Ministro revoliático

Fórmula matemática para las elecciones de la CNTV castiga la participación y premia las minorías La Comisión Nacional de Televisión estará nuevamente por estos días en el ojo del huracán. Se avecinan unas elecciones y la falta de transparencia que caracteriza estas jornadas vuelve a marcar la pauta. No sólo por cuenta de los foreros fetecuas de la tv, los fabricantes de asociaciones de papel y los picos y piquitos que cada dos años rondan este proceso, sino por la perversidad que surge desde la propia reglamentación. La burocrática y negligente elaboración de los decretos por parte del Ministerio de Comunicaciones, una vez más logrará dejar la sensación de que en esas elecciones ni están todos los que son, ni son todos los que están. Desde que nació la CNTV esta reglamentación ha sido ambigua, cambiante al capricho del gobierno de turno y vulnerable a la influencia de los aspirantes. Ha sido más un ejercicio formal de establecer reglas que de garantizar la participación o representación de realizadores de televisión y trabajadores del sector. Ha llegado a veces a permitir que voten operadores de televisión, cuando no están facultados por la ley, como ha sucedido perversamente con las comunitarias. Y siempre termina por aceptar una dudosa gama de asociaciones ficticias, constituidas con expresas intensiones de suplantar, burlar la ley y falsear el voto. Aunque en esta ocasión el Ministerio ha corregido inconsistencias, no logra que el juicio de sus abogados llegue a una reglamentación pertinente y en contexto con el sector. No  comprenden que el derecho es aplicable como norma general al ejercicio de lo particular y no captan en lo más mínimo la esencia del espíritu del constituyente, cuando diseñó una entidad autónoma producto de la representatividad y de la participación social. Se empeña el Ministerio en mantener una herencia nefasta de algún tinterillo que pretendió aparecer riguroso al exigir que cada sindicato o asociación profesional acredite como mínimo 50 asociados. Esta cifra sacada del sombrero supera la ley que define que un sindicato debe tener mínimo 25 afiliados. Lo que logra este supuesto filtro es que las asociaciones reales y los gremios representativos que no tienen 50 afiliados se abstengan de participar, mientras las organizaciones de papel sin ningún problema rellenan con personas ajenas al sector, con productores de leche como ha sucedido, o con cédulas de muertos, que casos se han visto. Y ni que decir de más violaciones al derecho de asociación como la de la antigüedad de las asociaciones o la de los asociados. Pero este Ministerio de las TIC, que se ha ganado simpatías por su intención igualitaria y democrática para cerrar la brecha digital en nuestro país, está a punto de darle cabida a un esperpento antidemocrático que, contra todo principio de igualdad, pondera el voto. Por arte de iluminación matemática alguien le metió un mico al borrador de decreto que castiga la participación y le da más valor a las minorías que a las mayorías. Desconociendo la jurisprudencia y el principio de la unicidad del voto, que se resume en una persona, un voto, y que se aplicaría para las personas jurídicas; y negando de plano el derecho a la igualdad al otorgar le mayor valor a un voto que a otro, se inventa una curiosa forma para que el sector en que más asociaciones participen menos peso tiene el voto individual. Si uno de los cinco sectores (asociaciones de periodistas, de productores, de directores, de actores o de técnicos) participa activamente y por ejemplo periodistas acredita 30 asociaciones, el voto de cada asociación termina valiendo 0,67 por ciento y si directores o actores participan minoritariamente y acreditan 8 asociaciones, su voto individual vale 2,50 por ciento. El derecho constitucional a la igualdad se borra de un tajo. Con esto se logra que quien tenga el apoyo electoral de la mayoría cuantitativa de las asociaciones participantes, no logrará ser elegido porque no alcanza la mayoría absoluta exigida por el decreto reglamentario, o que quien obtenga la mayor votación en la mayoría de los sectores participantes, no ganará; y si pueda hacerlo, en cambio, quien sólo obtenga el triunfo en sectores con pocas agremiaciones. Esto aquí y en Cafarnaum contradice abiertamente los fundamentos y principios de la democracia participativa y pluralista, como no quería el  Constituyente. Esta fórmula matemática es totalmente contraria al sentido auténtico de la democracia participativa y representativa, por cuanto se castiga la participación, además de que se introduce un principio antidemocrático, según el cual a mayor cantidad de participantes, menor valor tiene su voto. Ojalá que sea un error de cálculo y no que algún calculador haya diseñado un decreto con nombre propio, o lo que sería peor un decreto contra nombre propio.