Con el cambio de modelo económico de los años noventa, llegó la privatización de los servicios públicos domiciliarios. El modelo anterior de prestación a partir de empresas públicas que cobraban tasas inferiores a los costos de prestación y requerimientos de inversión había hecho crisis. Las Leyes 142 y 143 de 1993 ordenaron la reorganización de los sectores de agua potable, saneamiento básico y energía eléctrica con base en sociedades anónimas especiales y las principales empresas fueron privatizadas paulatinamente.
En gran parte del país, los monopolios públicos fueron reemplazados por monopolios privados y hasta los pequeños acueductos fueron privatizados. La regulación estatal a partir de fórmulas tarifarias que además de cubrir todos los costos operacionales y de inversión, así como las correspondientes utilidades, ha redundado en la elevación sustancial de las tarifas que pagan los usuarios, sin que en muchas regiones se hayan resuelto los problemas de coberturas, de calidad y de continuidad del servicio. Dos décadas después, la evaluación del nuevo modelo está por realizarse. De dicha evaluación tendrán que salir reformas profundas que garanticen el acceso a los mismos para todos los hogares, tanto del sector urbano como del campo, donde las carencias son inverosímiles.
En el sector de agua potable, es lamentable constatar que siendo parte de las metas del milenio y de contar con prioridad constitucional, las coberturas sigan siendo tan deficientes. Si bien los indicadores registran coberturas de acueducto del 91 % y de alcantarillado del 85%, solamente el 39% de los municipios cuentan con agua potable. Las consecuencias para la salud, especialmente de los niños, son desastrosas.
En materia de energía eléctrica, las quejas son alarmantes. Muchas de las privatizaciones de las empresas fueron denunciadas en su momento por presunto detrimento patrimonial ante la Contraloría General de la República la cual permitió la prescripción de los procesos sin practicar las pruebas requeridas. Hoy, en la Costa Caribe se empieza a gestar una verdadera fronda contra la empresa Electricaribe por la falta de continuidad en el servicio, la baja calidad del mismo y los cobros exagerados por concepto de tarifas, mediciones cuestionables y cobros complementarios, en un ambiente de deficiente atención a los usuarios. De otra parte, uno de los elementos que más afecta la competitividad de las empresas colombianas es el alto costo del kw/h, uno de los más caros del continente. Sin lugar a dudas, las privatizaciones no trajeron los beneficios sociales anunciados, así hayan resultado un buen negocio para sus dueños en razón de una regulación que les garantiza las utilidades por vía de fórmulas tarifarias administrativamente diseñadas. Son varios los elementos que deben analizarse para introducir los correctivos necesarios en la prestación de los servicios públicos domiciliarios. El primero de ellos tiene que ver con el agua potable. No es aceptable que después de 20 años del mandato constitucional, acompañado de los recursos estatales del sistema general de participaciones y de regalías destinados a tal fin, todavía existan alrededor de 700 municipios sin agua potable, base de una salud y de una vida dignas. No en vano el agua potable es considerada un derecho, no solamente dentro de nuestro régimen constitucional sino dentro del sistema de Naciones Unidas. El mínimo vital decretado por la Administración anterior en Bogotá debe ser extendido a todo el país, en el entendido de que se trata de la garantía del derecho al agua POTABLE y no solamente de acceso a un acueducto. En materia de energía eléctrica, preocupan los anuncios de la aplicación de tarjetas prepago para el acceso al servicio. Ello denota una tendencia a cubrir las ineficiencias de las empresas a la hora de atender el consumo social en sectores de bajos ingresos y la intencionalidad de convertir este elemental servicio en un lujo fuera del alcance amplios sectores de la población, donde la atención individualizada es más costosa y los consumos más bajos. De prosperar el cobro anticipado de la energía eléctrica, la rentabilidad privada estaría en camino de reducir las coberturas para mejorar las ganancias. La literatura especializada insiste mucho en las dificultades para organizar una regulación efectiva en función de la tendencia marcada a la captura de los reguladores por parte de los intereses particulares y en detrimento del interés general. La evaluación y revisión de la normatividad vigente es imperativa si no queremos que los servicios básicos de la población se conviertan en servicios fuera del alcance de los sectores de más bajos ingresos que son la mayoría de los colombianos y colombianas.
