Lo vimos venir, lo advertimos y esta semana se produjo el primer golpe, duro y a la cabeza para desmantelar la autoridad y facilitarle la vida al crimen organizado. Con los 52 generales que pasaron a la reserva se va invaluable conocimiento, experiencia, trayectoria, sabiduría en la lucha contra el terrorismo, el narcotráfico la minería criminal y todo el crimen organizado, imposibles de recuperar.
Ya Santos y varios de sus principales asesores en el gobierno y en los procesos de La Habana -hoy insertados en la primera línea del gobierno recién posesionado- señalaron el camino cuando desarticularon los elementos esenciales de la política antidrogas, en particular la fumigación con glifosato y la criminalización de los protagonistas del narcotráfico. ¿Vamos ahora hacia la neutralización total de las acciones de las fuerzas militares y de policía contra las mafias?.
Las Farc impusieron desde Cuba la narrativa de que los campesinos, que bajo órdenes y con recursos de las mafias destruyen la selva (con Paraquat y otros herbicidas esos sí letales y mucho más potentes que el glifosato) son víctimas, libreto que quedó plasmado en el “acuerdo final”.
Homicidios, masacres, todas las violencias, la corrupción en todos los niveles, crecen de manera alarmante al mismo ritmo que crecen los cultivos de coca (más de 200 mil hectáreas), las rentas de la minería criminal y la bonanza de todo el crimen organizado, en especial a lo largo de la frontera con Venezuela.
Además de estigmatizar el nombre de Colombia ante el mundo y de extender sus tentáculos a través de franquicias en varios países latinoamericanos, el narcotráfico (y la minería criminal) son el elemento crucial y transversal de todos los males del país en especial de la corrupción, cáncer que ha permeado todos los estamentos de la sociedad y del Estado.
Para enfrentarlos tenemos la mejor policía nacional de Latinoamérica, la más profesional y la que acumula los mejores resultados en la lucha contra el hampa, entre otras razones porque ningún otro país sufre las escalofriantes modalidades de crimen presentes en Colombia. Quizás por la contundencia de sus resultados son víctimas constantes de ataques miserables, de estigmatización y de persecución inspiradas en los propios aparatos de propaganda de las mafias y sus redes de apoyo. Pese a ello y a algunos errores humanos -inevitables en organizaciones tan grandes-, sin lugar a dudas el binomio Fuerzas armadas y de policía y la Justicia, son el soporte de nuestra democracia.
Por ello causa estupor y máxima preocupación que la inesperada masacre proferida a nuestra policía y Fuerzas militares, pasando de un solo tajo a la reserva a 52 generales del más alto rango y experiencia, tenga la intención de debilitar los soportes trascendentales de la democracia e ir minando, uno a uno, los pesos y contrapesos del poder que son finalmente quienes garantizan la existencia de una democracia.
Nadie discute la competencia presidencial para hacer un relevo en el mando de las fuerzas armadas y de policía, pero la forma en que se realizó, parece una retaliación en contra de quienes, en cumplimiento de su deber, interfieren y atacan las actividades del narcotráfico, la minería criminal y las demás actividades que originan las rentas del crimen organizado. Contra quienes controlaron y judicializaron a los vándalos de la primera línea y salvaron al país de sus demenciales ataques que, por fortuna, en nuestro país no llegaron a la destrucción masiva de empresas, iglesias y municipios que le abrió el camino hacia el poder a Boric en Chile.
Es paradójico y éticamente impresentable que mientras se van los Generales, se cocine la “paz” con todo el crimen organizado y un proyecto de amnistía para liberar y perdonar a quienes destruyeron bienes públicos y atentaron contra humildes policías y soldados de la patria.
Debilitar y desmoralizar a nuestras instituciones es el peor camino que puede tomar nuestro país. Ojo colombianos: esto no pinta bien. Es una amenaza grave contra todos. Ya dieron el primer golpe y fue duro y a la cabeza.
