Hace pocos días, el Consejo de Estado reiteró que el proceso de elección del Rector de la Universidad Nacional concluyó con la designación de José Ismael Peña. El Consejo Superior Universitario debe restituir en ese cargo al Rector, sin dilaciones. Quedó expuesta la acción de un Gobierno que ha convertido la autonomía universitaria en un campo para sus ambiciones y politiquería.
La Universidad Nacional de Colombia, institución que debería ser el bastión del saber, la innovación y la libertad intelectual, se ha transformado en un bastión de politiquería bajo el influjo del Gobierno. El trasfondo es claro: el Gobierno Petro buscaba un rector afín para avanzar en su constituyente, convirtiendo la Universidad en un trampolín para su agenda. Esa injerencia explica las presiones, las dilaciones y el desprecio por la voluntad del Consejo Superior Universitario (CSU) en marzo.
Lo que vimos no es una disputa administrativa por un rector, sino un asalto a las instituciones, donde el desacato a la ley se pretende disimular y las tomas violentas se toleran como expresiones de disidencia. Los hechos pintan un panorama de erosión democrática que ningún colombiano puede ignorar, y de profundo irrespeto a una institución como la Universidad Nacional que todos debemos cuidar.
Todo comenzó el 21 de marzo de 2024, cuando el Consejo Superior Universitario convocó una sesión para elegir al Rector para el periodo 2024-2027. Siguiendo el Acuerdo que rige, se optó por una votación secreta ante las amenazas sobre tres consejeros -sí, amenazas-. Tras las rondas, José Ismael Peña emergió como el elegido, una decisión plasmada en Comunicado y Resolución. Quedó pendiente solo de la firma de la ministra de Educación.
Pero el Gobierno empezó a obstruir. El 29 de abril, la Secretaría General remitió el acta para su suscripción, pero la ministra alegó por “solicitud de varios sectores” que cuestionaban la legalidad del proceso. Sin base jurídica, esta maniobra fue un bloqueo para impedir la posesión del rector luego de una elección válida.
Ante la arbitrariedad, Peña, amparado en la ley, se posesionó el 2 de mayo ante una Notaría, notificando a la Universidad.
Paralelamente, la Universidad sufrió un golpe: el 8 de abril, encapuchados tomaron el Edificio Administrativo Uriel Gutiérrez, afectando a 450 trabajadores en Bogotá y 300 a nivel nacional.
Reportes confirmaron la presencia de miembros de la “primera línea” de Kennedy y Suba, con vehículos suministrando víveres presuntamente vinculados a políticos cercanos al gobierno. La Personería documentó los hechos, y la Universidad suspendió clases presenciales, optando por el trabajo remoto. Las pérdidas ascienden a $3.000 millones: infraestructura destrozada, equipos robados, cámaras y torniquetes vandalizados. El Gobierno mantuvo silencio.
El paro general, alimentado por esta controversia, nos costó $25.579 millones. Desglosémoslo: $9.000 millones en recuperación de infraestructura, $11.142 millones en salarios de docentes ocasionales durante 60 días, $1.337 millones en pólizas estudiantiles y $4.000 millones en gastos por trabajo remoto. Los contribuyentes pagan esta factura, mientras el Gobierno juega con el futuro de miles de jóvenes.
Usaron el paro y la toma para irrespetar la ley y desacatar la elección, el CSU revirtió la designación de Peña el 6 de junio, y alteraron la metodología para imponer a Leopoldo Múnera. Demandé esta acción.
La justicia actuó. El Consejo de Estado, en septiembre de 2025, confirmó la legalidad de la elección de Peña, y el 20 de noviembre anuló la de Múnera, declarando que el proceso había culminado en marzo de 2024. Pero el CSU dilató el cumplimiento, aceptó la “renuncia” de Múnera y nombró a un interino, Andrés Felipe Mora, para evadir la sentencia.
Esta crisis no es un accidente; es el síntoma de un Gobierno que ve las instituciones como obstáculos. Si permitimos que la ley se doblegue al Ejecutivo, que las tomas violentas dicten el rumbo de una universidad pública, que fallos judiciales se ignoren con nombramientos, entonces Colombia caerá en el autoritarismo.
La Universidad Nacional debe recuperar su esencia: un faro de excelencia académica, no un botín para experimentos; un templo de la libertad, no una trinchera para la constituyente; un modelo de respeto al derecho, no el emblema del desacato.
Colombianos, este caso requiere la atención de todos. No dejemos sola la Nacional en manos de quienes quieren solo usarla. La justicia ha hablado; ahora toca exigir su cumplimiento. No hay espacio para la tibieza: o defendemos el Estado de Derecho, o nos resignamos a un país donde el poder arbitrario reina sobre la ley. Basta de manipulaciones. Restituyan a Peña, restituyan lo correcto.
