En un nuevo y doloroso episodio del conflicto armado que persiste en algunas regiones del país, la Fiscalía General de la Nación confirmó el hallazgo de una fosa común con los cuerpos de ocho personas en zona rural del municipio de Calamar, departamento del Guaviare. Las víctimas habrían sido asesinadas por integrantes del frente primero 'Armando Ríos' de las disidencias de las FARC, según información preliminar.
El hallazgo fue posible gracias al trabajo coordinado entre la Fiscalía y unidades de la Fuerza de Despliegue Rápido #11 del Ejército Nacional, en el marco de una operación de búsqueda urgente activada el pasado mes de abril. La intervención se realizó tras denuncias de familiares y líderes comunitarios que alertaron sobre la desaparición de estas personas, quienes habrían sido citadas por integrantes del grupo armado ilegal para un presunto “interrogatorio”.
Ocho víctimas, líderes sociales y religiosos
De acuerdo con el reconocimiento preliminar realizado por sus familiares, las víctimas han sido identificadas como: Jesús Valero, Carlos Valero, Marivel Silva, Isaid Gómez, Maryuri Hernández, Óscar Hernández, James Caicedo y Nixon Peñaloza Chacón. Todos ellos eran reconocidos en la comunidad por su liderazgo social, trabajo comunitario y participación en actividades religiosas y culturales en la región del Guaviare.
Según los investigadores, el 4 de abril de 2025 dos de las víctimas fueron citadas por integrantes del frente 'Armando Ríos', grupo que continúa delinquiendo en esta zona del sur del país pese a los acuerdos de paz. Tres días después, el mismo procedimiento se repitió con las seis personas restantes. Posteriormente, todos fueron trasladados a un predio abandonado, donde, según las hipótesis del caso, fueron asesinados.
Disidencias actuaron por orden de alias Iván Mordisco
La Fiscalía ha indicado que, según los avances de la investigación, la orden de asesinar a los ocho líderes habría provenido del círculo de confianza de alias Iván Mordisco, cabecilla principal de las disidencias del Estado Mayor Central de las FARC. La decisión fue motivada por la sospecha de que las víctimas estarían promoviendo o facilitando la creación de una célula del ELN (Ejército de Liberación Nacional) en la zona.
La estructura armada temía perder el control territorial en Guaviare, y habría actuado con violencia para eliminar cualquier posible amenaza. Este hecho pone nuevamente en evidencia los choques entre grupos ilegales por el dominio de las rutas del narcotráfico, el control social y los recursos naturales en territorios estratégicos del país.
Rechazo e indignación nacional
Organizaciones de derechos humanos, líderes políticos y defensores de paz han condenado el crimen y exigido al Estado colombiano una respuesta contundente frente a los actos de violencia cometidos por los grupos armados ilegales. “Estos asesinatos constituyen una grave violación a los derechos humanos y un atentado directo contra la construcción de paz en los territorios”, señaló un vocero de la Comisión Colombiana de Juristas.
El Gobierno Nacional, a través del Ministerio del Interior, expresó su solidaridad con las familias de las víctimas y anunció que se reforzarán las medidas de seguridad en el Guaviare. Asimismo, hizo un llamado a la Fiscalía y a los organismos judiciales para acelerar las investigaciones y llevar a los responsables ante la justicia.
Conflicto persistente en Guaviare
El departamento del Guaviare continúa siendo una de las regiones más afectadas por la presencia de grupos armados residuales, especialmente del frente primero de las FARC y otras estructuras que no se acogieron al acuerdo de paz de 2016. La zona es estratégica para las economías ilegales, lo que ha generado una constante disputa armada y vulneración de los derechos de las comunidades.
Este hallazgo se convierte en una señal de alarma sobre la fragilidad de la seguridad en las regiones más apartadas del país y la necesidad de fortalecer la presencia institucional y la implementación integral de los acuerdos de paz.
La Fiscalía continúa con las labores de identificación forense definitiva de los cuerpos y la recolección de pruebas que permitan judicializar a los responsables. Mientras tanto, los familiares esperan justicia y garantías de no repetición en una Colombia que aún lucha por cerrar las heridas de la guerra.
