Hace más de dos años el gobierno del entonces Presidente de la República, Álvaro Uribe Vélez, tuvo la iniciativa legislativa en materia de reparación para las víctimas de la violencia en Colombia. Uno de los puntos objeto del rechazo del proyecto en ese momento, era el atinente a la reparación a las víctimas de agentes Estado colombiano, por la vía administrativa, es decir, dejando por fuera la posibilidad legítima de un resarcimiento por la vía administrativa, sencillamente permitiendo que ese vacío legal, para ese proyecto, le dejara aun abierta la puerta a la impunidad.

Si nos remontamos a las normas actualmente vigentes, sobre “reparación” de víctimas, necesariamente tenemos que meter el dedo en la yaga y decir que por ejemplo la Ley 975 de 2005 y el Decreto 1290 de 2008, (por citar las más conocidas), son normas que tienen un marco conceptual excluyente en materia de víctimas, con lo cual no cumplen con el mandato de rango constitucional contenido en el artículo 29 de la Carta Política. En las precitadas normas basta hacer un análisis somero de las mismas, para ver la cantidad de beneficios otorgados a los victimarios, las garantías ofrecidas a ellos y la celeridad en el cumplimiento de las mismas, dejando en un segundo plano los derechos fundamentales (verdad, justicia y reparación, entre otros), de quienes hemos sufrido los embates de la cruenta guerra de esta nación. Inmediatamente surge una duda enorme: ¿es esto un ordenamiento jurídico encaminado al reconocimiento de los derechos mínimos de las víctimas; se ve reflejada en el la intención de una justicia restaurativa; es digno para la gente que ha quedado afectada psicológica, familiar, financiera y emocionalmente y que ha sufrido un menoscabo en su integridad personal? la respuesta es obvia.

Las víctimas del narcotráfico por años han sufrido la indolencia y la indiferencia del Estado colombiano -viendo ver pasar sus casos teñidos de impunidad y con la impotencia de saber que no hay una acción legal encaminada a buscar su reparación- cómo el tiempo es el único aliado de su dolor y a la vez su verdugo, pues mientras más pasa, más se acerca a los términos de prescripción de una debilitada acción penal, frente al poder de los narcos.

El proyecto contempla un pilar importante y que “en teoría” incluye a las víctimas del narcotráfico, al hablar del principio de “igualdad”, expresando que Los beneficios contemplados la ley serán reconocidos sin distinción de sexo, raza, la condición social, la profesión, el origen nacional o familiar, la lengua, el credo religioso, la opinión política o filosófica, ni mucho menos el victimario que causó el daño a ser reparado. Esperamos con ansiedad que esto se cumpla, porque hemos tenido que acudir a instancias internacionales, ajenas a la administración de justicia nacional, para solicitar la materialización de los derechos que nos han sido conculcados por los narcotraficantes y por el propio Estado, ora por acción, ora por omisión.

En segundo debate de la Cámara de Representantes, fue aprobado el proyecto de la “Ley de víctimas” en donde esperábamos que el país cumpliera con los presupuestos propios de un Estado de Derecho; es decir, que sea dirigida a las víctimas no a los victimarios, que no sea excluyente de las victimas del narcotráfico, que sea justa y sobre todo que tenga un campo de aplicación en una temporalidad racional. Esto para el menoscabo de los derechos de las víctimas no fue así, pues en la votación de esta corporación, se resolvió que la futura Ley debe reconocer a las Víctimas a partir de 1991, para ser reparadas. Esto no es más que otra demostración de la falta de criterio jurídico del legislativo, indiferencia y una contradicción al interior del ejecutivo, que sencillamente redunda en más impunidad.

El Presidente Santos, había dado su aval frente al reconocimiento de víctimas a partir de 1985, pero de manera contradictoria su Ministro del Interior y de Justicia, convenció a los congresistas de que este reconocimiento debería hacerse a partir de 1991, dejando por fuera a las víctimas de la década de los 80, en donde vivimos persecuciones políticas, genocidios, crímenes de Estado, la iniciación del paramilitarismo y toda clase de vejámenes en contra de los Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario.

Esta decisión que esta revestida de inconstitucionalidad, por desconocer los derechos fundamentales consagrados en la Carta Política, nuevamente deja ver la falta de seriedad y de criterio legal y jurídico de nuestro Congreso, que encuentra asidero en el “homenaje” que le quiere hacer la cartera del Interior a la constitución de 1991, pero yendo en contra de los presupuestos consagrados en la misma. Esto carece a todas luces de cualquier argumento jurídico, motivo por el cual en el Senado y haciendo uso de las herramientas legales y constitucionales que nos asisten, daremos la pelea por una Ley de Víctimas seria y juiciosa.

¿Creen que es justo que crímenes de lesa humanidad, violatorios de los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario, provenientes del narco terrorismo, estén desprovistos de una legislación propia? Esto no es digno para un país que ha sufrido en tal magnitud los embates de este horrendo crimen.

Reflexionen: Seguimos dejando que opere la confección amañada de normas que propenden por intereses políticos, y que buscan beneficiar a los victimarios y excluyen al narcotráfico, o exigimos de la ley de víctimas que sea punto final a esto, e incluya a quienes tenemos tanto derecho como cualquier otra víctima del conflicto armado de nuestro país y en general de la violencia colombiana.