Una de las funciones del estado es establecer las normas y crear las instituciones que garanticen la seguridad ciudadana a su población, promoviendo las acciones que permitan el libre ejercicio de los derechos y libertades individuales en todo el territorio nacional. Los gobernantes por su parte, tienen la obligación legal de diseñar las políticas públicas y articular con las instituciones del orden nacional y local, las estrategias de seguridad para prevenir el delito, garantizar el orden público con las autoridades policiales, las judiciales, las de investigación criminal y la participación de la ciudadanía en general.
En Bogotá, hemos observado un claro deterioro de la seguridad ciudadana, que se manifiesta en unos altos índices de percepción de inseguridad y un incremento de los principales indicadores de criminalidad. Según la encuesta de Percepción y Victimización que realiza la Cámara de Comercio de Bogotá el 76 % de los ciudadanos encuestados, manifestaron que la inseguridad se incrementó en 2020, por supuesto, aumentó la percepción de inseguridad en un 16 % con relación al 2019.
Lo anterior, hace necesario realizar un análisis profundo de la estrategia de seguridad de Bogotá, en donde se evidencien las verdaderas causas generadoras de violencia y criminalidad que se están presentando, se articulen las acciones y estrategias que permitan rediseñar la política y contrarrestar estos fenómenos que alteran la tranquilidad ciudadana, pero sobre todo, es urgente que la administración distrital actué coordinadamente con la policía metropolitana, en una estrategia sólida contra las problemáticas surgidas por la inseguridad.
Las cifras de criminalidad son cada vez más preocupantes y no son simple percepción de inseguridad, sino la cruda realidad, en donde el hurto a celulares, bicicletas, motos, asalto al comercio y homicidios, vienen en aumento en las distintas localidades de la capital, por ello, la urgente necesidad de que la alcaldesa, redireccione sus actuaciones, asuma con seriedad la seguridad de los capitalinos, deje de buscar “culpables” evadiendo las responsabilidades y haciendo politiquería, con un tema tan sensible.
Es evidente que en Bogotá, hace falta gerencia de la seguridad ciudadana y mayor gestión del riesgo, se evidencia falta de planeación y coordinación interinstitucional, que fortalezca las estrategias para la prevención del delito, así, mantener el orden, porque quien debe ejercer como jefe y primera autoridad distrital para combatir fenómenos de violencia y delito, hoy parece haberse olvidado de esa función constitucional; estamos presenciando una clara falta de coherencia, constante descalificación del legítimo accionar de la fuerza pública con fines electoreros, lo que pone en peligro no solo la integridad física de los ciudadanos, el deterioro del patrimonio público y privado; también, la integridad de los miembros de la fuerza pública, generando desconfianza ciudadana y falta de autoridad.
Son varios los hechos desafortunados que se han presentado en la capital de la república por falta de autoridad, no podemos olvidar los desmanes y ataques el año anterior a los CAI en diferentes localidades, tras la muerte del abogado Javier Ordoñez luego de un posible caso de abuso policial que debe ser investigado y sancionado, lo que desencadenó en desordenes, ataques contra la fuerza pública, las instalaciones policiales, vandalismo contra el patrimonio público y privado, un número considerable de muertes de civiles y policías que no se había visto nunca en nuestra capital y frente a estos hechos, la administración distrital no ejerció autoridad, no encaró los hechos como correspondía para restablecer el orden y no asumió la responsabilidad que prometió en épocas de campaña.
Esta administración, ha estado dedicada a generar controversia alrededor de las actuaciones del escuadrón antidisturbios –ESMAD- que fue creado para contrarrestar el vandalismo y los ataques de grupos de desadaptados que atentan contra el orden público, el mobiliario público y la integridad de los agentes de policía; lastimosamente, las protestas han sido infiltradas en muchas ocasiones, por organizaciones terroristas que buscan generar caos y violencia en la ciudad, pero pareciera que la alcaldesa olvida que el ESMAD, está regulado legalmente dentro del Artículo 218 de la Constitución de 1991, el cual establece que “su finalidad será el mantenimiento de las condiciones necesarias para el ejercicio de los derechos y libertades públicas, y para asegurar que los habitantes de Colombia convivan en paz”.
Así las cosas, hay que recordarle a esta administración, que los escuadrones móviles antidisturbios, son de imperiosa necesidad en toda sociedad, para poder contrarrestar y controlar multitudes enardecidas, acciones terroristas, delincuenciales, restablecer el ejercicio de los derechos y libertades públicas, mantener la convivencia y seguridad ciudadana; por supuesto, sus actuaciones deben enmarcarse en el respeto a los derechos humanos, el ejercicio del respeto a la protesta pacífica y movilización social.
Es por ello, que la propuesta de la alcaldesa en cuanto a que la policía sea un organismo civil y sin fuero militar, va en contravía de lo que se necesita en la ciudad, teniendo en cuenta lo que viene sucediendo en materia de vandalismo, criminalidad, inseguridad e irrespeto a la autoridad.
Recuperar la confianza ciudadana en la institucionalidad policial, superar el déficit de agentes de policía, mejorar la investigación criminal, fortalecer los frentes de seguridad ciudadana, recuperar la confianza en la justicia, son tareas necesarias y urgentes para mejorar la percepción de inseguridad. Mantener el orden y la autoridad, requiere el decidido compromiso de la administración distrital, hay que quitarle el miedo a los bogotanos.
Son muchas las tareas pendientes de la alcaldesa y si quiere que los bogotanos la recuerden como una buena gerente, deberá corregir el rumbo, porque el alto nivel de desempleo en enero (21.6 %, lo que traduce en un millón de personas sin vínculo laboral), la quiebra de pequeñas y medianas empresas por las equivocadas decisiones en el manejo de la pandemia, los niveles de inseguridad y enfrentamientos permanentes con el gobierno nacional, muestran hasta hoy, un pésimo desempeño de la gestión adelantada por su administración, hechos por los cuales, los bogotanos le han pasado factura, mostrando su desaprobación en la más reciente encuesta de INVAMER, cuyos resultados pasaron del 9 % en el 2020, al 43 % en el mismo periodo del 2021.
Hay que gerenciar con eficiencia y eficacia. Los bogotanos requieren menos discursos politiqueros, menos confrontación con el gobierno nacional y más acciones concretas para combatir los altos índices de criminalidad, hay que garantizar la seguridad como derecho constitucional, fundamental y colectivo, esto debe ser una prioridad inaplazable.
