Los que ordenaron reclutar forzosamente a miles de niños de toda Colombia, terminarán sentados en el banquillo de los acusados.
Existe la creencia de que la justicia cojea, pero llega. Y esta semana lo pudimos confirmar gracias al anuncio de la fiscal de la corte penal internacional, en el sentido de que delitos como el reclutamiento forzado de menores, serían investigados por ese tribunal, en caso de que en Colombia no se pueda o no se quiera hacer justicia.
Aquella manifestación, aviva la esperanza para las miles de víctimas que con frustración han visto cómo el gobierno de Santos les ha garantizado la impunidad a quienes ordenaron y ejecutaron de manera sistemática el reclutamiento forzado de menores de edad.
Lo vengo advirtiendo desde hace casi 4 años: aquel delito debía ser tratado con especial atención y el gobierno no quiso atender mi llamado. Una y otra vez, he recalcado que la CPI ha impartido sentencias condenatorias contra criminales de guerra, precisamente por haber llevado niños a la confrontación armada. Thomas Lubanga y Charles Taylor, son los dos casos más relevantes.
La expresión más abyecta de la esclavitud en los tiempos modernos es, precisamente, el reclutamiento de menores de edad. Y las Farc, hay que decirlo, duraron décadas nutriendo sus filas con niños que fueron forzados a cometer los peores crímenes. Contra esos niños, también se cometieron atrocidades imperdonables. Fueron convertidos en objetos sexuales. A las niñas que resultaban embarazadas, se les practicaron abortos en contra de su voluntad.
La negociación en La Habana duró más de 5 años y el gobierno no quiso hacer nada para obligar a las Farc a devolver a los niños que tenían en su poder. Comportándose como cómplices, el comisionado Sergio Jaramillo y los negociadores, empezando por De La Calle y el general Naranjo, le dieron largas al asunto y voltearon la mirada ante el clamor de las madres que reclamaban desesperadamente la libertad de sus hijos esclavizados por la guerrilla terrorista.
En su momento, el hoy embajador en Bruselas, Sergio Jaramillo, haciendo un despliegue brutal de arrogancia, me manifestó que nada podía hacerse para evitar que las Farc reclutaran menores porque, en palabras suyas, se había resuelto negociar “en medio del conflicto” y el gobierno no tenía autoridad ni competencia alguna para hacerle ese tipo de exigencias a las Farc.
Es evidente que la Justicia Especial de Paz, no impartirá castigos ejemplarizantes a los responsables de la guerrilla por el reclutamiento de más de 3 mil niños. Aquellas víctimas, tendrán que ver a los causantes de su dolor caminando impunemente por las calles y burlándose de su clamor de justicia.
Por eso, el anuncio de la fiscal de la corte penal internacional, es un bálsamo y un motivo de alegría para quienes hemos asumido la causa de los menores reclutados como un asunto propio. Hemos trabajado sin descanso, en el acompañamiento de las víctimas de esta atrocidad, hemos estado al lado de sus familias, reclamando verdad, justicia y reparación.
En virtud del acuerdo entre Santos y Timochenko, las Farc creen quedar eximidas de responder por aquel delito. Si alguna ilusión tenían en ese sentido, ésta se desvaneció por cuenta de la dura y concreta advertencia de la fiscal de la CPI.
Como lo expresé al comienzo de esta columna, la justicia cojea pero llega. Nunca es tarde y en algún momento, los que ordenaron reclutar forzosamente a miles de niños de toda Colombia, terminarán sentados en el banquillo de los acusados, en la sala de audiencias que para los peores criminales de la humanidad tiene reservada la corte penal internacional.
Por: Margarita Restrepo
