El dinero viaja a donde obtenga rentabilidad y donde, asumiendo riesgos, no se sienta tan inseguro.
En el caso de lo rural, atraer la inversión privada al agro es un desafío monumental porque, al igual que muchos negocios, existen factores que no se controlan como la globalización, el cambio climático, la volatilidad de la tasa de cambio y el mercado pero en Colombia se le suman otros: la falta de control territorial por las autoridades, el contrabando, los problemas fitosanitarios, la ausencia estatal, la baja productividad, la costosa intermediación comercial y la informalidad rural. Por eso, invertir en el campo es una proeza que el Estado debe facilitar para que el dinero fluya en la ruralidad.
Y una de las formas de hacerlo es otorgando seguridad jurídica a la propiedad rural. La informalidad de la tierra genera inseguridad jurídica y aleja la inversión.
Por lo mismo preocupa – y mucho - que la meta de la Agencia Nacional de Tierras –ANT- en el 2019 sea, para efectos de impacto, prácticamente nula: formalizar 8.400 hectáreas cuando en el país hay, según datos de la UPRA, 2 millones de predios informales. 8.400 hectáreas son 8 pequeñas fincas en el Vichada. Santos formalizó 1 millón 572 mil hectáreas y Uribe en su segundo período un millón 927 mil.
Pero más que formalizar, el punto es ordenar el territorio en sus distintas dimensiones: jurídico, social, productivo, ambiental, económico, fiscal y el mejor instrumento para ello es el Catastro Multipropósito.
Por su parte, la ANT debe buscar fuentes de financiación alternativas para el ordenamiento social y productivo del territorio e impulsar la formalización con, por ejemplo: aumentar el incentivo fiscal en el impuesto predial si el propietario formaliza el predio; o estatuir la tasa por servicio a empresas mineras o de hidrocarburos por formalizar predios para constituir servidumbres; buscar cooperación Internacional y utilizar las Regalías y el Ocad. Igualmente ajustar la norma para que la figura de Obras por Impuestos sirva para estos propósitos.
Otro asunto es la disminución de la productividad agrícola. Somos poco rentables y cada vez importamos más alimentos. En el 2018 el DANE reveló que la importación de productos agropecuarios, alimentos y bebidas se incrementó un 10.5% respecto al 2017. Por su parte, la productividad del café, arroz, maíz, yuca, leche y carne está disminuyendo.
Mejorar la productividad es un reto inaplazable y para ello la innovación, la tecnología, el extensionismo agropecuario y los subsidios condicionados son fundamentales. En un mundo que está transitando de la globalización a lo digital es imprescindible procurar una Institucionalidad con tecnología para lograr i) procesos ágiles, automatizados, simples y transparentes, ii) impulsar los mercados y iii) la comercialización agrícola.
También es conveniente promover el modelo de infraestructura vial de Antioquia: Vías terciarias por autogestión con un costo entre el 30% y el 40% menos. Igualmente es necesario promover, en el marco de la economía naranja rural, concursos de tecnologías que diseñen plataformas (app) que permitan a productores encontrarse e interactuar con el consumidor final y así dinamizar el intercambio comercial y evitar tanta intermediación para que, entonces, dando seguridad y productividad el dinero comience a mudarse a la ruralidad colombiana.
@enriqueha
