En los últimos días ha estado alborotado el cotarro político por cuenta de la controversia que se ha suscitado a raíz de la presentación al Congreso de la República de un proyecto de acto legislativo que se propone reformar el artículo 262 de la Constitución Política dizque para unificar los períodos del Presidente de la República con el de los congresistas, los gobernadores, los alcaldes, así como con el de las asambleas y concejos. Pero ese es sólo el señuelo, porque el objetivo de fondo no es otro distinto que el de la ampliación de los periodos a los actuales mandatarios seccionales.
Las razones que se aducen y sustentan para esta propuesta son varias, las que se podrían sintetizar en el pronunciamiento conjunto de los gremios que representan a la parte interesada: “mejoraría la coordinación y articulación en la planeación económica entre las entidades territoriales y el Gobierno Nacional”. Todas ellas loables e incontrovertibles, pues es una verdad de apuño que gobernadores y alcaldes ven interferida e interrumpida su gestión por espacio de un año de los cuatro años de su mandato por cuenta de la entrada en vigencia de la Ley de garantías en vísperas de las elecciones programados. También es cierto que debido al traslapamiento de los periodos de unos y otros existe una disfuncionalidad entre los planes de desarrollo de los departamentos, municipios y distritos con respecto al Plan Nacional de Desarrollo.
Pero para ponerle correctivo a estos entuertos, de los que se sirven los impulsores de este proyecto como cortina de humo, no se requiere extenderle el período para el que fueron elegidos los gobernadores y alcaldes. La razón de ser de la Ley de garantías fue el cambio del “articulito” que permitió la reelección presidencial inmediata. Luego que la Corte Constitucional restableciera la prohibición absoluta de la reelección presidencial lo que procede es su derogatoria, sin necesidad de seguir manoseando la Constitución Política.
En cuanto al necesario acoplamiento de los planes de desarrollo y de inversión de las entidades territoriales con los del gobierno Nacional, lo que hace falta es un nuevo arreglo institucional que permita no solo la articulación y la coherencia entre los distintos planes, para lo cual está llamado a cumplir un papel de la mayor importancia el Consejo Nacional de Planeación, del cual hacen parte los departamentos, los municipios y los distritos. Esta es la instancia más importante de concertación entre los distintos niveles de gobierno para tales propósitos. Lo que hace falta, entonces, es que la Ley se cumpla y no caer en el garlito del fetichismo normativo de creer que todos los problemas se resuelven con sólo cambiar la Ley o la Constitución.
Más que a la unificación de los períodos a lo que se le teme es a las consecuencias que se seguirían al amarrar las elecciones del orden nacional con las territoriales. Si, Dios no lo quiera, se llegaran a unificar los períodos, tal y como se esta proponiendo, el efecto práctico de ello sería que la elección presidencial opacaría el proceso de elección de alcaldes y gobernadores, como algo accesorio que seguiría la suerte de lo principal. Como bien lo dice el jurista, catedrático y ex constituyente Gustavo Zafra, “se separaron las elecciones para fortalecer a las autoridades locales y que no fuera un premio seco de las elecciones presidenciales”, que sería el premio mayor. Lo que está en juego no es un asunto de poca monta, como lo dice el profesor zafra “no es sólo de calendario, es de equilibrio democrático”. Este sería un golpe de mano el que se le daría a la democracia.
Es mejor que, como lo dijo el ex ministro de Estado Alfonso Gómez Méndez, “dejen los santos quietos”, pues con esta iniciativa no se ha hecho más que abrir la caja de pandora. Ya salió a decir el ex presidente y hoy Senador de la República Álvaro Uribe que para su gusto es “mejor reelección inmediata de alcaldes y gobernadores que prórroga de períodos”. Por su parte el Presidente del Senado de la República Ernesto Macías, tratando de pescar en río revuelto twitteó “períodos de gobierno en Colombia de cinco años. Y, para unificarlos, correr elecciones presidenciales un año”. Afortunadamente tanto el Presidente Duque como la Vicepresidenta Martha Lucía Ramírez “cualquier alteración en los períodos de gobiernos actuales (¡sic!), lesionan la institucionalidad y desconocen los términos del mandato democrático”. Como quien dice, afana más el velón que los dueños de la olla!
Huelga decir que ni los tiempos ayudan a los promotores del proyecto de marras, pues al tratarse de una reforma constitucional deberá surtir un trámite bien dispendioso, ya que deberá superar para su trámite y aprobación ocho debates y dos vueltas, las que deben cumplirse en dos períodos legislativos distintos. Haciendo cuentas, en el escenario más optimista, su aprobación se daría a boca de urna de las elecciones venideras de alcaldes y gobernadores.
