El departamento del Huila fue uno de los más afectados por las acciones violentas de las FARC. Y hubo un momento en que toda su clase política estuvo secuestrada por ese grupo guerrillero.
Hoy, en plenas fiestas sampedrinas, se viven dos situaciones para gozo de unos y asombro y rechazo de otros: las FARC son protagonistas de los festejos con un grupo musical y hasta comparsa en los desfiles folclóricos, tras un escándalo que no pasó a mayores: los viáticos del grupo “artístico” –hallado por las autoridades- era de 10 mil dólares y 20 millones de pesos colombianos.
Mientras los huilenses analizan con recelo estos temas, aunque sin rechazo contundente, se produce una decisión también relacionada con los padecimientos vividos. La nación debe indemnizar a la excongresista Consuelo González de Perdomo, una de las secuestradas. Y obviamente esa plata saldrá del bolsillo de todos los colombianos. Cuando es condenada “la nación”, lo somos todos con los impuestos.
La decisión y la historia del secuestro
El periodista Ricardo Areiza, galardonado varias veces con el premio regional Reinaldo Matíz y uno de los más curtidos investigadores, relata en el periódico La Nación sobre estos episodios:
-Tres meses después de haber sido secuestrada, la Policía le respondió la solicitud de protección que había elevado la congresista huilense Consuelo González de Perdomo advirtiéndole que no corría ningún riesgo.
Como un cruel despropósito, la notificación le llegó a su oficina en el edificio del Congreso cuando ella estaba en poder de las Farc en las selvas del Caquetá.
Por esta grave omisión, el Ministerio de Defensa y la Policía Nacional tendrán que pagarle una millonaria indemnización, pero además, deberá presentar disculpas públicas, como componente de reparación simbólica.
La dirigente liberal sólo demandó por los perjuicios morales que le provocó el plagio registrado hace 15 años cuando viajaba a cumplir con su labor legislativa en el Congreso. Además, sólo demandó a la Policía y al DAS, las dos entidades que le negaron la protección.
Las dos entidades tendrán que pagarle a título de restablecimiento del derecho por los perjuicios morales el equivalente a 1.530 salarios mínimos mensuales (unos 1.200 millones de pesos aproximadamente). El monto es inferior al pretendido que ascendía a 4.500 millones de pesos aproximadamente.
La primera condena, vienen otras
La condena es la primera que se produce por los secuestros de dirigentes políticos tras el fracaso de los diálogos de paz en la antigua zona de distensión.
Otras tres demandas instauradas por el senador Jorge Eduardo Géchem, Orlando Beltrán y Gloria Polanco, sus hijos Jaime Felipe (actual congresista) y Juan Sebastián Lozada ascienden a 27.805 millones de pesos. (Ver recuadro).
El secuestro
La dirigente laboyana cayó en poder de la guerrilla horas antes del atentado terrorista a las Torres Gemelas en el World Trade Center en el corazón de Nueva York (Estados Unidos). Ese hecho opacó el plagio perpetrado por un comando de la columna Teófilo Forero que la interceptó en el puente ‘La Angostura’ sobre el río Neiva, entre los municipios de Hobo y Campoalegre.
La política liberal viajaba en un campero, con placas CSO-251 conducido por Ramón Tarcisio Luna Losada, liberado sano y salvo al día siguiente.
El comando subversivo la interceptó a las 6:30 de la tarde. Los siete hombres armados a bordo de un Jeep Willys J6 carpado, la obligaron a transitar por la carretera en dirección a Campoalegre pero con rumbo a la Inspección de Otás. Cruzaron raudos la vereda Chía, Las Torres y El Paraíso, donde fue recibida por Humberto Valbuena Morales (‘Yerbas’) quien la transportó en su camioneta hasta “La División” (Algeciras).
En este lugar, en límites con Caquetá, fue entregada a Édgar Gustavo Navarro Morales (‘El Mocho’), segundo comandante de la columna Teófilo Forero, quien había ordenado el plagio.
Los otros secuestrados
La dirigente liberal fue la cuarta secuestrada siguiendo la orden que había impartido el ‘Mono Jojoy’ el 28 de junio de 2001para presionar un canje de políticos por guerrilleros presos.
El primero fue el senador nariñense Luis Eladio Pérez, plagiado el 10 de julio de 2001. Le siguió el gobernador del Meta, Alan Jara (15 de julio de 2001), y luego el representante huilense Orlando Beltrán Cuéllar (28 de agosto de 2001).
La legisladora fue concejal en Pitalito, su tierra natal y luego diputada. Se desempeñó como Secretaria de Educación y en 1994 alcanzó una curul en la Cámara de Representantes. En 1998 fue reelecta con la segunda votación más alta del departamento y la primera de su partido.
Tras permanecer seis años y cuatro meses en cautiverio el 10 de enero de 2008 fue liberada con Clara Rojas en las selvas del Guaviare por mediación del presidente venezolano Hugo Chávez y de la senadora Piedad Córdoba. Luego fueron trasladadas hasta Caracas.
Sin protección
Cuando la secuestraron no tenía esquema de protección, según la Policía porque no tenía alto riesgo.
El 2 de marzo de 1998, antes de las elecciones parlamentarias, su sede política fue objeto de un atentado terrorista.
Durante la campaña electoral la señora González de Perdomo contaba con escoltas del DAS para su protección: El esquema de seguridad fue desmontado una vez fue elegida el 8 de marzo de 1998.
“Como congresista, en varias ocasiones solicité a la Secretaría de la Cámara de Representantes y a la Dirección de la Policía Nacional que me realizaran los estudios de seguridad para fortalecer mi protección. Solo recibí una nota informando que mi riesgo era bajo. Por eso seguí insistiendo, sin ninguna respuesta”, relató la congresista.
