El pasado 23 de febrero de 2024 radiqué una denuncia en la Comisión Legal de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes en contra de la Fiscal (e) Martha Janeth Mancera y del ex Fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa, debido a las graves acusaciones dadas a conocer por diferentes medios de comunicación, en las cuales se constataría la participación de ambos en múltiples posibles conductas punibles.
Debido a que Mancera y Barbosa han sido jueces y parte en los hechos allegados, la Fiscalía no está en condiciones para garantizar el debido proceso en la investigación y sanción de cada uno de estos casos, ni mucho menos cumplir los propios principios de la entidad, transparencia, imparcialidad ni diligencia; tampoco verdad, justicia y reparación ante la sociedad colombiana, que hoy más que nunca necesita de una justicia imparcial que contribuya a cerrar las heridas de la nación.
Entre los hechos allegados, según señalan las investigaciones periodísticas, se encuentran: la existencia de expedientes disciplinarios en contra de Mancera; la pérdida de material probatorio, el cual apareció después que se archivara la investigación sobre los narcofiscales, quienes además habrían sido favorecidos por la hoy Fiscal (e); presiones para cambio de testimonio; el uso de gastos reservados por parte del exfiscal Barbosa; la negación por parte de Mancera y Barbosa de haber conocido la existencia de acusaciones contra alias Pacho Malo, cuando existe una resolución firmada por ambos autorizando el traslado de la investigación; la elaboración de presuntos montajes contra los investigadores del CTI que denunciaron, en un informe, la estructura de narcotráfico presente en Buenaventura; y la existencia de una unidad paralela para investigar a personalidades o asuntos incómodos para la Fiscalía, entre otros.
Además de lo anterior, la opinión pública ha atestiguado hechos sobrevinientes que despiertan todavía más interrogantes sobre la labor de la Fiscalía al frente de estos casos, como la reciente captura de Pacho Malo, lo cual nos llama como congresistas a velar por el orden institucional del país y solicitar ante la Comisión de Investigación y Acusación la apertura de una investigación penal en contra de Francisco Barbosa y Martha Mancera según lo señalado en la Ley 600 de 2000, pero además obligan a que la Fiscalía remita todas las investigaciones en curso o archivadas en contra de la Fiscal (e), para que la Comisión estudie los hechos y determine si hay lugar a abrir una investigación penal.
Necesitamos que la Fiscalía garantice y administre de forma proba e imparcial sus funciones como ente investigador en Colombia y pueda brindar garantías de seguridad y acceso a la justicia en nuestro país. Este es el paso que la institucionalidad debe dar para enfrentar la crisis de seguridad que atraviesa Colombia. Porque el primer factor que alienta la delincuencia es la impunidad, la misma que promovió la doctrina Barbosa, aquella que archivó 8 de cada 10 casos que recibió y perdió 3 de cada 5 que llevó a juicio, es decir, que el 92% de los casos que entraron a su fiscalía quedaron impunes. Lo mismo vemos que ocurre en los casos de corrupción y violencias basadas en género.
Basta. No es posible que se dé continuidad a la impunidad y a la arbitrariedad a través de un interinato. Necesitamos condiciones de seguridad y justicia a la altura de los desafíos que enfrenta el país; por eso la urgencia de la elección de una fiscal decente, para que de una vez por todas se persiga a los verdaderos culpables de los flagelos que a diario se viven en las calles de nuestro país.
