Nada resulta más fastidioso y reprochable que el nepotismo. Aún más, en el manejo de la cosa pública. Nada es más antidemocrático -a más de ilegal- que favorecer familiares y amigos con cargos, empleos, contratos (directa e indirectamente) e intercambio de favores varios, por el solo hecho de tener cercanía con quienes resultan electos, designados o nombrados. Y lo es aún más, cuando se cambia de discurso, según las circunstancias. Una cosa se dice cuando se es oposición y otra muy distinta cuando se es gobierno.
El candidato a la presidencia Rodolfo Hernández, quién generó finalmente el desencanto de quienes le confiaron su voto, sí advirtió con tino en campaña la inconveniencia de que las primeras damas funjan como funcionarias públicas -sin serlo- e incidan de manera directa o indirecta en la administración de sus parejas. Hernández, señaló entonces que nada tienen que hacer en los despachos públicos, cuando no fueron ellas las electas, designadas o nombradas. El país se le vino encima de manera injusta, gracias a que lo mal interpretó de manera, por demás, sesgada.
En Colombia, históricamente, el rol de las primeras damas ha sido discreto y respetuoso, centrado en tareas fundamentalmente de colaboración en temas sociales. No existe antecedente cercano visible de una primera dama involucrada en el nombramiento del gabinete y, mucho menos, interactuando de manera permanente con los funcionarios designados. Lo propio, solo se ha observado en países dirigidos con un sesgo totalitarista: Argentina, Nicaragua, Venezuela, etc.
Lamentablemente, en los últimos tiempos en el país viene haciendo carrera esta perversa y ventajosa forma de actuar. Ya es común observar a no pocas parejas de mandatarios, interactuando en los despachos públicos para los cuales no han sido electas, designadas o nombradas. Incluso, no tienen reserva alguna para expresar y trabajar en función de sus aspiraciones de carácter político electoral.
Aspiraciones, que serían legítimas, sino se estuvieran aprovechando, en su favor, del aparato estatal, gracias a que se hallan excluidas de toda inhabilidad, incompatibilidad y conflicto de interés previstas en la ley, no obstante actúen e influyan en la administración pública.
Ojalá, y eso depende especialmente de los electores, que Colombia no termine como países cercanos, donde las esposas de presidentes terminan haciéndose elegir para el periodo subsiguiente al de su marido; lo que aplica, también, para el caso de los gobernadores y alcaldes, donde ya se empieza a observar este fenómeno, que dista mucho de lo que identifica a una democracia.
Si la señora Verónica Alcocer, por ejemplo, aspira a ser electa después de su marido, actual presidente, debería hacer distancia total y real con el gobierno. En el caso, también por ejemplo, de la autodenominada “gestora social”, esposa del alcalde de Medellín, Daniel Quintero, lo propio ya no sucedió, pero lo democrático y transparente es que se abstenga de aspirar a cargos de elección luego de estar más que presente e interactuando en la administración de su pareja.
Colombia, sin desconocer que le aquejan gruesas dolencias, ha gozado durante su vida republicana de una sana democracia. No es hora de que incursionemos en terrenos movedizos que no llevan a destino serio alguno, como lo demuestra la reciente historia de Venezuela, Argentina, Nicaragua, etc., marcadas por el nepotismo y carencia de una verdadera democracia.