Las últimas peticiones fueron elevadas el 19 de marzo de 1999 y el 4 de agosto de 2000. La respuesta emitida a esta última petición (oficio 1596) le llegó un mes después el 19 de septiembre, un año antes del secuestro. Curiosamente, el estudio indicaba que su nivel de riesgo era medio bajo y que no existía ningún tipo de amenaza o hechos que pudieran afectar su seguridad personal.
Dos meses antes del plagio, el 18 de julio de 2001, reiteró la solicitud, ante las amenazas que había realizado ‘El Mono Jojoy’, el jefe militar de las Farc. Tampoco tuvo respuesta oportuna.
Cinco semanas después, el 10 de septiembre del año 2001, fue secuestrada cuando viajaba a Neiva para tomar un vuelo hacia Bogotá. Sorpresivamente la respuesta a su última solicitud le llegó a su oficina, cuatro meses después, el 12 de diciembre de 2001 cuando ella se encontraba en cautiverio. Lo lamentable: La Dirección de Servicios Especializados de la Policía Nacional le respondió su petición indicándole que estaban atentos a la coordinación de su seguridad personal con dicha institución que nunca le prestaron pese a su investidura.
Culpa de la víctima
Insólitamente la misma Policía alegó culpa exclusiva de la víctima. Argumentó que en diversas oportunidades se le recomendó que antes de iniciar un viaje informara al coordinador de seguridad el itinerario de su viaje con el fin de implementar las medidas de seguridad necesarias para garantizar su integridad.
Además, confirmó que la Policía realizó el estudio de seguridad solicitado, pero en su momento el riesgo fue calificado como medio-bajo porque no existía ninguna amenaza que afectara la seguridad de la dirigente política. “La petición llegó en forma tardía”, justificó la institución.
En su criterio, la congresista descuidó su seguridad al no informar sobre sus movimientos. “Nunca informó a ninguna autoridad ni nacional, ni departamental, ni municipal, ni al Comando de Policía del Huila, sobre sus desplazamientos” ratificó la institución.
La Procuraduría resaltó la obligación de protección que tenían las autoridades para ofrecerle protección a la dirigente política quien sufrió las secuelas de la guerra por evidentes omisiones por parte de las entidades demandadas”.
“Este acto se pudo evitar si las fuerzas militares en conjunto hubiesen brindado la protección especial de la que debe gozar un representante a la Cámara como la accionante”, aseguró el representante del Ministerio Público.
Grave omisión
El Tribunal Administrativo del Huila aseguró que hubo una clara omisión al negarle la seguridad y la protección requerida. “En lugar de prevenir el accionar de los grupos armados ilegales y la práctica de secuestros que para esa época eran constantes, el Estado se limitaba a constatar su ocurrencia y planear su posterior rescate arriesgando la vida e integridad de los secuestrados”, afirmó el magistrado Enrique Dussán Cabrera, quien instruyó el proceso en calidad de ponente.
“En lugar de brindar la protección que evidentemente requería la congresista, la Policía Nacional le entregó una “Guía Práctica para su seguridad y la de su familia”, precisó.
En su criterio, “el secuestro padecido por la señora González de Perdomo, es un daño que no estaba en la obligación de soportar”.
“No puede el Estado justificar su omisión en el presunto incumplimiento por parte de la víctima de una recomendación o en la presunta inexistencia de una amenaza directa en su contra-aclaró-, ello sería tanto como invertir las obligaciones del Estado y trasladarlas a una ciudadana que por su investidura y por el alto riesgo que para la época significaba desempeñar este cargo, era sujeto de especial protección.
En estas condiciones, la corporación judicial determinó la responsabilidad extracontractual del Estado y condenó a las dos entidades a pagarle los daños morales, ocasionados a la congresista, a sus dos hijas, a sus dos hermanos, a su progenitora y a esposo, ambos fallecidos.
La indemnización económica reconocida a María Inés Claros de González (madre) y Jairo Perdomo Muñoz (esposo) por concepto de perjuicio moral y daño a la salud, será integrada la masa sucesoral de los causantes.
Reparación simbólica
Acorde con los principios de justicia restaurativa, los magistrados, ordenaron otras medidas de reparación simbólica.
En primer lugar ordenó la publicación en su integridad la sentencia y medidas de rehabilitación sicológica.
Una vez la sentencia quede en firme remitirá copia de la providencia a la Secretaria Ejecutiva de la Jurisdicción Especial para la Paz para que disponga lo pertinente en cuanto a la apertura de nuevas investigaciones por este caso.
El Ministerio de Defensa Nacional y del Director General de la Policía Nacional, previo consentimiento de la víctima realizarán un acto público de disculpas dentro del mes siguiente a la fecha de ejecutoria de la sentencia, en la ciudad de Neiva (Huila) en la Plaza de Banderas de la Gobernación del Huila, con la presencia de la señora Consuelo González de Perdomo, sus familiares y de la comunidad en General, el cual debe ser difundido por las páginas web de las entidades.
La ex congresista, actual funcionaria de la Cámara de Representantes, afirmó que sólo se pronunciará una vez le sea notificada la providencia.
Muertos o condenados
El jefe subversivo Édgar Navarro Morales (‘El Mocho’), quien ordenó el plagio cayó en un en un gigantesco operativo el domingo 19 de octubre de 2003 en San Vicente del Caguán. Otros once guerrilleros perdieron la vida y tres más fueron capturados.
Humberto Valbuena Morales fue abatido el 23 de noviembre de 2004 en la vereda Los Ángeles cuando se desplazaba por la carretera Neiva- Balsillas -San Vicente (Caquetá).
Los secuestradores fueron capturados y condenados en primera y segunda instancia de 30 años de prisión. La Corte Suprema de Justicia confirmó la mayoría de las sanciones.
