Alcaldesa Claudia López, ¿cómo explicarse que se reúna en privado, de espaldas a la ciudad, con encapuchados y miembros de la autodenominada “primera línea”? ¿Puede uno entender que su actitud permisiva ha faltado al ejercicio de la autoridad y por tanto al cumplimiento de la ley? Los bogotanos estamos ante la validación y legitimación del vandalismo, la violencia y del terrorismo urbano como mecanismos permitidos para exigir mejores condiciones de nuestros derechos.
¿Por qué no reunirse con quienes han sido realmente afectados por la violencia y el vandalismo? Ejercer la autoridad implica cumplir y hacer cumplir la ley. Actores políticos e interlocutores válidos son todos aquellos que generan empleo, progreso y mejores condiciones de vida para los bogotanos. La falta de autoridad tiene a Bogotá sumida en una crisis de inseguridad y de institucionalidad profunda.
Desde mi punto de vista, esto no tiene ninguna explicación lógica, más allá de ver cómo con oportunismo político, se hipoteca la autoridad, la libertad y el orden de la ciudadanía en favor de unos pocos. En favor de unos pocos que no se sienten representados por nadie y que tampoco representan a nadie. Así lo ha hecho saber la sociedad.
¿Acaso estos grupos tienen un líder visible con quien se sientan representados? No. Como lo han manifestado, no se sienten representados, ni siquiera por el senador Gustavo Bolívar, líder de la financiación y dotación de los famosos cascos amarillos. Todo esto lleva a que se presenten hechos de violencia como el asesinato del joven motociclista con un cable de poste a poste en el Portal de las Américas. Ahí se veía claramente la dotación entregada por los agitadores del terrorismo urbano.
Mal haría, eso sí, en estigmatizar y afirmar que todos quienes se consideran integrantes de la “primera línea” acuden a la violencia y al vandalismo para exigir sus derechos. Iluso también sería desconocer que el derecho a la protesta está infiltrado por incitadores de odio e incendiarios que promueven y financian el vandalismo y la violencia desde sus cómodas posiciones. Son los mismos que estigmatizan para generar divisiones y odios.
Hacer cumplir la ley implica acudir a la intervención de las autoridades, aún haciendo uso de la fuerza cuando sea necesario para recuperar el orden. La actuación de las autoridades debe estar siempre enmarcada en el respeto a los reglamentos, a los protocolos y al respeto por los derechos humanos.
Lo que ha ocurrido en Bogotá con la actitud permisiva de la alcaldesa López, es que distintos grupos autodenominados de la “primera línea” hoy se consideren actores políticos, pero con agendas de “negociación” diferentes y con pliegos de exigencias diferentes. El secretario de gobierno ha manifestado que se trata de un grupo diverso, con agendas de negociación diversas. Algunos radicales, otros con disposición de diálogo. Aquí pareciera que no se está ejerciendo la autoridad para hacer cumplir la ley.
El ejercicio de la autoridad de los alcaldes no debe tener cálculos políticos; todo lo contrario, debe generar condiciones de seguridad, de confianza y de respeto hacia las instituciones. Es construir sobre los intereses colectivos y no sobre los de unas minorías vándalas y violentas. Es reconocer que la única primera línea es el bien superior y común de todos los colombianos.
