Con gran despliegue anunció el presidente Santos que se logró el consenso para iniciar el trámite de reforma a la Rama Judicial.
Infortunadamente parece ser más un ‘parto de los montes’ en el que sale menos que un ratón.
A comenzar porque no se define qué concepto de la Administración de Justicia prevalecerá. En el mundo sajón y en especial en la Justicia de Estados Unidos lo que se le reconoce es un principio de funcionalidad; sirve para organizar y permitir que la sociedad resuelva sus conflictos con el menor trauma y costo posible; la negociación de penas o el ‘principio de oportunidad’ (que allá aplica para evitar que la Administración de Justicia incurra en gasto y desgaste que no lo ameritan) pueden ser poco ‘justos’ pero son eficientes. Nuestra Justicia busca lo moralmente justo, el ‘debería ser’, y su objetivo es sancionar las violaciones a eso; en épocas recientes hemos tenido una tendencia a copiar las instituciones sajonas pero sin resolver la contradicción que esto implica. Probablemente por eso tampoco existe una política criminal, pero tampoco se puede diseñar una reforma a la Justicia sin ella.
En el proyecto presentado se evaden esos temas y se tratan solo aspectos que vienen de controversias puntuales.
La tutela no ha sido tocada; se supone que a lo largo de los debates se planteará el problema de qué pasa con las sentencias ejecutoriadas de las máximas cortes y los choques de trenes que se derivan. En concreto no se definió, ni modificó, ni propuso absolutamente nada al respecto.
Contra lo que se esperaba y se había entendido e informado como parte de los acuerdos, el Consejo de la Judicatura se conserva. Se crea una especie de comité administrativo que remplaza la Sala Administrativa, pero la función judicial que compete a la Sala Disciplinaria conserva las mismas funciones y facultades.
Se dejó viva la posibilidad de estudiar el fuero militar abriendo las puertas para juzgar por su propia justicia a los agentes que cometan delitos como miembros de las Fuerzas Armadas; esta proposición se presentó como ‘sugerencia’ -a último momento y por fuera del consenso y a espaldas de los otros partícipes- para obviar la restricción constitucional de que los temas no tocados en los debates iniciales no pueden ser adicionados posteriormente. El gobierno dice que lo retira, pero el objetivo ya se cumplió y puede ser revivido en cualquier momento.
Se delegó en la reglamentación de una ley el sistema de descongestión que como tantas veces se había dicho se hubiera podido sacar directamente mediante una ley ordinaria sin requerir los ocho debates ni amarrarse a todas las reformas, esas sí sustanciales pero por eso polémicas.
A lo que se dio énfasis, y que significa aparentemente el único verdadero cambio y verdadero resultado, es al juzgamiento de los parlamentarios y de los altos funcionarios del Estado (Ministros, Procurador, Presidente, etc.) desapareciendo la Comisión de Acusaciones y separando la investigación del juicio con creación además de la doble instancia.
Satisface así el inconformismo de la ciudadanía con lo que se ve como la gran corrupción de quienes llegan a los altos cargos del Estado. Sin embargo –y a pesar de que en el momento eso parece lo más importante- esa es una justicia que se aplica solo a 300 parlamentarios y menos de 50 altos funcionarios; el nivel de escándalos de hoy es algo inusual, transitorio y dependió de una administración y una política que es de esperar que no se repita, pero normalmente no debe haber más de dos o tres casos al año que caen bajo esa jurisdicción especial.
Vale además recordar que simultáneamente se piensa tramitar la Ley de Justicia Transicional. Es decir que se superpondrán dos ‘Justicias’; y lo que es más peligroso: al correr el proceso legislativo al mismo tiempo, es probable que ingenua o deliberadamente se busque con la una remplazar la otra.
No se trata solo de pesimismo o escepticismo sino de experiencia. Las ‘aplanadoras’ producen leyes como la Ley de Justicia y Paz –o sea la anterior ley de justicia transicional- que después de seis años de vigencia con más de 26.000 juicios pendientes, ha producido solo dos sentencias definitivas, de la cantidad de amnistiados más de 2.000 han sido asesinados, y, como lo insinuó el presidente, el caso de los otros 25.000 a quienes no se les ha resuelto su situación puede llevarlos a volver a sus actividades anteriores. Es también un limbo judicial pendiente.
Como ya sucedió con la reforma a la salud o la propuesta a la educación, la impresión que queda es que hay mucho de despliegue pero poco de contenido; lo que el proyecto contiene es mucho menos de lo que espera, de lo que se necesita, y de lo que se proyecta como imagen.
Como faltan siete debates, falta mucho por ver, pero como la ‘aplanadora de la Unidad Nacional’ es manejada por el gobierno que presentó la propuesta hay pocas esperanzas de mejorar el proyecto.
