Un trago amargo

Desde el Estanco del alcohol y el tabaco en la época colonial hasta el monopolio rentístico del primero en el siglo XXI han constituido la principal fuente de financiamiento del Estado, particularmente de las regiones. Entre lo que se recaudó en 2014 por concepto del impuesto aplicado a la cerveza y a los licores representó más del 50% de los ingresos tributarios de los departamentos y el 41.2% de los ingresos propios. Sólo por concepto del recaudo del impuesto a la cerveza y a los licores se recibe por parte de los departamentos anualmente una suma que supera los $2.45 billones. De allí la importancia de estos recursos para los fiscos departamentales, máxime cuando los mismos tienen como destinación específica la salud y la educación. Ello explica también la cerrada defensa por parte de los gobernadores de dicho monopolio, el cual por lo demás está amparado por la propia Constitución Política. No obstante, hay varios factores que erosionan la base impositiva y afectan el recaudo del impuesto al consumo de las bebidas espirituosas, tales son el contrabando, la adulteración (surrogate) y falsificación (counter freit) de las mismas por parte de personas inescrupulosas. Se trata de verdaderas estructuras criminales que atentan no sólo contra el fisco sino contra la salud de quienes, no pocas veces timados o engañados, ingieren bebidas alcohólicas, destiladas o fermentadas, de dudosa factura producidas artesanalmente, las cuales escapan al control de las autoridades sanitarias, particularmente del INVIMA. Cada vez es mayor la proliferación de sacatínes o alambiques caseros, que operan en la clandestinidad y son fuente de aprovisionamiento del bajo mundo de la ilegalidad. De manera recurrente se presentan tragedias que lamentar a consecuencia del consumo de bebidas alcohólicas adulteradas o falsificadas, que son tóxicas y dañinas para la salud, atacando en primer lugar la visión de quienes las consumen. El año anterior, en Bombay India, el consumo de alcohol adulterado cobró cien víctimas fatales y esta semana fue noticia el deceso de 25 personas en Indonesia a consecuencia del consumo por parte de las mismas de alcohol hechizo, de fabricación casera. Pero, para no irnos tan lejos recordemos los dos lamentables episodios que se vivieron en Barranquilla, el primero en septiembre de 1989 y el segundo en mayo de 2004, en los que perdieron la vida 21 y 19 personas, al tiempo que 5 y 3 más, respectivamente quedaron ciegas, precisamente por la ingesta de alcohol adulterado. Es de tal magnitud este detestable delito y está tan extendido en Colombia que, según el más reciente reporte de Euromonitor International para el 2014, el porcentaje de bebidas alcohólicas ilegales en el mercado fue del 28.4% y al desagregar este guarismo nos topamos con una cruel realidad. En efecto: 46% de las mismas corresponde a productos adulterados mientras que el 36% ingresan de contrabando; dicho de otra manera, una de cada dos botellas de licor que se expende en el país ilegalmente puede etiquetarse como adulterado. Y lo más preocupante es que en los últimos años esta amenaza para el fisco y para la salud se acrecienta, ya que entre 2012 y 2014 aumentó el 7.3%. Desde luego que la autoridad, encabezada por la Policía Fiscal y Aduanera (POLFA) le ha infligido duros golpes a las estructuras de este letal negocio del licor adulterado, que le roba anualmente no menos de $1.5 billones al Presupuesto de los departamentos. Estos son recursos que se van a las faltriqueras de las mafias que se lucran del mismo y que le son sustraídos a la educación y la salud, en momentos en los que las regiones atraviesan por una situación fiscal exasperante. Claro que se puede hacer mucho más, hay que redoblar los esfuerzos y en ello está empeñado el Gobierno Nacional y desde la Federación Nacional de Departamentos, a través de nuestro programa anti-contrabando, le brindamos todo el apoyo que está a nuestro alcance para que la lucha contra el flagelo del contrabando y la adulteración de las bebidas alcohólicas. Esta es una hidra de mil cabezas, tan pronto se decomisa e incauta un alijo aparecen otros, tan pronto se desmantelan improvisados alambiques instalados en guaridas y caletas, en donde se urde la adulteración y se falsifican las estampillas, se detectan otros. Esta es una guerra sin cuartel impuesta por los ilegales y para ganarla es indispensable que los departamentos, en ejercicio del monopolio rentístico de los licores el control de estos se extienda al alcohol potable. Por su parte el Gobierno nacional debe imponer como norma la desnaturalización de todo el alcohol importado al país que no tenga por destinación el consumo humano. De esta manera se logrará que los estragos de este vitando delito sean menores y se imponga la legalidad, al tiempo que se proteja a los colombianos evitando que se tomen ese trago amargo. www.fnd.org.co