Una crisis de alto voltaje

El apagón en todo el país parece inminente. En el corto plazo, el racionamiento podría evitarse, si logramos el 5% de ahorro voluntario de energía que promueve el Gobierno Nacional, si ocurre un drástico cambio en el clima y se normalizan las lluvias a niveles de promedio histórico. En febrero los aportes hídricos estuvieron por el orden del 50% del promedio y XM, la operadora del Sistema Interconectado Eléctrico y administra el mercado de energía del país, ha recomendado al Gobierno iniciar inmediatamente el racionamiento. Este no sería el primer apagón. Desde 1960 se han presentado más de 13. En 1966 Bogotá y 300 municipios del país quedaron sin servicio eléctrico. En 1980 el 90% del país sufrió una súbita interrupción del fluido eléctrico. Y aún es recordado también el racionamiento en tiempos de Cesar Gaviria en 1992. En esta ocasión el Gobierno Santos ha dicho que todo se debe a un fenómeno del Niño más fuerte, el incendio en la Central de Guatapé y las fallas en la Planta de Termoflores. Cierto es que ningún sistema eléctrico del mundo opera con una confiabilidad del 100%, pero la mitigación de sus riesgos es precisamente uno de los objetivos de toda política energética. Por no saberlo y por mentirle al país, el Presidente tuvo que sacrificar la cabeza de su Ministro Tomás Gonzales. Pero las causas de la crisis son de mayor voltaje. La más importante es nuestra dependencia absoluta de fuentes de energías convencionales. Para el 2015 el 67% de nuestra energía proviene de hidroeléctricas, el 32% de termoeléctricas y solo el 1% es energía eólica o cogeneración. Dirán que las hidroeléctricas son soluciones más ambientales que las que acuden a combustibles fósiles, pero ya hay suficiente documentación de los impactos negativos tanto ambientales como en las comunidades aledañas producidas por estas tecnologías. Además, resulta altamente riesgoso depender de una sola fuente y la vulnerabilidad es inmensa si la dependencia es del sistema hidroeléctrico acechado por las variaciones climáticas. Se calcula que por cuenta del calentamiento global para el año 2080 la capacidad de las centrales hidroeléctricas se reducirá hasta en un 30%. Los últimos gobiernos se han negado a dar incentivos reales a fuentes energéticas alternativas como la solar, la eólica y geotérmica. Argumentan que hay que esperar a que este tipo de energía cuente con precios competitivos. No han querido entender que si tuviéramos parques eólicos o plantas solares de alta capacidad pudiéramos, en tiempos de sequías, aprovechar el incremento de los vientos y la radiación solar. Mientras tanto se instalaron termoeléctricas operadas por gas o en el peor de los casos por combustibles como el diésel que resulta hasta 10 veces más costoso que el gas y el carbón. Y se esfumaron 7.800 millones de dólares que pagamos los colombianos en los últimos 9 años por el denominado “cargo por confiabilidad”, dinero que terminaron en los bolsillos de las empresas eléctricas que hoy se declaran en líos financieros para no pagar este seguro previsto para tiempos de crisis como los de ahora. Es inocultable que la Comisión de Regulación de Energía CREG no regula nada. Que la Superintendencia de Servicios Públicos es muy poco lo que ha supervisado en beneficio de los ciudadanos. Y que tampoco podemos seguir esperando a que el fenómeno del Niño salga corriendo para recobrar la normalidad en nuestros sistema eléctrico.