Permisividad con las Farc es el nuevo enfoque antidrogas de Santos

La política antidrogas del presidente Juan Manuel Santos ha sido un desastre, y su discurso del jueves pasado en la sesión especial de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre el problema mundial de las drogas (UNGASS), es una muestra más de ello. Tras casi seis años de gobierno y cuatro de diálogos con las Farc, los resultados de la lucha contra el narcotráfico son desastrosos, pues se pasó de 47.790 hectáreas de cultivos ilícitos en 2012 a aproximadamente 159.000 en la actualidad, según la Oficina Nacional para el Control de las Drogas de la Casa Blanca. Esto quiere decir que Colombia vuelve a ocupar el deshonroso primer lugar como productor de cocaína del mundo, perdiéndose así los resultados que con inmenso esfuerzo y millonarios recursos, se realizaron durante la administración del expresidente Álvaro Uribe. A esto se suma que Colombia pasó de ser un país productor a uno consumidor. De acuerdo con el Ministerio de Justicia, el microtráfico asciende a 991 toneladas de marihuana y 19,9 toneladas de cocaína. El microtráfico y el narcomenudeo son un fenómeno creciente en las ciudades y no hay un control sobre las llamadas “ollas”. Esto es consecuencia de la suspensión de la fumigación con glifosato, del incremento de la siembra en los parques nacionales y en la frontera con Ecuador, en medio de la disminución de las operaciones militares contra las organizaciones armadas al margen de la Ley. Este desastre no es casual y tiene una razón muy clara, las exigencias que las Farc le han hecho al Gobierno como parte de los acuerdos de La Habana. Es evidente cómo, desde el inicio de los diálogos, el Gobierno ha ido cediendo terreno a pesar de las advertencias que desde diferentes sectores hemos hecho sobre las graves consecuencias que para la seguridad y la estabilidad del país tienen estas decisiones. En este contexto vemos como el Presidente promueve un nuevo enfoque tras “el fracaso de la política antidrogas”, punto sobre el cual he dicho que el gobierno Santos no tiene una política pública unificada contra las drogas ilícitas, lo que hay son acciones institucionales aisladas que ni reducen, ni controla el aumento de los cultivos ilícitos, la comercialización y el consumo. Esta propuesta promovida por Santos en diferentes escenarios depende de la voluntad de las Farc para erradicar los cultivos ilícitos, entregar rutas y acabar con el negocio del narcotráfico. Es ingenuo e irresponsable pensar que así se terminará con este delito ¿No será más bien que la permisividad con las Farc es el nuevo enfoque antidrogas de Santos? Si bien estamos de acuerdo en que no se debe judicializar al adicto y se debe tratar como un problema de salud pública, el Estado no puede abandonar su obligación constitucional de perseguir este delito y combatir efectivamente la producción de estupefacientes. El mencionado nuevo enfoque de la lucha contra las drogas no puede estar por encima de los derechos colectivos con grave riesgo para la seguridad. Es urgente implementar una verdadera política antidrogas, que enfrente todos los sectores de la cadena, que reduzca la producción, acabe con los carteles y atienda al adicto.