El Gobierno Nacional y las disidencias de las FARC han formalizado un acuerdo que marca un nuevo paso en el camino hacia la paz territorial: la puesta en marcha de un piloto para la sustitución voluntaria de cultivos ilícitos, con epicentro en el departamento de Nariño. Este pacto surge tras una reunión de más de seis horas en El Chajal y la Laguna de Chimbusa, en la zona rural del municipio de Roberto Payán, que contó con la presencia de delegados del Gobierno, representantes de la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano, líderes sociales y funcionarios de diversas instituciones nacionales.
Durante el encuentro, las partes expresaron su respaldo a la iniciativa y su compromiso con los objetivos de transformación territorial. “Renacemos por la paz y las transformaciones territoriales de Nariño y Putumayo”, afirmaron en el pronunciamiento conjunto, reafirmando la intención de avanzar hacia un modelo que deje atrás la economía de la ilegalidad.
El objetivo del piloto es claro: transitar hacia economías lícitas que no solo desarrollen el territorio, sino que también permitan una reincorporación efectiva a la vida civil de quienes han estado vinculados a actividades relacionadas con cultivos de uso ilícito. Este programa busca ser una alternativa real y sostenible para las comunidades históricamente afectadas por el conflicto armado y la economía de la coca.
De acuerdo con lo acordado, el piloto iniciará el próximo 7 de julio y contará con una inversión cercana a los 8.000 millones de pesos. Estos recursos estarán destinados principalmente a la siembra de cacao en zonas rurales de los municipios de Tumaco y Roberto Payán. El proceso implicará una intervención integral que incluye georreferenciación, un censo poblacional y caracterización agrícola en distintos Consejos Comunitarios: Patía, Patía Viejo, Progreso, Catangueros, Unión del Río Chagüi, Río Mexicano, Integración Telembí y La Ensenada.
Las actividades preliminares del programa se extenderán hasta el 7 de agosto, periodo durante el cual se espera consolidar una base de datos robusta sobre las comunidades involucradas, así como las condiciones del terreno y las capacidades logísticas de cada zona.
Según el acta firmada el 30 de junio en las selvas del Pacífico nariñense, el programa priorizará el empoderamiento comunitario y el respeto por la autonomía local. En línea con este principio, la administración de los recursos será colectiva, lo que permitirá que las propias comunidades participen activamente en la ejecución y control del proyecto. Esta figura será acompañada y evaluada por la Dirección de Sustitución de Cultivos Ilícitos (Dsci), que tendrá a su cargo la supervisión técnica y financiera.
El piloto prevé la sustitución de mil hectáreas de cultivos de coca por igual número de hectáreas de cacao en el transcurso del año 2025. Esta será solo la primera fase de una meta más ambiciosa: lograr la sustitución total de 7.500 hectáreas, tal como está previsto en el acuerdo marco suscrito por las partes.
El éxito de esta etapa inicial será determinante para definir su expansión a otros municipios del departamento de Nariño que también enfrentan una alta presencia de cultivos ilícitos, como Olaya Herrera, Francisco Pizarro y Magüí Payán. La posibilidad de replicar el modelo en estos territorios estará sujeta a una evaluación rigurosa por parte de la Dsci, que deberá analizar los resultados y emitir las recomendaciones correspondientes.
Uno de los principios fundamentales que regirá el proyecto será el cumplimiento estricto de los compromisos adquiridos. Para que los recursos sean desembolsados, se exigirá evidencia verificable del cumplimiento de los acuerdos establecidos entre las partes. La Dirección de Sustitución de Cultivos Ilícitos tendrá la responsabilidad de presentar informes detallados sobre el impacto de la inversión, el avance en la erradicación voluntaria y el fortalecimiento de las economías lícitas.
Además de garantizar la eficacia del programa, estos informes deberán proteger los intereses de las comunidades involucradas y asegurar que la ejecución de los recursos se lleve a cabo con transparencia y bajo criterios técnicos sólidos.
Con este piloto, el Gobierno y las disidencias buscan abrir una puerta a la reconciliación desde los territorios. Aunque el camino aún está lleno de desafíos, la apuesta por el desarrollo alternativo y la participación comunitaria es vista por muchos como una oportunidad concreta para avanzar hacia una paz que se construya desde abajo, con las manos de quienes han vivido el conflicto en carne propia.
