Sin vergüenza, el gobierno nacional propone anular la ley de garantías que prohíbe la contratación pública en período preelectoral. Acosado por su bajísima popularidad, el gobierno se reserva el derecho de untar de mermelada el voto regional para impulsar los candidatos de la Unidad Nacional, esa coalición de enemigos a los que solo une el interés de saquear el presupuesto.
Sin vergüenza, el gobierno argumenta que la ley frena la ejecución del gasto público y que por lo tanto es perjudicial para el desempeño de la economía. Se incita a los funcionarios públicos a acelerar la ejecución porque eso aceita las maquinarias.
Se le olvida al gobierno que los mediocres resultados en materia de crecimiento (+1,6 por ciento anual) son el resultado de sus erróneas políticas económicas que han debilitado el poder adquisitivo de los colombianos mientras se despilfarran recursos en todo aquello que sirva para proteger la imagen nacional e internacional del Nobel de paz.
Sin vergüenza, el gobierno se atreve a afirmar que la ley de Garantías no garantiza la transparencia de los procesos electorales. Es cierto que, en un país sin justicia ni instituciones de control, la eficacia de las normas es siempre relativa.
Pero es mejor que, por lo menos durante los meses previos a los comicios, los gobiernos tengan que cuidarse en no abusar de su poder para influir en los resultados. Ello es particularmente válido en los pequeños y medianos municipios donde el Estado es el mayor empleador y contratista.
Sin vergüenza, el gobierno de los impolutos afirma que no tiene interés en los resultados electorales porque no se presenta a la reelección y que está de salida. Como si para Santos su única obsesión en la vida no fuese la de acabar a Uribe aun pasando por encima de la ética política, la ley y la Constitución.
Sin vergüenza se argumenta que la ley de garantías también penaliza a los municipios donde la oposición ejerce el poder y que por lo tanto es una medida “equitativa”. Como si no conociéramos el enramado de intereses políticos que van de la Casa de Nariño a los municipios pasando por el Congreso, las gobernaciones, asambleas, alcaldías y concejos municipales.
Sin vergüenza, este gobierno que se dice de la “austeridad inteligente” está dispuesto a girar todo lo que tenga para dejarle a la entrante administración un problema fiscal aún más grave que el ya creado.
Sin vergüenza hay que decirlo: estamos gobernados por unos sinvergüenzas.
