Uno de los mayores retos al asumir la presidencia de la Comisión Primera de la Cámara de Representantes es el trámite del proyecto de ley de sometimiento a la justicia. No solo por su trascendencia en la consolidación de una política de Estado en materia de paz, sino también por el intenso debate que ha suscitado en la opinión pública, alimentado por los hechos violentos de los últimos días. Conscientes de esta responsabilidad, desde el Congreso hemos decidido abrir el proceso a una discusión amplia y participativa, convencidos de que solo así será posible construir acuerdos en un tema tan decisivo para el país.
El proyecto, presentado el pasado 20 de julio de 2025 por el Gobierno, busca establecer un tratamiento penal diferenciado para el desmantelamiento y sometimiento de organizaciones al margen de la ley, además de fijar nuevas reglas para la consolidación de la paz total, el orden público y la seguridad ciudadana. Radicado por los ministros Eduardo Montealegre y Armando Alberto Benedetti, constituye un instrumento jurídico necesario para avanzar en el sometimiento a la justicia de los actores armados, bajo principios de justicia transicional, seguridad humana y centralidad de las víctimas.
Uno de los avances más significativos del texto es reconocer que no todos los actores armados son iguales ni pueden recibir el mismo tratamiento. La iniciativa propone un marco diferenciado:
- Grupos armados con control territorial: régimen transicional con penas alternativas.
- Estructuras criminales de alto impacto: acuerdos de desmantelamiento y sometimiento.
- Procesos derivados de la protesta social: medidas restaurativas con enfoque comunitario.
Otro de los pilares es el enfoque de justicia restaurativa territorial, que pone en el centro a las víctimas y a las comunidades afectadas. No se trata solo de sancionar, sino de reparar. Esto incluye acciones restauradoras en los territorios, la reconstrucción del tejido social y hasta la restauración de ecosistemas degradados por la violencia, reconociendo al territorio mismo como víctima.
En cuanto a las sanciones, el proyecto establece penas alternativas: entre 5 y 8 años para máximos responsables de GAOML (Grupos Armados Organizados al Margen de la Ley) y GAO (Grupos Armados Organizados); entre 2 y 5 años para integrantes sin mando; y entre 8 y 10 años para quienes quedaron por fuera de procesos anteriores. Para las estructuras criminales de alto impacto, financiadores y colaboradores, se contemplan rebajas del 40 % al 60 %, según el nivel de colaboración. Todo ello condicionado al cumplimiento de requisitos estrictos: desmovilización, dejación de armas, entrega de bienes ilícitos y de menores reclutados, cese de actividades criminales y liberación de secuestrados.
La iniciativa también garantiza la participación efectiva de las víctimas, con enfoques diferenciales para mujeres, comunidades étnicas, personas LGBTIQ+ y niños, niñas y adolescentes. Además, incorpora la doble imputación —a la organización y al individuo— como garantía de verdad, justicia y no repetición.
Ahora bien, aunque el proyecto constituye un paso importante, es necesario seguirlo perfeccionando. Por eso hemos promovido audiencias públicas en Tumaco, Medellín y Bogotá, donde comunidades, académicos, víctimas y entidades han expresado sus inquietudes y propuestas. Ese ejercicio de deliberación democrática es una señal clara: la paz no puede seguir siendo un asunto de gobiernos de turno, debe convertirse en una política de Estado.
La paz es un derecho fundamental y un deber constitucional de obligatorio cumplimiento. Con los ajustes adecuados, este proyecto puede sentar las bases de una paz estable y duradera, con garantías de no repetición y seguridad jurídica para todos. Respaldarlo significa respaldar el derecho a la paz que anhela Colombia, y avanzar en la construcción de lo que la Comisión de la Verdad llamó la “Paz Grande”: transformar la violencia en oportunidad y la confrontación en reconciliación.
