Ya prácticamente los candidatos firman el epilogo público regional de sus periplos y lánguidos debates, para entregarse al favor, que no fervor popular, pues pocos de los aspirantes logran concitar nítidamente la voluntad electoral de las mayorías cívicas. El caso de Bogotá es alegórico, los aspirantes más fuertes se hallan por debajo de un tercio de la voluntad electoral, pudieron más los apetitos personales que la capacidad de agruparse para presentarle a la ciudad propuestas más definidas y claras. Demasiados candidatos y muy pocas ideas diferenciadoras, lo cual resulta más revelador en materia anticorrupción, porque la devastación de la ciudad daba pie para esperar mayor claridad conceptual de los candidatos y las candidatas nodales.
Los programas y propuestas frente a un tema central para los destinos regionales del país, como la lucha contra la corrupción presenta graves falencias que invitamos a rectificar -aun pueden hacer parte final de sus discursos para seducir al electorado dubitante-. El siguiente sería algo así como el inventario de elementos de depuración de la cosa pública que poco y nada se advierten en la palestra pública:
- Participación ciudadana. Como parte de una estrategia anticorrupción los candidatos se disputan en el terreno personal quien tuvo más coraje, o quien destapó cuál escándalo y quién no, para anteponer dicho talente como la clave en la resolución del problema de la cultura de la trampa y la mordida, lo cual es insuficiente como fórmula en sí misma.
- Un cartel, como el de la contratación, no se desmonta con discursos, ni con determinación de la administración. De hecho, los carteles de la corrupción también pervierten y capturan bajo el discurso de la tecnocracia, aún a pesar de administradores públicos íntegros, pues la probidad es también uno de los discursos que se venden en las oficinas de consultores a sueldo, y los hay de todos los precios, colores y sabores.
- Control social. Pese a los esfuerzos de los órganos de control y judiciales en materia anticorrupción, ellos son insuficientes, y no solo precisan sino suponen una sociedad civil organizada y actuante que les provea insumos de investigación, y aporten el componente de sanción social frente a desmanes en el manejo perverso de la cosa pública.
- Veedurías ciudadanas. Ningún candidato ha citado siquiera el tema del apoyo y promoción de las veedurías como mecanismo excepcional, y más aun obligatorio, en la vigilancia de la gestión pública. Esta falencia resume las anteriores y la miseria de los programas en esta materia.
- Estatuto Anticorrupción. Dicha norma recientemente expedida aporta elementos y herramientas insoslayables en la transparencia pública, claramente desconocidas por los candidatos. A los candidatos más les vale tomar un curso acelerado de actualización antes de resultar electos, o de dedicarse al control político, quienes no resulten vencedores.
- Reingeniería administrativa. La contratación pública en la capital de la República colapsó tanto en la Alcaldía Mayor, por cuenta de los Nule y compañía ilimitada de profesionales saqueadores públicos, que los esquemas a futuro necesitan un cambio profundo que no se soluciona con frases de cajón como “cuando salga electo(a) yo personalmente estaré frente a la contratación en el Distrito” – pues eso decía Samuel…
- Los órganos de control regionales, tanto contralorías departamentales y municipales, así como las personerías, no sirven para contener la corrupción sino para alimentarla: son un peaje en la doble calzada de la pavimentación de los recursos públicos, que corre de un lado en favor de contratistas, y del otro de mercenarios al frente de la administración pública.
- Muchas de las anteriores posturas demandan hondas en la estructura del Estado, y que por lo mismo pase a reflejarse regionalmente, solo el peso de las regiones puede ordenar los pilares de la deformación marchita de la descentralización podrida o mejor, de la parte pervertida de la administración torcida.
