El ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, radicó el proyecto de ley para avanzar hacia la paz total. Este proyecto busca dotar al Estado colombiano de herramientas legales sólidas y humanitarias para avanzar en los procesos de desmovilización, diálogo y justicia frente a los actores armados ilegales.
De esta manera, se busca brindar herramientas para fortalecer la seguridad ciudadana, garantizar un mínimo de justicia e imponer penas privativas de la libertad.
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Según el Ministerio, la iniciativa brinda apoyo a los esfuerzos del Gobierno Nacional para lograr la paz total en Colombia con normas claras para lograr el desarme, la desmovilización y la reintegración de los grupos armados ilegales.
El trámite, liderado por el ministro Montealegre, entrega una hoja de ruta para enfrentar el conflicto armado y el crimen organizado desde la justicia, la verdad y la reparación.
Según el jefe de la cartera de Justicia, esta es una apuesta jurídica que combina los aprendizajes del pasado con nuevas formas de negociar y lograr resultados reales.
“El objetivo no es premiar a los criminales, sino darle herramientas al Estado para acabar con la violencia, proteger a las comunidades y fortalecer la justicia", dijo el ministro Montealegre.
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¿Qué busca el proyecto de ley?
De acuerdo con el texto radicado, no todos los grupos serán tratados por igual.
- A grupos como el ELN o las disidencias de las Farc se les reconocería un carácter político para poder avanzar en negociaciones de paz.
- A las bandas criminales como el Clan del Golfo se les aplicaría un proceso de sometimiento a la justicia, con posibles beneficios jurídicos si colaboran con la justicia, entregan armas y ayudan a desmantelar sus estructuras.
- Los beneficios solo se entregarán si hay compromisos claros y verificables, como dejar de atacar a la población, contar la verdad, reparar a las víctimas y comprometerse con la reintegración.
- Corregir las leyes desarticuladas que hacen difícil enfrentar a los grupos ilegales.
- Unificar criterios, evitar confusiones y permitir una actuación más efectiva por parte de jueces, fiscales y autoridades.
- Avanzar hacia una paz verdadera, con justicia para las víctimas y seguridad para todos los colombianos.
Cabe señalar que el proyecto cuenta con el aval del Consejo Superior de Política Criminal del pasado viernes.
“Colombia debe tener la seguridad de que aquí no se está construyendo una alambrada de impunidad; siempre habrá un mínimo de pena privativa de la libertad", puntualizó el jefe de la cartera de Justicia.
