Hipocresía y avales

Todos se rasgan las vestiduras: los directores y miembros de los partidos, los periodistas, gente del común, líderes de opinión y espontáneos de ocasión. A la mayoría les parece que es inaceptable que se le otorgue un aval a un ciudadano que aspira a un cargo de elección popular, si sobre él recae la más mínima sombra duda. No importa que los respectivos certificados de antecedentes penales, disciplinarios y fiscales den cuenta de la ausencia de inhabilidades del mentado sujeto. ¿Para que detenerse en lo que dice la ley, si nuestra sociedad ha tipificado por cuenta de un “divino poder” otras formas de “control social” que, en algunos casos, resultan más contundentes que la norma? Los delitos de “conocencia” y de “sangre”, sin estar contemplados en el Código Penal, tienen la entidad requerida para acabar con la carrera y la honra de quien sea. Nada es tan antidemocrático como anteponer las creencias y juicios personales a la realidad jurídica. Ahora resulta que la concepción particular que tiene cada quien, de sus congéneres y de la vida en general, elimina de tajo preceptos constitucionales fundamentales, como el debido proceso y la presunción de inocencia. La humanidad ha derramado mucha sangre para lograr la conquista de dichos derechos: desde las ordalías hasta nuestros días, se cuentan millones de vidas que fueron cegadas por la tiranía moral que aplicaba “justicia”, ahora encarnada en un puñado de individuos que se creen dueños de la verdad revelada. ¡No, señor! No está bien que se discrimine a nadie por ser de un grupo político determinado, ni por ser familiar de un excondenado y mucho menos porque haya chismes en la calle que le impidan, en la ritualidad de un proceso, ser vencido en juicio. Gran daño le prodigan a la institucionalidad aquellos que representan al Estado, y pretenden desconocer las formas establecidas por la ley. Es fatal el abandono del cause normativo, pues, sin darnos cuenta, nos adentramos a las oscuras aguas del atropello y la bellaquería. Para que estemos claros: la mayoría de candidatos representa intereses particulares y de grupos de poder (hay contadas y honrosas excepciones que enaltecen nuestra maltrecha política); pero, aun así, incluso aquellos que en apariencia van por el botín de la contratación y los puestos, mientras cumplan los requisitos constitucionales y no pesen sobre ellos inhabilidades legales, tienen todo el derecho del mundo de aspirar a lo que les dé la gana, y, en consecuencia, resulta injustificado negarles un aval, máxime cuando han militado históricamente en el mismo grupo político. La inoperancia del aparato judicial, en cuanto a la persecución y judicialización del bandidaje de cuello blanco, o de las mal llamadas “empresas electorales” no puede ser la excusa para atravesarse a las legítimas aspiraciones de una persona. A mí, en lo personal, me parecen despreciables varios candidatos postulados para las elecciones de octubre, y, sin embargo, creo firmemente que sus garantías constitucionales deben ser protegidas como el mejor de los tesoros. Eso sí: si quien está cuestionado por alguna razón, a la postre, le mete mano a la plata pública, que la ley sea un martillo inmisericorde. Confundir el derecho con la moral trae consigo equivocaciones como las aquí descritas. Que la gente sea procesada o señalada por lo que piensa su juzgador o cualquier otra persona, y no por lo que dice el texto legal, es un horror que ha conducido a un sinnúmero de atrocidades desde el principio de los días. Las sentencias de los ciudadanos no pueden estar por encima de los veredictos de los jueces. La ñapa: Mi respeto y apoyo total, para las parejas del mismo sexo. Ha triunfado la legalidad y la igualdad: el fallo de la Corte Suprema de los Estados Unidos, sobre el matrimonio igualitario, es histórico y nos acerca a un mundo mejor. ¡Ojalá nuestra Corte Constitucional se pronuncie pronto en el mismo sentido! abdelaespriella@lawyersenterprise.com