Si se asume en la dinámica natural de las relaciones sociales el deseo de cada individuo de poder dominar a los otros, el resultado es la permanente pugna de hacer valer los derechos individuales de unos sobre los de otros, mediante la exigencia de que se les reconozca su superioridad.

Es así como los grupos subordinados, muchas veces mayoritarios, tienen que tener una perspectiva de poder que debe ir más allá de salir de la subordinación para que sean reconocidos. Conseguir que se cumplan y respeten sus derechos fundamentales requiere que las clases dominantes acepten que esos grupos, antes subordinados, tienen el poder para lograr que sus demandas se realicen.

De hecho, el sentido común nos indica que el 50% de las personas que dominan  vive del otro 50% que es dominado. En otras palabras, la mitad de las personas trabaja para la otra mitad. Cuando hay una clase social, económica o política que domina, es probable, que buena parte de la moralidad del país emane de sus intereses de clase superior; entre otras razones, porque las clases dominantes tienen la capacidad de influir para que su cultura y sus costumbres sean acogidas por las clases dominadas.

Cabe advertir que, solamente dentro de relaciones sociales frágiles y malsanas, que se caracterizan por la proyección de preferencias de grupos que intentan prevalecer por encima de la sociedad, el bienestar particular prima sobre el bienestar de la comunidad o sea, el mismo contexto en el cual se desconoce el principio de la libertad individual.

Razón por la cual, el respeto por los derechos individuales sólo puede ser valorado si existe un orden jurídico donde se conciben obligaciones básicas previas, para sustentar una sociedad que haga posible esos derechos. En este sentido, la democracia teóricamente  garantiza, mediante un ordenamiento legal, la coexistencia pacífica de las más diversas visiones de la vida de los ciudadanos.

No obstante, en el mundo operan diversos sistemas políticos que son moral y legalmente válidos, siempre que el orden legal establecido sea aceptado, independiente y libremente, por las personas que conforman las comunidades para las cuales rige. Su legitimidad proviene de la fidelidad con la que interpreten las culturas y las costumbres mayoritarias de los pueblos.

En una nación donde los ciudadanos pertenecen a diversos grupos culturales, raciales, religiosos, sociales y económicos, los derechos fundamentales de los  individuos se deben tener en cuenta para que se reconozcan nuestros propios derechos.

Es así como en Colombia, con un sistema de gobierno enmarcado por un ordenamiento legal – que supuestamente correlaciona derechos y deberes fundamentales de las personas – puede haber libertad y orden, si todos y cada uno de los ciudadanos reconocemos y respetamos los derechos individuales de las demás personas, presupuesto básico para que exista la seguridad, se consolide la democracia y florezca el desarrollo.