En su reunión de fines de junio, la OTAN aprobó el nuevo Concepto Estratégico de Madrid. En el marco de la guerra en Ucrania, la Alianza del Atlántico Norte pasó de considerar a Rusia como “socio estratégico” a definirla como “la más significativa y directa amenaza” y a China, de constituir “un desafío a nuestros intereses, seguridad y valores.”. Este cambio diametralmente opuesto en su apreciación de los dos potencias no occidentales devuelve al mundo a la confrontación este-oeste de la Guerra Fría, pero con novedosos y peligrosos ingredientes.
Conforme a la Publicación Aliada Conjunta - 3.20 (AJP-3.20), Doctrina Aliada Conjunta para Operaciones del Ciberespacio, expedida por la OTAN en enero de 2020, aparece el ciberespacio como campo de operaciones de seguridad al lado de la tierra, el mar y el aire, que comprende también al espacio. Un ataque cibernético grave y de alto impacto pasa a considerarse una agresión armada con la capacidad de activar el Artículo 5º del Tratado que contempla la respuesta colectiva de la Alianza. Con esta doctrina conjunta, que ha sido aprobada por los 30 países de la OTAN con escasas reservas, un ataque cibernético contra cualquiera de sus miembros podría desencadenar una respuesta armada conjunta de los países integrantes de la OTAN, lo cual podría, a su vez, desencadenar la tercera guerra mundial.
Los riesgos y peligros que ofrece la cibernética no se limitan a su capacidad de poner en jaque la soberanía de los países para lo cual ya se ha conformado un cuerpo de normas de derecho internacional que sustentan reacciones militares a ataques virtuales. En materia de derechos y libertades individuales, mucho se ha escrito, pero poco se ha avanzado en materia de regulación para la protección de los usuarios de Facebook o Google, entre otros. Shoshana Zuboff, profesora emérita del Harvard Business School, en su libro, La Era del Capitalismo de Vigilancia, muestra cómo la enorme cantidad de información que estas plataformas acumulan de cada usuario les permite, por conducto de algoritmos, inducir sus decisiones de consumo, pero también del voto. El G7 ya alerta que encuentra que estamos ante monopolios que deben ser controlados.
La autorregulación no funcionó frente al atractivo de las ganancias que produce la acumulación de datos individuales, que por conveniencia, exhiben los millones de usuarios a estas plataformas de manera gratuita. El resultado es lo que Zuboff denomina gráficamente la “antítesis de la democracia”.
Si a nivel internacional, el derecho se estructura para hacerle frente a amenazas de operaciones cibernéticas capaces de causar daños graves como la interrupción del flujo de energía eléctrica o de la información bancaria, ¿cuando se abordará el riesgo para la democracia que supone la manipulación masiva de electores como en el caso de Cambridge Analítica? Por complejo que resulte, los países, individual y colectivamente, deben afrontar el reto de proteger a sus ciudadanos de la manipulación cibernética antes de que las plataformas globales subviertan por completo la democracia y su soberanía.
