Más razones para el voto indignado

A los políticos que legislan, nos gobiernan y estamos listos a reelegir, les debemos la raquítica capacidad sancionatoria del Estado frente a los abusos del gran capital. La semana pasada sacó a flote esta realidad en el caso de la minería, con la sanción de 6.965 millones de pesos que el Ministerio de Ambiente le impuso a la compañía Drummond por el vertimiento de 500 toneladas de carbón en la bahía de Santa Marta, en enero pasado. Para expertos ambientalistas y economistas, la multa es muy baja. Ni siquiera corresponde a lo que la compañía gana en un día. Para directivos de la segunda exportadora de carbón en Colombia, mal acostumbrados a pagar bajas tasas de impuestos y de regalías, a no responder como corresponde por los malos manejos ambientales y por el irrespeto a derechos humanos (por los cuales ha sido varias veces denunciada la empresa),  la sanción es muy alta. El gobierno, que sabe que el monto es pequeño, así sea el más alto permitido por la normatividad, pretende mostrarse acucioso saliendo hasta ahora a hacer tan solo una parte de lo que desde hace tiempo viene en mora de realizar: Poner en cintura a una multinacional que en 2010 infringió el compromiso tardío de acabar con el cargue de carbón con barcazas, en 2012 incumplió con la primera prórroga de ese compromiso, y, como ya es sabido, el primero de enero de 2014 no cumplirá con la segunda. Mientras tanto el ecosistema de la bahía de Santa Marta, sus playas, habitantes y visitantes, corren a su suerte con los altos costos del deterioro ambiental. Así haya anunciado que a partir de esa fecha multará a las mineras que no dispongan de un sistema de cargue directo, medida que por las razones expuestas cobijará a la Drummond, el gobierno sabe que lo que el país demanda es una reglamentación fuerte en materia minera y un compromiso político para hacer respetarla. Sabe también, pero hasta ahora lo ha pasado de agache, que esa reglamentación pasa por homologar el sistema de sanciones con el que rige internacionalmente. Que los bajísimos montos de las multas actuales no obligarán a las compañías extractoras a tomarse en serio los costos sociales, ambientales, económicos y culturales, causados por la forma en que ejecutan su actividad. Pero no; él sale a convencernos de estar haciendo lo que corresponde y presenta sus actuaciones como si ellas fueran suficientes. Sabe también que impuestos y regalías deben ser renegociados pero sin equivocarse de camiseta. Por como suele actuar frente al gran capital no es de extrañar que siga persistiendo en esa equivocación. En gobiernos como los últimos que hemos tenido y en los políticos que desde el Congreso han apoyado sus iniciativas legislativas, recae la responsabilidad sobre la debilidad del Estado para hacer respetar el interés general. Dicho de otro modo, quienes han sido elegidos para representar políticamente los intereses de la comunidad han fallado en esa representación: el interés particular resulta imponiéndose. Entre otros botones similares, el de la minería basta de muestra. Ojalá los colombianos cobren en las elecciones  presidenciales y parlamentarias del año entrante a quienes corresponde, este estado de cosas.