“Sople y pague”, un negocio de $30 mil millones

Un conductor de bus llegó a Bogotá, procedente del Huila, y a los cinco minutos murió infartado. En la terminal de transporte no hubo quién atendiera la emergencia. ¿Qué hubiera pasado si el infarto le sobreviviene unas horas antes, en plena carretera? En teoría, para vigilar y garantizar la salud de los conductores (fatiga, sueño, sobrepeso, visión, audición, etc.) existe un programa de seguridad vial, al que están obligadas las terminales de transporte. En la práctica un negocio que puede mover más de $30 mil millones al año tiene muchos padrinos en la política y en la alta justicia. El gobierno dispuso que las empresas que presten el servicio instalen en cada terminal los equipos, el personal idóneo y un área suficiente para efectuar exámenes médicos generales de aptitud física y practicar la prueba de alcoholimetría a una muestra representativa de los conductores que estén próximos a ser despachados del respectivo terminal. Al parecer, las empresas que se benefician con el negocio se siguen limitando a instalar una pipeta para el examen de alcoholemia, pero nada más. Una de esas empresas millonarias pero ineficientes se llama “Consorcio Asotrans-Aditt”, que celebró el contrato que obligaba la ley con la terminal de transporte Neiva. Armando Cuéllar, gerente de la empresa Coomotor, resume que la tal compañía solo se beneficiaba del ejercicio del “sople y pague”. Y por esa razón se decidió entregar su administración a otra agremiación del orden nacional (CORPOTRANS), previa constatación y validación de su experiencia en el manejo del tema. ASOTRANS decidió tramitar una tutela, para defender sus derechos, y lo hizo en el juzgado 70 civil municipal de Bogotá, no en Neiva donde prestaba el servicio y se vulneró el derecho. De manera rápida y extraña el juzgado actuó de inmediato a favor de los quejosos. La Superintendencia de Puertos y Transportes solicitó al juez de tutela negar las pretensiones de ASOTRANS, pero el juez profirió veloz sentencia, desoyendo todas las recomendaciones, como quien se pone en evidencia y en defensa del diablo. No obstante muchos abusos, atropellos y actuaciones sospechosas, el consorcio ha instrumentalizado la tutela enviando cartas a diferentes terminales del país en donde pide terminar los contratos con cualquier entidad y contratar solo con ellos, so pena de investigaciones. Lo han hecho con las terminales de Pitalito, Honda, Ibagué, Espinal, Garzón, La Plata y Tunja. De igual manera han utilizado la tutela para intentar mantenerse en los contratos con terminales como Bogotá y otras ciudades del País. “Por su parte -comenta Cuéllar Arteaga- la Superintendencia extrañamente ha cambiado su posición desde la llegada de un Superintendente encargado de Tránsito y Transporte, Fernando Martínez, quien ahora se encuentra presionando a las terminales que no están contratadas con el consorcio Aditt-Asotrans, solicitándoles información, documentación etc. y conminándolas a contratar las pruebas con otro operador bajo el entendido que ellas no pueden realizar sus propias pruebas de alcoholimetría”. “Se pretende crear un monopolio a favor de las agremiaciones que conforman el Consorcio  Aditt- Asotrans, para que éstas se apoderen de los más de 30 mil millones de pesos que salen del bolsillo de los transportadores, violando un sinnúmero de derechos de los colombianos”. Y como todo puede empeorar, preocupa a los afectados que el asunto, ahora puesto en manos del magistrado Alberto Rojas Ríos -de salida de la Corte Constitucional- falle (o haya fallado) a favor de ASOTRANS, atendiendo algunos compadrazgos ya detectados.