De buenas intenciones está empedrado el camino al infierno, reza el adagio popular. Y el camino para el presidente Juan Manuel Santos se sabe que es culebrero y difícil, pero esa es la misma razón por la que no puede caer en facilismos, cortoplacismos y menos importaculismos. Autorizar a 'Timochenco' a viajar a Cuba sin cumplir con los requisitos de ley puede tener maravillosas intenciones pero el mensaje no puede ser más equivocado. Es claro que el presidente está facultado por la Constitución y la Ley para manejar la política de paz y que eso tiene su fuero especial. Pero también es claro que existe un marco legal para esas actuaciones.
Escoger el atajo, por loable que sea el propósito, no es lo adecuado en momentos en que el país debe prepararse para el posconflicto. En momentos en que se hace imperativo afianzar la confianza en las instituciones y se requiere reconstruir los valores pisoteados hasta la saciedad por el conflicto. La paz no puede ser a cualquier precio. Sí la decisión es lograrla cueste lo que cueste pues no será paz. Será manguala, arregladijos o concierto amañado. La paz sólo se logra desde una estatura mental, política y ética mayor. Se puede garantizar que la paz que se busca en La Habana sea perdurable si se hace desde el cumplimiento cabal de la ley y desde los más altos motivos reonciliadores.
Pensar que se le pueden hacer esguinces a la normatividad legal o que por urgentes que sean ciertos movimientos se puede caer en el todo vale, no solo no garantizará la fortaleza institucional que se requiere sí cesa la guerra, sino que se está escogiendo justamente el camino que permitió que se desmadrara la violencia. Para qué superministros y para qué superasesores si no son capaces de advertir al presidente que todo paso se debe dar bajo el manto de la legalidad y la legitimidad, como condición básica para que el proceso sea diáfano, transparente y sin tacha por la ciudadanía.
Gústenos o no nos guste el Procurador tiene razón. Y para qué pero Santos le dio papaya. Para haber autorizado el desplazamiento del jefe guerrilero debió primero levantar la orden de captura que existe en su contra. Eso implicaba haber informado a la Interpol de que se había suspendido la vigencia de la circular roja en lugar de colaborar para que fuera burlada la Interpol y las demás autoridades mundiales comprometidas con la búsqueda del guerrillero. Actuar como lo han hecho el gobierno y el presidente es abrir una tronera para que los marcos legales sean birlados. Y eso se sabe siempre dónde comienza pero nunca dónde termina.
Por eso las brabuconadas del presidente lo que hacen es echarle más leña al fuego. Salir a rasgarse las vestiduras contra los que supuestamente se las están rasgando, en todo caso no edifica nada. El saldo pedagógico de esa actitud es nefasto. De aquí para adelante se podrá hacer caso omiso de los preceptos legales para buscar la paz y ese boquete se crecerá cada vez en la medida en que haya que superar una exigencia guerrillera o una necesidad de los voceros de las FARC en La Habana. ¿Y con qué autoridad moral o con qué ánimos ejemplarizantes se va a exigir que los guerrileros se acojan a la normatividad o cumplan la ley?
Mas allá de la chambonada que se ejercita desde el gobierno cuando es el propio Ministro de Defensa el que sale a denunciar los viajes de 'Timochenco', lo que le cuesta su reprimenda y evidencia la descoordinación en las altas esferas, o los caminos paralelos que se recorren en Palacio, lo que es un hecho es que la decisión del presidente le pone una zancadilla a la transparencia y legitimidad de los diálogos. El país bien hubiera querido saber que las cosas se hacen tan siquiera dentro del marco legal para la paz. Los ciudadanos esperan que sí hay que hacer concesiones a la guerrilla que no los tomen por sorpresa o que sólo se enteren cuando alguien filtra una información.
Nadie ha sabido en qué condición viajó el Líder de las FARC a Cuba. Si no es vocero por qué se le puede otorgar un permiso para salir del país, o acaso sabe alguien qué información tiene el gobierno sí es verdad que ni siquiera estaba en Colombia porque vive en Venezuela. Esas son preguntas que el ciudadano que quiere la paz no espera que se las oculten. No se sabe si se reunió solamente con sus voceros y si es así cuál es la necesidad del propio gobierno de actuar por debajo de la mesa frente al ciudadano.
El caso es que la decisión de hacer las cosas como las hizo el gobierno en este episodio, parece privilegiar las demandas de los guerrilleros por encima de los marcos legales y tiene mucho de desafío, no solo a la institucionalidad sino que parece también una afrenta a quienes exigen claridad y transparencia. Pero peor aún si lo que se quiere es demostrarle a quienes se consideran los enemigos de la paz que el gobierno está dispuesto a hacer lo que sea y a pesar de quien sea, entonces no dejará otra secuela diferente que las que producen el revanchismo y la retaliación que son precisamente las que alimentaron durante medio siglo la guerra.
¿Santos es capaz de pasarse la ley por la faja?
Vie, 17/10/2014 - 18:32
De buenas intenciones está empedrado el camino al infierno, reza el adagio popular. Y el camino para el presidente Juan Manuel Santos se sabe que es culebrero y difícil, pero esa es la misma razón