El 31 de octubre el gobierno de Iván Duque radicó una reforma tributaria que ayudará a los gastos del Estado por dos años más, en ese momento deberán entregar al Congreso de la República un nuevo proyecto de ley.
Un hueco fiscal de $14 billones precipitó el proyecto de ley de financiamiento, es decir, la reforma tributaria planteada por el gobierno a través del Ministerio de Hacienda. Creo firmemente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y entiendo los impuestos como una fuente de recursos natural en el sistema financiero del Estado, lo que no comparto es que se busquen recursos en los ingresos de los trabajadores, en los bolsillos de los colombianos y no en la recuperación de los recursos que se han ido con la corrupción, que son unos $20 billones anuales.
Colombia ocupa el puesto 96 entre 180 países en el triste ranking del índice de la percepción de la corrupción; hoy Iván Duque le está diciendo a los ciudadanos que confíen en él después de cuatro meses sin ninguna señal que las cosas están cambiando, la corrupción sigue en pie y, lo que es peor, le pide a quienes menos tienen que aporten a cubrir el desfinanciamiento del presupuesto general de la Nación aprobado de manera irresponsable por los partidos de coalición de gobierno.
HACIA ATRÁS
Salomón Kalmanovitz en su libro Las instituciones y el desarrollo económico en Colombia expone que el modelo ideal, en una democracia, es una comunidad que alcanza a generar excedentes y que en cambio de apropiarlos privadamente decide imponer tributos proporcionales a la riqueza de cada uno y, con ellos, organiza el Estado en seguridad, salud, educación, servicios públicos y genera obras para aumentar la riqueza de todos.
Sin embargo, por más que intenté analizar la mal llamada “ley de financiamiento” nunca logré ver la imposición de impuestos progresivos que nos expone Kalmanovitz, en cambio, lo que ví claramente fue la manera como Duque quiere seguir el modelo de Estados Unidos: bajar impuestos a los que más tienen para que ellos -supuestamente- reactiven la economía.
En Colombia difícilmente podría suceder eso, es un poco pretencioso pensar que en nuestro país todos quieren invertir y que los de menos recursos y la clase media aporten los recursos que eluden las grandes empresas.
Nunca entendí por qué esta reforma tributaria fue concebida de manera regresiva, por eso, desde que este proyecto de ley empezó su tránsito legislativo asistí a cada una de las citaciones en la Comisión Tercera, atendí juiciosamente las reuniones de las comisiones económicas del Congreso agendadas por el ministro Carrasquilla y le pedí que no gravará con IVA a la canasta familiar, le reiteré -como ya lo había hecho en sesiones plenarias previas al debate de la reforma tributaria- que le metiera la mano a los corruptos y no a los que tienen menos o a la clase media, a los trabajadores y contratistas independientes.
En la ponencia del proyecto de ley quedaron varias de las proposiciones que planteé durante este mes de trabajo, como estas, entre otras:
- Aplicar un impuesto al consumo sobre bebidas azucaradas que tendrá una tarifa del 19% sobre la primera venta y del 15% sobre las utilidades de ventas posteriores.
- Establece que cuando una sociedad pague o acredite a sus socios dividendos, participaciones sociales y otros beneficios asimilables a dividendos, el impuesto sobre el monto recibido será del 37%.
- Excluir del IVA los servicios relacionados con cultura, cine y espectáculos.
- Excluir a los contratistas del pago del IVA.
- Excluir del IVA los textos escolares, cuadernos, libros, lápices, colores, revistas y periódicos.
- Excluir del IVA a los vehículos y motocicletas eléctricos y paneles solares.
- Incluir el impuesto de remesa con una tarifa del 7%.
- Gravar el patrimonio líquido de personas naturales, cuando supere los $3.000 millones, con un gravamen del 10%.
Mi objetivo, con estas iniciativas, es que Colombia abandone el deshonroso primer lugar como el país más desigual del mundo; sin duda, en nuestro país tenemos la concentración de recursos más grandes en unos pocos y nos parece fantástico que esas empresas no aporten al país por medio de impuestos, basados en una supuesta generación de nuevas plazas de trabajo.
