¿Será que el gobierno de verdad cree que nos podemos comer el cuento de su obsesión por la disminución de la pobreza y la desigualdad?

¿Será que el presidente no ve la realidad que expertos y ciudadanos experimentan en la cotidianidad y que el llamado establecimiento y grupos de apoyo sufren de ceguera similar?

O ¿será que definitivamente se pretende bajo el manto de la democracia perpetuar los privilegios de unos cuantos, lo cual destruye a esa democracia y segrega cada vez más individuos?

Las cosas están a la vista; no puede pretenderse, de manera seria, atacar los flagelos socioeconómicos que padecemos con un modelo económico que, como ya está demostrado en esta y en otras latitudes, es blando con  el gran capital a tal punto que, con la disculpa de la generación de empleo (¿cuál generación de empleo, si los reportes de avances son mínimos y lentos, y en ningún caso comparables con los cada vez más rápidos y crecientes incrementos de sus utilidades y rentabilidades, y, además, no indagan por la calidad de ese empleo?), le rebaja impuestos, le da exenciones y le facilita las cosas para que sea más rentable y opere más o menos a sus anchas. ¡Ah!, mientras tanto, a trabajadores y ciudadanos del común sí les sube los tributos.

Lo de operar a sus anchas tiene que ver con la debilidad en las reglamentaciones de operación, en los controles a la calidad de los  servicios que prestan, cuando es este el caso; al respeto a sus usuarios o clientes, al medio ambiente y, en muchos casos, a las condiciones de vida de las comunidades donde operan. Capítulo aparte es el de los esquemas desventajosos para el país, como lo señalan varios estudiosos, de liquidación de regalías por explotación de minerales como el oro, el níquel y el carbón, las cuales deberían determinarse, como en otros países (y como en el caso actual del petróleo colombiano), por la variación de precios, y quitarnos el bozal, casi que exclusivo de Colombia, de la tal estabilidad jurídica, la cual, en muchos casos, ampara estas desventajas pactadas en pasado reciente al fragor del afán de traer  inversionistas y se traduce en una pérdida de rentas para el Estado. Como si fuera poco, se les permite deducir de sus obligaciones por regalías los gastos por  responsabilidad social. Ni qué hablar de las exenciones de impuestos por remesas de sus utilidades al exterior. Todo ello sin mencionar que la actividad minera, a pesar de su escasa generación de empleo, es una de las principales locomotoras a través de las cuales el gobierno aspira a obtener el crecimiento económico mediante el cual espera cumplir con su programa de prosperidad democrática (¿?).

Con la misma filosofía de privilegiar a los privados y al gran capital, nacional o internacional, operan los bancos, la salud, las comunicaciones,  y todo indica que dentro de poco tiempo la educación superior. El ánimo de negocio invadió todas las esferas de actividad sin contemplaciones.

Por tanto, no puede seguir vendiéndose como verdad completa la media verdad del crecimiento de la economía; por una llana y contundente razón; ese crecimiento corresponde es a esos negocios y a sus dueños, que, a su vez, son los que se benefician de esas rentabilidades. Como ya hemos visto, dentro de nuestro modelo económico, el beneficio para el Estado y para el país por ese concepto está por debajo del que debería obtenerse.

Por esa misma razón no se debe perder de vista que cuando se habla de índice de crecimiento económico no se dice nada sobre la distribución de ese crecimiento, que es lo que se requiere para evaluar en realidad a cuántos llega ese crecimiento. Algo similar sucede con el PIB per cápita, el cual mide el ingreso de los ciudadanos sin dar cuenta de la distribución real de ese ingreso; pero si se integrara con otros parámetros como esperanza de vida al nacer y nivel de escolaridad, como lo hace el Indice de Desarrollo Humano, concebido por el PNUD, se mediría con mayor grado de acierto la realidad del desarrollo. Cuán saludable sería adoptar estas formas de medición socioeconómica.

Benedetti, en su mal leído discurso, como si no fuera de su autoría, del pasado 20 de julio, tomó por sorpresa al presidente Santos cuando se refirió a varios de los aspectos aquí tocados. A pesar de que tales planteamientos aguaron un poco la fiesta del reporte oficial del gobierno al conminarlo a ver la realidad, cosa inusual en ese tipo de actos, y mucho menos si quien los hace es el presidente saliente del Congreso, miembro del partido de gobierno, nadie (ni periodistas, ni medios) hizo referencia a algo que debería haber resultado trascendente. Ni qué decir de los congresistas con sus tertulias irrespetuosas mientras el otro leía.

Todo esto habla del embebimiento de muchos en el discurso oficial. Todos convencidos de que el gobierno está actuando como toca, sin reparar en que mientras la forma en que se maneja la economía no cambie, los esfuerzos gubernamentales  en otros frentes, que le son aplaudidos, no fructificarán como corresponde.

Por lo que se ve, con estos actores nada va a cambiar. Sin embargo, esta situación abre un espacio para un credo político renovado, esbozado en una columna anterior, el cual reclama protagonistas comprometidos con una democracia más real, basada en la toma de decisiones en materia legislativa y de políticas públicas (como la adopción del modelo económico, por ejemplo), a partir de la deliberación pública por parte de la ciudadanía, que incluya elementos como la argumentación, la discusión pública y la deliberación, en los cuales participen los ciudadanos potencialmente afectados por tales decisiones y expertos interesados en la solución de los problemas a partir del bienestar general. Se dibuja aquí un filón de doctrina para nuevos protagonistas de la política, que piensen en sacar al país de este estado de cosas. ¿Será que alguien se apunta?