Desde que el alcalde Carlos Fernando Galán comenzó su Gobierno, no ha hecho más que mostrar su desinterés por las poblaciones vulnerables de la ciudad, trabajo que bien ha encomendado a su secretario de Integración Social, Roberto Angulo. Son múltiples las denuncias relacionadas con la desmejora de los servicios que presta esta entidad, a lo que se suma lo relacionado con los jardines infantiles. En esta ocasión haremos referencia a los despidos masivos de más de 300 maestras.
La Secretaría Distrital de Integración Social, por medio de la Subdirección para la Infancia, oferta servicios sociales que se orientan desde la Política Pública de Primera Infancia, Infancia y Adolescencia 2023-2033 y la Ley 1804 de 2016, en donde se ubican los jardines infantiles, servicio que se sostiene en hombros de mujeres jefes de hogar en su mayoría, precarizadas en sus condiciones laborales pero a quienes les ha tocado soportar la labor de la educación y cuidado de la primera infancia en la ciudad, sin una sola consideración.
Los jardines infantiles públicos son un servicio que resulta vital para muchas familias en Bogotá, y funcionan con distintos esquemas de atención: diurna, nocturna y media jornada. Sin embargo, pese a que desde 2019 la Personería de Bogotá viene advirtiendo la falta de cobertura a los más de 723 mil niños y niñas entre los 0 y 5 años que hay en la ciudad, dada la poca capacidad de atención de la Secretaría de Integración Social, no se conoce proyección para acercar con metas esta cobertura por parte del actual Gobierno distrital.
Recientemente, la Secretaría de Educación y la Secretaría de Integración Social, suscribieron el Convenio interadministrativo marco No. 2082214 de 2022 a través del cual se buscaba garantizar la atención integral de las niñas y los niños de primera infancia en el grado prejardín, que asisten a 162 jardines infantiles operados directamente por Integración Social, asociados a 132 instituciones educativas distritales.
En el marco de este Convenio interadministrativo se definió la vinculación de docentes en provisionalidad. En febrero de 2025 se aprobó la prórroga del Convenio interadministrativo y así también de las provisionalidades de las maestras, pese a que en abril del presente año se nos informó que el Convenio continuaría con normalidad, este finalmente terminaría el 20 junio. Esta situación evidenció la incapacidad de planeación en la vinculación del personal frente a un servicio que es de necesidad permanente, desmejorando incluso los periodos de provisionalidad de las docentes durante este año al hacer las prórrogas por periodos de 3 a 6 meses máximo. Si bien esta forma de vinculación puede representar una pequeña mejora en términos de reconocimiento prestacional en comparación con las ordenes de prestación de servicios, promueve la misma inestabilidad laboral del personal que ocupa estos cargos, y que se refleja en la calidad del servicio.
Así las cosas, sigue esta Administración empecinada en no iniciar ningún proceso de formalización, incumpliendo su propio Plan de Desarrollo, trasladando su responsabilidad al Gobierno nacional frente a la gestión de plantas temporales que tampoco dan respuesta de fondo a la problemática ya que lo que se demanda claramente es, empleos formales, legales y reglamentarios con criterios meritocráticos y con vocación de permanencia.
Y es que, desde noviembre de 2021, fecha en la que se crearon 200 empleos a través de carrera administrativa no se ha actualizado la planta, por ende, se sigue contratando de forma inadecuada a las docentes y despojándolas de sus derechos mínimos laborales a través de diferentes tipos de convenios. Hoy son más de 300 maestras sin empleo e invisibilizadas, a pesar del aparente compromiso de Integración Social de planificar una transición armónica y desarrollar “acciones afirmativas dirigidas a garantizar, dentro de las posibilidades administrativas existentes, la continuidad laboral de las docentes que se encuentren en situación de vulnerabilidad”.
Esto es una forma de violencia hacia las familias, las maestras y todo el núcleo educativo que exigen un servicio con confianza y sin incertidumbres ya que la responsabilidad no es menor, se trata de niñas y niños menores de 5 años. Aunque hoy no todos los jardines son operados directamente por la Secretaría de integración Social, la mayoría del personal es precarizado por falta de directrices especificas en términos de vinculación del personal, como se evidencia a continuación: 1732 órdenes de prestación de servicios suscritas por períodos que no superan los 270 a 300 días, en contraste solo 199 trabajadores de planta. Lo cual ha generado que se encuentren en curso 493 demandas administrativas por nulidad y restablecimiento de derecho y para 2025 se hayan radicado 12 tutelas de trabajadoras y trabajadores, cifras con alta probabilidad de aumentar dadas las recientes circunstancias; un ciclo de nunca acabar mientras persista esta dinámica laboral.
Es decir, todas las modalidades en cómo este Gobierno distrital presta y administra este servicio son deficientes, pue no se asumen responsabilidades para garantizar un empleo digno, cargando a las y los trabajadores. Además, sin intención alguna de cumplir su propio Plan de Desarrollo, en lo relacionado con “Atención integral a la primera infancia y educación como eje del potencial humano” y “Formalización del empleo público”. Es decir, solo promesas de papel al no destinar recursos para ello y, por el contrario, favorece la tercerización y la zozobra de los servicios abriendo campo a que la mayoría de la operación se dé a través de privados, sin gestionar siquiera que el funcionamiento sea unificado ni de calidad.