OJO CON LA ELUSIÓN Y LA EVASIÓN
Durante estos meses en la comisión legal de cuentas revisamos la situación contable de la DIAN y su director nos hizo una dura revelación “no puedo hacer nada con la evasión ni la elusión, tengo cuentas por el orden de $30 billones que ya no se pueden cobrar, por la obsolescencia de la entidad”.
¿Cómo podemos ser un país más igualitario si ni siquiera podemos fiscalizarnos entre nosotros?
¿Acaso el gobierno tomó el atajo de hacer una reforma tributaria sin contemplar la manera de recuperar lo que la corrupción roba o deja de pagar al Estado?
Un atajo que, según el gobierno nacional, tarda un mes de tránsito en el Congreso; creo que la petición del Presidente Duque al legislativo para estudiar y aprobar la reforma tributaria en solo treinta días era decirle, por debajo de la mesa, que la pupitriara y le certificara como notarios su iniciativa es honroso. Mala señal desde el gobierno, mala señal desde el Ministerio de Hacienda.
A pesar de eso, los partidos de oposición y de gobierno estudiamos cada iniciativa por más de un mes para entregarle un mejor proyecto ley al país sin que se pareciera tanto a Frankenstein. Un mes de análisis y debate para una reforma tributaria lo único que logra es apurar otra reforma en dos años.
Un análisis sostenido y minucioso fue lo que me permitió descubrir un gran mico en la reforma tributaria: limitar los descuentos del IVA al 90% aumentaría los precios al consumidor final hasta en 1,2%, lo denuncié a finales de noviembre y fue retirado inmediatamente.
Este camino en el Congreso llega hoy a plenaria de Cámara cuando se debate la ley de financiamiento, hemos presentado una ponencia alternativa para que no sean sacrificados los colombianos de clases medias y populares.
Como Robin Hood, ese legendario héroe medieval que robaba a los ricos para darle a los pobres, el presidente Duque es el protagonista de esta historia que escribirá la reforma tributaria solo que los héroes serán los pequeños y medianos empresarios, los trabajadores independientes, los tenderos, entre otros, que a fuerza de impuestos distribuirán sus modestos ingresos mientras que los bolsillos de las personas y empresas que más tienen no serán tocados.
LAS PERLAS
En realidad ¿la reforma tributaria recaudará de 7 a 9 billones de pesos? esa cifra no es clara. Varios economistas nacionales manifestaron su preocupación suscitada por las deducciones en los impuestos que están en el orden de $11,8 billones en beneficios tributarios a las grandes empresas, distribuidos así: $6,6 billones en descuento de IVA en bienes de capital; $2,3 billones de descuento del 50% del 4X1000 en empresa; $1,34 billones en descuento del 50% del ICA; $1,18 billones en reducción de impuesto a la renta del 30% y $0,21 billones a la eliminación gradual de la renta presuntiva.
Además de la precisión en las proyecciones del Gobierno, sería muy interesante conocer el análisis técnico de donde surgió la definición de economía naranja para escoger setenta sectores aleatorio lo cual es definitivo para el recaudo y la transparencia de supervisión de la DIAN. Le solicito al presidente Duque que realice un análisis de impacto de las graves consecuencias de estas exenciones.
Si la reforma tributaria pretende financiar programas que no tienen recursos entonces por qué plantea la creación de burocracia de entidades, en su artículo 105 dice: “créase en la Fiscalía General de la Nación, la Dirección especializada contra los delitos fiscales adscrito a la Delegada de finanzas criminales y estará conformada por 33 cargos”, llama la atención que en el mismo artículo 105 dice que todas las entidades del Estado deben restringir el crecimiento de los gastos de personal a que se refiere el artículo 92 de la ley 617 de 2000 exeptuando a la Defensoría del Pueblo, la Fiscalía General de la Nación, la JEP, la Contraloría General de la República, a la Procuraduría General de la Nación y a la Auditoría General de la República.
Además de violar la unidad de materia, no es clara la motivación para exceptuar de esta regla a las entidades mencionadas, incluyendo la JEP quien manifestó públicamente no solicitar el levantamiento de dicha restricción de gastos de personal para esta institución.
Tristemente con esta ley de financiamiento no va a disminuir la desigualdad, ni la concentración de la riqueza. Lo único cierto es que en dos años nos espera una nueva reforma tributaria.
