Las inexplicables sentencias de la Corte Constitucional y el Consejo de Estado han sido muy mal recibidas por la opinión pública, la prensa y la clase política. Fallos complejos y discutidos existen en todas las democracias. Pero en estos casos se trata de providencias sobre temas bastante sencillos.
Para cualquier ciudadano es evidente que hay acciones que son reprochables y que no pueden ser justificadas. La idea de que es posible reclutar menores por grupos terroristas y utilizarlos como esclavos sexuales es algo que ningún parámetro moral puede aceptar.
Que los miembros de las FARC que incurrieron en este tipo de conductas puedan invocar cualquier tipo de justificación y excusarse en la lucha armada política es algo que la ciudadanía, la prensa y el derecho internacional humanitario rechazan con claridad.
Que la Corte Constitucional haya permitido que estos actos sean juzgados por la Jurisdicción Especial para la Paz donde recibirán impunidad, produce un revuelo normal. Que además la Corte haya, para producir este fallo, modificado su criterio de que los derechos de los menores deben tener especial protección, confirma que se trata de una sentencia que riñe con el orden jurídico, ético y moral.
El Consejo de Estado ha sido consistente en su empeño por condenar a la Nación por los hechos terroristas cometidos por terceros. Es como si el Estado todo lo pudiese, incluso prevenir actos terroristas que son por naturaleza imposibles de anticipar.
Los jueces, en una decisión ilógica e insostenible, obligan a los ciudadanos inocentes a asumir, mediante el dinero de sus impuestos, los daños generados por los guerrilleros. Mientras tanto los autores de los ataques se placen en el Congreso y fungen como “padres de la patria”. Para la ciudadanía el absurdo no puede ser más evidente y con mucha razón hay indignación.
La justicia es un concepto complejo. Pero la aplicación de la ley no debe perder de vista la moral y la ética que impera en un momento histórico. La moral son el conjunto de valores que son compartidos por un conjunto social. La ética son los valores que, de forma individual, cada uno respeta. Ética y moral evolucionan en el tiempo y en muchas ocasiones, la ley queda rezagada. Esto obliga a que el legislativo expida normas que consulten la evolución de los valores. Pero lo que resulta inaceptable en una democracia es que quienes interpretan la ley vayan delante de la moral y la ética imperantes.
Los jueces no son legisladores y no pueden adueñarse el papel de ir más allá de su función de aplicar las leyes existentes. El peligroso gobierno de los jueces se inicia cuando se les olvida que la ley no puede disociarse de moral y la ética imperantes.
