Hay que romperle el equilibrio al caos

15 de febrero del 2011

“El Patrimonio Ecológico de la Nación es la esencia de la Integridad Territorial, constituye parte de Soberanía Nacional, por eso su defensa corresponde a las Fuerzas Armadas y las normas de protección son de orden público.”

En Cartagena de Indias, la Ciénaga de Juan Polo ubicada al norte de La Boquilla corresponde junto con la colindante Ciénaga de la Virgen y las lagunas, caños, bahías y el mar Caribe, al ecosistema de litoral que sirve de soporte a la expansión urbanística de la ciudad.

Históricamente las zonas de bajamar, -bienes de uso público- son sometidas a un proceso multiestrato de relleno y ocupación ilícita de orillas y manglares. Así se configuró la ciudad con sus rellenadas avenida Venezuela y la populosa zona suroriental. Hoy violentando la legalidad la depredación  continua en la zona norte, aprovechándose del anillo vial que partió mediante piedraplenado y puentes la Ciénaga de la Virgen en dos y por la tolerancia de los entes competentes.

Como puede verse entre la Boquilla y Punta Hicaco donde se ubican ocupaciones en alto riesgo de Marlinda y Villagloria, el espacio corresponde a un playón inundable que permitía el intercambio mareal entre las aguas salobres de la ciénaga y las saladas del mar, básico para la productividad hidrobiológica de este gran cuerpo de agua, de 22 kilómetros cuadrados.

Entre finales de los 80 y hoy el panorama ha cambiado abruptamente: a punta de rellenos aproximadamente 700 viviendas se han asentado sobre el frágil ecosistema elevando las cotas e interviniendo el ecosistema con criaderos de sábalos que luego rellenan y venden como “lotes”. Es modalidad de colonización ofrecida como “diamantes por pulir” que hay que detener porque el territorio invadido es protegido y de alto riesgo.

Bajo la jurisdicción de la Dimar-Capitanía del Puerto las aguas, manglares y orillas no son baldíos sino bienes de uso público imprescriptibles, inembargables e intransferibles, lo que quiere decir que la posesión, de “mala fe”, tipifica los delitos de  urbanización ilegal y daño en los recursos naturales y el ambiente. No genera derechos sino obligaciones.

Entre la ciénaga por detrás y el mar Caribe por delante, año tras año, en el invierno o en mar de leva, ambos asentamientos sobreviven inundados y damnificados, siempre bajo amenaza. El alto riesgo es ineludible e impide definitivamente la legalización de las viviendas donde transcurre la vida, sin alcantarillado posible y con precarios servicios públicos.

Socializada la ocupación ilícita,  el delito sigue colonizando la ciénaga, siendo ignorado, tolerado o precluido. Típico de Cartagena, la fiscalía seccional institucionalizó un nuevo modo de adquirir: la preclusión. Al precluir o inhibirse en más de 97 denuncias por mí formuladas, el ejercicio del poder cambió de actor, en impunidad la depredación camina rápido y el transgresor se impone.

Esa conducta omisiva y complaciente dio rienda suelta a lo foráneos que compran a los pobres “escrituras de posesión”, sin permisos ni licencias de construcción, lotean en grande o levantan casas como las que pueden observarse.

Frente al desborde depredador de la Naturaleza y la institucionalidad, la respuesta es inocua. Los largos y engorrosos procedimientos policivos garantizan la permanencia en el lugar y dan ventaja a los invasores y sus abogangsters  entorpecedores de cualquier  recuperación por esa vía. Así, los daños se agravan, la informalidad crece, el delito se masifica y el riesgo aumenta. Lo que pasa en Cartagena se replica en toda la zona costera

La capitanía del Puerto tiene inventariado “poseedores” y  daños y se  sienta a esperar que las rebasadas administraciones, sin recurso ni respaldo efectivo de los entes nacionales reubiquen dignamente a los necesitados, pongan en la raya a los avivatos y contribuyan decididamente en la recuperación de lo perdido. Solo así  el ecosistema tendrá capacidad de resiliencia.

El delito es multiestrato y lo único que lo detiene es la reubicación y el ejercicio de soberanía por parte del Estado.

En el Acuerdo para la prosperidad de Medio Ambiente celebrado  en Cartagena el 27 de noviembre del 2010, insistí ante el presidente Santos en la necesidad de replantear la defensa de las zonas de bajamar, vitales para sobrevivencia de la biodiversidad y la captación de la mayor cantidad de agua en el cielo, el mar, los ríos y el suelo.

Las funciones de control y vigilancia ordenadas por la ley 99 de 1993 a las Fuerzas Armadas (art 103) no se cumplen y la inacción de Fiscalía y los entes ambientales que no aplican el régimen sancionatorio, hacen prácticamente nula la recuperación de lo invadido. El  delito social o desborde informal destroza la integridad del Territorio e incrementa las poblaciones en alto riesgo.

Es urgente convocar una conferencia decisoria de alto nivel, presidida por el presidente como Comandante en Jefe, con presencia de las Altas Cortes, órganos de Control, Fuerzas Armadas, Dimar,  Fiscalía,  entes ambientales, ministerios, Incoder, autoridades distritales y municipales, notarios, etc, donde con voluntad política generemos una ruptura con la connivencia o tolerancia frente al delito socializado de apoderarse sin consecuencias de los bienes de uso público.

Es necesario para romperle el equilibrio al caos o se perderá el ecosistema.

Por lo pronto estas poblaciones que sufren con los aguaceros, los mares de leva, o el crecimiento del nivel de la ciénaga dentro de la cual mal viven,  deben ser urgentemente reubicadas con el apoyo del gobierno nacional. Son bienes de uso público del orden nacional, zona costera bajo la jurisdicción de la Dimar, la responsabilidad es del Estado Nacional no solo del Distrito.

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