Nadie sabe el paradero de 900.000 armas legales en Colombia

En Colombia existen aproximadamente un millón doscientas mil  armas legales de las cuales nadie sabe el paradero de más de novecientas mil. Ni siquiera la Oficina de Control Comercio de Armas a cargo del coronel Juan Carlos Rodríguez, ni la Industria Militar (Indumil) a cargo del general (r) Matamoros, que las vendieron, están en condiciones de informarlo. Es más, existen inconsistencias de la información aportada por una y otra dependencia. Graves omisiones de las autoridades El desconocimiento del paradero de estas armas: pistolas, revólveres y escopetas, no solo refiere a la ausencia casi total de un sistema fiable en esta materia, sino a la ignorancia del paradero de sus propietarios alguna vez autorizados para porte o tenencia por parte de los organismos encargados de su control y venta en el Ejército Nacional. Los propietarios de tales  armas  jamás  renovaron sus licencias, ni fueron requeridos para informar cualquier cambio de dirección, o los nuevos lugares de permanencia de las armas. Sencillamente, se hicieron los locos y se supone que conservan las armas, dado que no han reportado novedades respecto de las mismas, algunos desde hace por lo menos tres décadas. Tales ausencias de registros corresponden a personas naturales o jurídicas. Sanciones de “pipiripau” por porte ilegal Creemos que de manera equívoca se ha confundido la sanción administrativa con la sanción penal. Miles de personas estarían cometiendo de manera  masiva  el delito de porte ilegal de armas, sin precedentes en la vida del país, castigado con una pena mínima de nueve años de prisión. Hecho que impide, además, la mejor implementación de las políticas de desarme, conspira contra el monopolio de las armas por parte del Estado, y contribuye a incrementar los índices de criminalidad y peligro en el país.  Nadie sabe cuántos homicidios, atentados, e incluso robos y secuestros se han podido cometer con esas armas de paradero desconocido. Indumil y control de comercio de armas al tablero Nadie sabe, también, si se han respetado las restricciones de porte y uso, ni qué pasó con ellas, y pese a la orden impartida por el Viceministerio de Defensa, Indumil y  Control de Armas y Explosivos del Ejército, de manera inexplicable se resisten a adoptar las medidas correctivas que den más seguridad documental y técnica para la real trazabilidad de los obsoletas licencias de las que se desconoce si los portadores o tenedores de tales documentos y armas son quienes aparecen en ellos. En esta materia estamos peor que con los pases o aun con la cédula de ciudadanía, de la que incluso razones técnicas sustentan la inseguridad. Fue ese el gran negocio de la firma francesa Sagem-Morpho e Idéntica con la Registraduría Nacional, el cual a su turno había contratado el inseguro sistema de identificación sobre el cual descansa el permiso de porte y tenencia de armas, que también es un fracaso… pese a lo cual busca hacerse a un millonario contrato con Indumil con el que se pretendería revolver semejante  problema. La pregunta del millón ¿Cómo es posible que previamente se haya contratado por cuantiosa suma de dinero la creación de un sistema cuyo resultado espero por cuanto no resolvió el problema latente respecto de la totalidad de las armas vendidas por Indumil? ¿Y no habiendo resultados? ¿Cuál es la responsabilidad de este contratista? Y, ¿cuál la de las autoridades que se han hecho los de la vista gorda y han omitido las acciones legales del caso, y los correctivos debidos? Finalmente, ¿cómo es posible que el general (r) Gustavo Matamoros diga expresamente que a la fecha  “no contamos con la estadística de inspección de permisos de porte y tenencia de armas” , ateniéndose solo  a las escasas cartas que envía el departamento de Control Comercio de Armas, a cargo desde hace un par de meses del coronel Juan Carlos Rodríguez, y todavía no adopten la medidas específicas definitivas para conjurar semejante crisis, evitar abusos con cerca de un millón de armas cuando ellos están allí para proteger la vida honra y bienes de los( las)  colombianos(as)? ¿Qué intereses hay detrás  de la no adopción de los mecanismos correctivos de seguridad idóneos y actualizados en las licencias de porte y tenencia de armas legales, si estos los deben pagar el grupo privilegiado de usuarios? POSTDATA Se equivoca el representante Oscar de Jesús Marín El citado representante a la Cámara por el convulsionado departamento Antioquia aseguró en audiencia ante el Consejo de Estado en pleno que las denuncias de este columnista sobre sus presuntas irregularidades cuando votó en su favor el traslado de una investigación de la Contraloría de Antioquia a la Contraloría General le habían causado la muerte a su progenitora. Fue precisamente el comportamiento de usted, Representante Marín, el que pudo desencadenar tales hechos sobre los cuales la propia Procuraduría nos dio la razón. Tales afirmaciones contrarias a la realidad y derecho también son objeto de control por parte de los entes competentes, por lo que desde ya, lo conmino a que las rectifique públicamente. www.redver.org  reddeveeduriasdecolomiba@gmail.com @pablobustossanc