La elección de alcaldes locales: un revolcón innecesario

Un revolcón y un caos institucional en Bogotá. Es lo que pueden provocar los Representantes a la Cámara Clara Rojas y Juan Carlos Lozada con la elección popular de alcaldes locales. El Proyecto de Acto Legislativo que trae este despropósito y que ya fue aprobado en el primero de ocho debates, es casi una copia de uno mismo presentado y archivado en el año 2005 por el entonces Representante y hoy Concejal Venus Albeiro Silva. El de ahora, como lo pretendía el de aquel entonces, le mete la mano puntualmente al hoy vigente Estatuto Orgánico de Bogotá, modificando el artículo 343 de la Constitución Política Nacional para introducir sin mayor rigor jurídico, político y conceptual este esperpento. Alegan los autores del proyecto de marras que elegir popularmente los 20 Alcaldes Locales de la Capital es un paso necesario e inevitable en la descentralización de la ciudad. Argumentan que el tamaño poblacional de localidades como Kennedy o Suba, mayor que ciudades como Armenia o Ibagué, amerita que demos ese paso. Alegan que la designación de los Alcaldes Locales por parte del Alcalde Mayor de una terna enviada por las Juntas Administradoras Locales como ocurre hoy, es la causa del bajo conocimiento que tienen los ciudadanos de sus autoridades locales y de las instituciones públicas Distritales. Y concluyen que la gobernabilidad mejorará si la gente se siente partícipe en la elección de su gobernante local y que se sentirá mas cerca del Estado si ejerce su derecho a elegir todas sus autoridades. Quizás no les falte razón. Que situados fuera de contexto estos planteamientos pueden ser considerados acertados. El problema radica en que la propuesta resulta una respuesta a problemas que demandan otras soluciones, desconoce la historia de la ciudad e ignora el modelo descentralizador que ha venido madurando progresivamente. Pero quizás lo más grave es que, si es aprobada, la elección popular de los Alcaldes Locales equivale a crear por decreto 20 ciudades en el perímetro de la Bogotá de hoy, dotada cada una en virtud del voto programático de un programa de gobierno y un Plan de Desarrollo distintos el uno del otro y en una permanente colisión como resultado de las decisiones cotidianas de gobierno de cada localidad. Imaginemos solo el caos por decisiones como el pico y placa entre una localidad y otra, para hablar solo de un puntual asunto de movilidad. O las tensiones por decisiones como la hora zanahoria o la rumba extendida para mencionar solo una de las medidas en materia de seguridad. La historia es elocuente para entender las condiciones que la ciudad ha construido para asegurar su gobernabilidad. La complejidad de los asuntos públicos en materia de proyectos de infraestructura, prestación de los servicios públicos y atención a las crecientes demandas sociales y ciudadanas en materia de movilidad, seguridad y medio ambiente obligaron decisiones en sentidos inversos. Desde 1954 se anexaron antiguos municipios como Bosa, Engativá, Suba y Usaquén para convertirlos en localidades de la ciudad precisamente para que su integración institucional a la metrópolis se correspondiera con su integración socio espacial y para optimizar los ingresos tributarios y las inversiones públicas. Luego para asegurar su unidad territorial, su jerarquía institucional como Distrito Capital y su gobernabilidad se instituyó un modelo descentralizador que convirtió la Capital en territorio "dividido" en 20 localidades que como unidades político/administrativas tendrían unos Fondos de Desarrollo Local alimentados por recursos transferidos por el Distrito para satisfacer necesidades locales y complementarias a las atendidas por el nivel central de la administración pública, sus Juntas Administradoras Locales elegidas popularmente para asegurar un escenario de democracia local y unos Alcaldes designados por el Alcalde Mayor que preserva la unidad gubernativa. Más recientemente se incorporan mecanismos de participación y control social y ciudadanos que resultan complementarios a las instancias locales de la Personería y Contraloría Distrital. Esta unidad territorial es la que resultaría despedazada con la iniciativa en cuestión. Porque es cierto que Kennedy es mas grande que Santa Marta. O que Bosa es mas grande que Armenia. Pero es bien cierto que ambas ciudades no comparten un territorio que los obligue a gobernar sus asuntos de manera compartida y jerarquizada. La elección de Alcaldes Locales supone convertir cada localidad en un ente territorial autónomo que debe dotarse de sus propios impuestos y autoridades tributarias, de su propia estructura administrativa y de sus propios organismos de policía. Seria multiplicar por 20 los problemas que hoy tenemos con Soacha y Chía o devolvernos institucionalmente 60 años. Cuando lo urgente es construir procedimientos meritocraticos para encontrar buenos gerentes como Alcaldes Locales. Quizás necesitamos una reforma al Estatuto Orgánico de Bogotá. Revisar el numero y los criterios técnicos en la definición de las localidades, precisar su naturaleza jurídica y las competencias de sus Alcaldes, mejorar el uso de sus recursos locales y acercar el ciudadano a los asuntos públicos locales, obliga a unos ajustes a toda la arquitectura institucional de la ciudad. Como también es urgente diseñar los dispositivos que mejoren la gestión de la ciudad en relación con su entorno metropolitano compuesto por 19 municipios vecinos. Pero esa tarea hay que hacerla completa y rigurosamente. No a pedazos y atropelladamente como lo pretenden Rojas y Lozada.