En Colombia nos hemos acostumbrado a que la cárcel sea sinónimo de castigo y hacinamiento, pero casi nunca de segundas oportunidades. Por eso el memorando de entendimiento firmado entre la Superintendencia de la Economía Solidaria (Supersolidaria) y el INPEC, en la cárcel de máxima seguridad de Itagüí, para crear una cooperativa de trabajo para personas privadas de la libertad y sus familias, es mucho más que un acto protocolario: es un giro concreto hacia la resocialización real, con ingresos dignos y con la economía solidaria en el centro de la ecuación.
De lo que se trata este acuerdo es de aprovechar el programa Cárceles Productivas para dar un paso adicional: crear una cooperativa nacional que articule a las personas privadas de la libertad y a sus familiares en actividades productivas, con educación, inclusión financiera y encadenamientos con empresas que ya han manifestado interés en vincularse. La propia Superintendente María José Navarro lo explicó con claridad: llevar la economía solidaria y la industria nacional a las cárceles, para que el trabajo allí no sea explotación barata, sino una vía efectiva para generar ingresos, dignidad y preparación para la vida en libertad.
Este memorando no nace en el vacío. La Ley 65 de 1993, nuestro Código Penitenciario y Carcelario, dice sin rodeos que la pena tiene como fin fundamental la resocialización, y que el tratamiento penitenciario debe alcanzarla mediante el trabajo, el estudio, la cultura y la recreación, “bajo un espíritu humano y solidario”. No es un invento ideológico del Gobierno actual: es el mandato legal y constitucional que durante décadas se escribió muy bonito en el papel, pero se incumplió en la práctica. Lo que hoy hace el Gobierno Nacional, a través de Supersolidaria e INPEC, es tomar en serio esa obligación y organizarla bajo una herramienta que conocemos bien: la cooperativa.
Si algo nos enseñan la experiencia de organizaciones como la Fundación Acción Interna y la Ley de Segundas Oportunidades, es que cuando se abren rutas reales de empleo y emprendimiento para la población pospenada, la reincidencia baja y la sociedad gana en seguridad y cohesión. Lo contrario también es cierto: cuando a alguien que ya pagó su pena solo se le ofrece la puerta cerrada, la humillación y el “aquí no lo contratamos”, es mucho más probable que termine atrapado de nuevo en la ilegalidad. La cooperativa que se proyecta con este memorando apunta precisamente a romper ese círculo, empezando por el vínculo más frágil y más invisible del sistema penitenciario: las familias.
Porque no podemos olvidar que detrás de cada persona privada de la libertad hay niñas y niños que no cometieron ningún delito, parejas que se quedaron sin ingreso principal, madres y padres que sostienen hogares prácticamente solos. Al incluir a las familias en la cooperativa, el mensaje es potente: la resocialización no se limita al muro de la cárcel, se extiende al entorno familiar y comunitario. La economía solidaria, en este contexto, deja de ser un concepto abstracto y se convierte en la posibilidad de que un hogar tenga ingresos formales, de que se aprenda a ahorrar, de que se acceda al sistema financiero sin caer en el gota a gota.
El INPEC ya venía avanzando en iniciativas como los sectores productivos en confecciones y otras actividades laborales que buscan ampliar la cobertura ocupacional al interior de los establecimientos de reclusión. La diferencia es que ahora esos esfuerzos empiezan a articularse con una figura cooperativa de alcance nacional, con acompañamiento técnico de Supersolidaria, que puede garantizar reglas claras, control sobre los recursos y participación real de las personas privadas de la libertad y sus familias en la gestión del proyecto. Es el salto de la experiencia aislada a la política pública estructurada.
Yo celebro que desde Itagüí se haya enviado esta señal: que la economía solidaria no es solo para los que ya lo tienen todo, sino también para quienes han cometido errores, están pagando por ellos y quieren, de verdad, reescribir su historia. Desde el Congreso, mi compromiso es acompañar y vigilar que este memorando se traduzca en una cooperativa viva, transparente y efectiva, que demuestre que el encarcelamiento no tiene por qué ser una cadena perpetua social. Porque un país que solo sabe castigar, pero no sabe ofrecer caminos de retorno, es un país condenado a repetir una y otra vez las mismas violencias que dice querer superar.
