Los colombianos están pidiendo a gritos poderse defender de los peligros constantes a los que están expuestos, no solo en las ciudades, sino en mayor medida en las zonas rurales de difícil acceso en donde el Estado tiene limitantes innegables para garantizar la presencia permanente de la Fuerza Pública.
El debate del porte de armas para la defensa personal está resuelto en países desarrollados como Estados Unidos, desde 1789; donde la Segunda Enmienda de su Constitución, protege el derecho del pueblo estadounidense a poseer y portar armas para garantizar un Estado Libre, pues es claro que una persona armada legalmente, puede realizar una mejor ejecución de la legítima defensa.
Este derecho ha sido ratificado por la Corte Suprema de ese país en varias ocasiones; una de ellas en 2010, cuando rechazó el derecho de los Estados a controlar la posesión de armas de fuego, a efectos de defensa personal.
Para el caso de Colombia, diariamente son registradas muertes de inocentes a manos de criminales. Resalto que quien delinque, no lo hace con un arma legal y sabe perfectamente que el otro está desprotegido. El problema en sí no son las armas, el problema es que están en las manos equivocadas porque hay una clara diferencia entre quien la porta para protegerse y quien la usa para hacer daño.
No es cierto que al modificarse el Decreto 2362 de 2018, firmado por el Presidente Duque en diciembre del año pasado, en Colombia se venderán armas como arroz, ni que cualquier desequilibrado mental podrá acceder a un revolver fácilmente y sin ningún control.
Sencillamente porque la Ley 2535 así lo establece desde 1993: “Si se solicita permiso para el porte de un arma de defensa personal, el solicitante deberá justificar la necesidad de portar un arma para su defensa e integridad personal de acuerdo con lo previsto en el artículo 23 de este decreto aquí citado, aportando para ello todos los elementos probatorios de que dispone” dicta la norma, que además, con absoluta claridad limita la cantidad de armas que pueda tener una persona natural y sujeta a una prueba psicofísica y otros requisitos, la asignación del permiso por parte de la autoridad competente.
Dicha prueba incluye valoración visual, auditiva, motriz y un perfil psicológico; además de saberse de entrada que una persona con antecedentes judiciales no podrá acceder a un arma legal. Estas mismas exigencias aplican para la renovación de permisos y la ley así lo contempla.
Además, el arma legal guarda una trazabilidad que facilita un mayor control y seguimiento, agregando que la responsabilidad de su uso recae sobre quien le fue asignado el permiso para porte o tenencia.
Es una completa falacia de la izquierda -y de los aliados que aprovechan la andanada mediática-, acostumbrada a hacerse ver como defensora de derechos de los desprotegidos, que la petición del uribismo esté orientada a obtener una licencia abierta para que las armas estén en las calles sin control alguno.
La realidad es que estamos en una situación de desventaja entre la norma y la ilegalidad, y el derecho a proteger nuestra vida en una situación de peligro es el punto medio.
La petición se centra en medidas amparadas en el derecho a la defensa personal; en herramientas de protección, entre las cuales está el porte legal de armas de bajo calibre, siempre que se garantice que el Estado conservará el monopolio de estas.
Nadie puede negar el carácter disuasivo de un arma, así como nadie puede negar que el desarme está beneficiando únicamente a los delincuentes que no entienden de restricciones legales.
¿Será por eso que los primeros en salir a cuestionar esta posibilidad, fueron los miembros del Partido de la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, Farc, que mientras fueron un grupo al margen de la ley, se alzaron en armas contra del pueblo que se encontraba en completa indefensión, sirvieron para abonar la semilla del horror del paramilitarismo y ahora, juegan con el “anhelo de paz” de los colombianos intentando neutralizar cualquier posibilidad de garantizarnos un Estado libre?
La discusión sigue abierta.
