El mundo al revés. Adiós al control político de los parlamentarios

30 de mayo del 2011

16 horas después de que un magistrado del Tribunal Superior de Bogotá se abstuvo de enviar a prisión al exsecretario general de la Presidencia Bernardo Moreno, se anunció una polémica decisión: el encarcelamiento de Nancy Patricia Gutiérrez, expresidenta del Congreso.

Gutiérrez, uribista purasangre, en agosto de 2008 tuvo un enfrentamiento público con la Corte Suprema de Justicia (CSJ) cuando osó grabar a escondidas al entonces investigador de la “parapolítica” Juan Carlos Díaz Rayo, quien le dijo que las investigaciones en el alto tribunal ya no se hacían con el mismo rigor que antes. Ese incidente, que desde luego le costó el puesto a Díaz, vino a sumarse a otro con Piedad Esneda Córdoba Ruiz, la polémica exsenadora del Partido Liberal que en septiembre de 2010 fue destituida por el procurador Alejandro Ordóñez.

La historia se resume así: en marzo de 2007, en Ciudad de México, Córdoba les pidió “a los gobiernos progresistas de América Latina” que rompieran relaciones diplomáticas con Colombia porque, según ella, el gobierno del presidente Álvaro Uribe había sido elegido por la mafia del narcotráfico y el paramilitarismo. Ante semejante audacia, seguramente Gutiérrez se interesó por ahondar en el tema de los viajes que hacía al exterior la exsenadora. En calidad de congresista, Gutiérrez le pidió información al Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) sobre las salidas y entradas al país de la controvertida política chocoana-antioqueña. La información sobre Córdoba, en efecto, llegó a manos de Gutiérrez, quien la semana pasada explicó que solicitó “oficialmente los documentos al DAS, primero legalmente y, en segundo lugar, dentro de las facultades y competencias que me daba el hecho de ser congresista de la República”.

¿Nancy Patricia Gutiérrez infringió la ley? Pidió una información para hacer un debate político en el Congreso dentro de la autonomía sagrada que reconoce la Carta a los parlamentarios para preparar sus debates. Y la pidió oficialmente, no a hurtadillas. Qué tal que los congresistas no pudieran investigar. Si eso fuera un delito, que no lo es, políticos de la talla de Gustavo Petro o Jorge Enrique Robledo estarían condenados a cadena perpetua por las documentadas e importantes denuncias que han hecho desde el Senado. Además, ¿qué de malo hacía la otrora congresista de Cambio Radical al tratar de recabar en lo que más adelante se confirmaría por parte de la Procuraduría acerca de la agenda de amigos clandestinos de ciertos políticos con el terrorismo?

Desafortunadamente para el futuro del país, la gente que aparece en el PC de Reyes tiene la ventaja de gozar de inmunidad definitiva en Colombia. Nadie por ejemplo quiso investigar el cuento de los 300.000 dólares de Monómeros Colombo Venezolanos. Y, como si esto fuera poco, en los próximos días se resolverá a favor de la exsenadora Córdoba la investigación previa que la CSJ adelanta en su contra luego de que el alto tribunal decidiera declarar “ilegales” todos los contenidos de los computadores de Raúl Reyes.

Señores parlamentarios: muchos aspectos de la Constitución de 1991 han muerto. Entre esos aspectos están las competencias y autonomía para preparar debates de control político, que han desaparecido. Es oportuno comentarlo ahora que se cumplen 20 años de la Constitución.

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