Cierta derecha y cierta izquierda se parecen en su ausencia de responsabilidad política. Abundan ejemplos para confirmarlo: desde las reacciones de Uribe ante denuncias sobre  violaciones a los derechos humanos o actos de corrupción que comprometían su gobierno y su entorno familiar; hasta la manera como ha respondido el Alcalde Moreno a los señalamientos sobre actos irregulares en la contratación pública de Bogotá que involucran personas de su círculo más cercano. De este débil sentido de lo público hacen gala por igual ministros, congresistas, jefes de organismos de control y hasta dirigentes deportivos.

Los denunciados se atornillan a sus cargos. Reclaman el derecho a la defensa, al debido proceso y se apresuran a condenar a los denunciantes. Prometen someterse al veredicto de los organismos competentes para investigarlos y juzgarlos, como si ello fuera una virtud democrática y no una obligación ciudadana. Poco importa si con ello se socava la legitimidad de las instituciones y la confianza ciudadana en el sistema político democrático. Esta primitiva racionalidad se acompaña de estrategias justifícatorias  premodernas y feudales. Se acude al espíritu de cuerpo para reclamar solidaridades primarias del partido, de los demás miembros de gabinete, de los colegas de la corporación pública o de colaboradores y subalternos.

Nadie niega que los funcionarios públicos o líderes políticos gozan de los derechos de cualquier ciudadano. Y que las decisiones disciplinarias, fiscales y penales que los comprometan deben estar rodeadas de todas las garantías procesales. Pero también es cierto que el rol público se desempeña en un ámbito que supera los estrados judiciales y disciplinarios.  El ámbito público compromete los intereses colectivos de una sociedad y las condiciones culturales, éticas e institucionales para garantizarlos.

Desde Aristóteles sabemos que la “responsabilidad política” implica un “señorío” que se ejerce entre personas libres e iguales, pero que señala  al gobernante o al representante de la voluntad popular, como depositario de porciones de  poder político, y por ello mismo,  como llamado a asumir y practicar mayores obligaciones en su desempeño público y en el cumplimiento de sus deberes ciudadanos. Rousseau, mas drástico nos recuerda que la responsabilidad política se deriva de un mandato concedido por el pueblo, fuente del poder del gobierno. Quien viole el mandato o el contrato, será sujeto de destitución o derrocamiento. De allí proviene la figura de la “revocatoria de mandato” contenida en nuestra constitución política.

A quienes reclaman “la plena prueba” recordémosle que la responsabilidad política no se confunde con la responsabilidad penal que se deriva de un daño o falta. No juzga acciones o decisiones ilícitas, juzga la falta a la verdad de un funcionario o las acciones lícitas que fueron mal tomadas o mal ejecutadas. Jean Francois Revel  advertía que “los políticos no se consideran responsables de nada, ni siquiera de lo que han hecho, cuando las cosas van mal; y cuando van bien se consideran responsables de todo, incluso de lo que no han hecho”. Ello es lo que tenemos que trasformar exigiendo o cobrando la responsabilidad política.