Algunos han propuesto prorrogar el periodo de los mandatarios de elección popular; empezando por quienes están elegidos actualmente. La propuesta no solo es inconstitucional, pues rompe la voluntad de los ciudadanos que eligieron esos mandatarios por un periodo determinado, sino que es inconveniente. En la democracia son tan importantes las decisiones de la mayoría como la posibilidad de alternancia del poder. Esto es, debe existir la posibilidad de competir el poder contra ideas diferentes y opuestas, y también deben ser claros los plazos en que dicha transición puede darse. Es claro que cambiar los periodos de los mandatarios sólo sería posible si se hiciera para aquellos que serán elegidos en el futuro.
Por otra parte, la propuesta de unificar las elecciones de autoridades locales con las de congresistas y presidente tampoco parece una buena idea. Es importante para la democracia la posibilidad de imponer cambios políticos cuando el primer mandatario no ha realizado una gestión que acepte la ciudadanía o cuando por el contrario lo ha hecho de manera sobresaliente. Sería lógico que al menos la mitad del congreso se eligiera en la mitad del periodo presidencial, de manera que el mandatario fuera premiado con mayor respaldo o castigado con mayor oposición. Si bien esto no ocurre propiamente con las elecciones locales colombianas -altamente influidas por las maquinarias regionales- este periodo discordante beneficia a los mandatarios locales. Quienes pueden tener relaciones con dos gobiernos distintos y no tener que someterse a uno sólo del que podrían ser contrarios. Precisamente porque Colombia ha logrado que las elecciones presidenciales estén marcadas por los movimientos de opinión no conviene unirlas a otras donde las maquinarias podrían tener incidencia. Podríamos en vez de mejorar las unas, afectar la elección del primer mandatario de los colombianos.
Por otro lado, quiero resaltar la indignación de muchos colombianos por la utilización de los niños en la guerra. El reclutamiento de menores es abominable. Les roba a los padres sus hijos y a sus hijos la infancia. Colombia no puede seguir tolerando el reclutamiento de menores. Y digo tolerando por el hecho de que se haya aceptado que es un delito conexo al delito político. Me duele que hoy Colombia tenga reclutadores de menores como congresistas.
No me queda clara la indignación de quienes han guardado cómplice silencio frente al reclutamiento de miles de niños en nuestro país. Al delito de reclutamiento de menores hay que sumarle que muchos de ellos fueron convertidos en esclavos sexuales y forzaron miles de niñas a abortar. Esos delitos llevan el reclutamiento a límites de lo inhumano. Pero no ha merecido siquiera un proceso independiente en la JEP. Ojalá esta ola sirva para que ese proceso de reclutamiento avance y sobre todo se abra uno nuevo sobre toda la violencia sexual.
Finalmente, una reflexión sobre los que apuntan a que la legalización de la marihuana en México es un gran ejemplo a seguir para Colombia. Nos presentan la decisión como una fórmula para combatir los carteles, sin embargo, la marihuana es menos de la mitad de los ingresos de los mafiosos mexicanos. La cocaína es el mayor proveedor de recursos. Tampoco es cierto que la legalización espante la criminalidad, basta observar lo que sucede con la minería, que en Colombia, siendo legal tiene reductos no solo en la ilegalidad, sino en la criminalidad.
Puede que el cannabis medicinal sea un buen negocio. Seguramente puede serlo. Lo que no se puede es presentarlo como una solución a los negocios ilegales que alimentan la violencia, porque no lo es.
