido los bosques, de no haber manejado adecuadamente el cauce de los ríos; de haber permitido la desforestación en sitios críticos. En fin, de no haber ejercido su autoridad y de no haber cumplido con su deber. Aparentemente, pocas de esas se salvan de los juicios que ya se están haciendo.

A la infraestructura colombiana le cayó un nuevo baldado de agua fría y para salvar responsabilidades, están reconociendo lo que con dificultad han aceptado solo en algunos casos: que el manejo ambiental lejos de ser un impedimento es una necesidad, costosa sin duda, pero en el mediano y largo plazo, absolutamente imprescindible. Si no se hubieran talado los bosques, menos carreteras estarían hoy rodeadas de derrumbes y semi-destruidas. Lo acaba de decir Juan Martin Caicedo, presidente de la Cámara Colombiana de Infraestructura. Las criticadas licencias ambientales recobran vigencia hoy más que nunca.

Sin embargo, el tema más doloroso es el de la pobreza. Sería interesante saber de las casi 3 millones de Familias en Acción, ¿cuántas han visto derrumbarse sus casas? ¿Por qué este país indolente ha permitido que los pobres sigan construyendo viviendas en zonas vulnerables? ¿Por qué la vivienda campesina es la misma de hace tres décadas, con piso de tierra, sin alcantarillado, con estufas de leña? Como si no se hubieran inventado soluciones para estas demandas básicas de cualquier sociedad del siglo XXI. El invierno ha dejado al descubierto el tipo de políticas que ha desarrollado Colombia: concentradoras de ingresos, generadoras de rentas, irresponsables en muchos casos, con privilegios para los escogidos y limosnas para los pobres. Un modelo obsesionado por el crecimiento que desprecia la sostenibilidad y que no reconoce su potencial en recursos naturales. Parecería que no visualiza su verdadero futuro en este mundo global.

Lo otro que ha puesto en evidencia el invierno es la corrupción que se ha traducido en pésimas obras de infraestructura, en vivienda social de mala calidad, irrespeto por las normas públicas, en carreteras hechas solo para el verano, en la falta de una política ambiental. De acuerdo: la culpa no es de la Niña, es de la irresponsabilidad del Estado, de la sociedad civil, de empresarios y gente del común que se resigna.