En momentos donde la criminalidad se adapta más rápido que las instituciones, la seguridad dejó de ser una función exclusiva del Estado. Hoy es un proyecto colectivo, y en ese escenario, el sector privado —con su capacidad de innovación, su presencia territorial y su influencia social— tiene un papel que ya no puede seguir siendo secundario. La pregunta es simple: ¿qué país podríamos construir si las empresas asumieran plenamente su responsabilidad en la creación de entornos seguros?
Hace décadas, Bayley y Shearing anticiparon que la seguridad del futuro sería coproducida por múltiples actores y no solo entregada por el Estado. Ese futuro ya llegó. Cada empresa, desde la más pequeña hasta las grandes corporaciones, es un nodo que puede reducir riesgos, fortalecer rutinas seguras y aportar información crítica para prevenir delitos. No se trata de privatizar la seguridad; se trata de reconocer que esta se construye en red.
La seguridad empresarial ha sido entendida durante mucho tiempo como vigilancia privada o reacción ante incidentes. Ese enfoque es insuficiente. Como lo planteó Ronald Clarke en su teoría de la prevención situacional, muchos delitos no se evitan con castigos más severos, sino reduciendo oportunidades, y en eso las empresas tienen un poder enorme: diseño de instalaciones, control de accesos, monitoreo inteligente, horarios, iluminación, flujos logísticos y buenas prácticas operacionales. Cada decisión puede disminuir o aumentar el riesgo.
El sector privado también aporta algo que el Estado no puede replicar con la misma velocidad: innovación. Tecnologías de analítica, modelos predictivos, protocolos de integridad, gestión de riesgos, plataformas de información compartida y economías colaborativas pueden transformar las condiciones de seguridad en territorios específicos. Cuando una empresa actúa con responsabilidad, no solo protege su patrimonio: protege a sus clientes, proveedores, empleados y comunidades.
Porter y Kramer lo expresaron con contundencia al hablar de “valor compartido”: las empresas prosperan en sociedades que prosperan, y ningún entorno prospera donde reina la inseguridad. Aportar a la seguridad no es filantropía; es estrategia. Empresas que fortalecen su entorno generan más confianza, atraen inversión, retienen talento y construyen legitimidad. En un país como Colombia, donde la fragmentación institucional limita la respuesta estatal, esta corresponsabilidad se convierte en una necesidad estructural.
Los ejemplos ya existen. Alianzas público–privadas que fortalecen corredores logísticos, gremios que comparten datos para anticipar extorsiones, cámaras de comercio que lideran observatorios del delito, empresas que forman a jóvenes vulnerables para alejarlos de economías ilegales. Son avances importantes, pero aún aislados. Falta visión sistémica, continuidad y una narrativa que reconozca al sector privado como un actor estratégico de seguridad democrática.
Esto exige cuidado. El sector privado puede ser protagonista, pero no reemplazo del Estado. La rectoría pública es irrenunciable. Sin reglas claras, transparencia y control, cualquier corresponsabilidad puede derivar en desigualdades o incluso en abusos. La clave es una alianza madura, basada en confianza, información verificable y responsabilidades compartidas.
Colombia necesita transitar hacia un modelo de seguridad donde Estado, empresa y ciudadanía se vean como socios. El sector privado puede activar ecosistemas de prevención, innovar, conectar territorios y demostrar que las soluciones a la inseguridad no vienen solo de arriba, sino también de quienes producen empleo, mueven la economía y habitan los territorios todos los días.
Quizá por eso el reto más grande es cultural: que las empresas comprendan que la seguridad no es un costo operativo, sino una inversión estratégica. Que no es un asunto policial, sino un componente esencial del desarrollo, y que no es responsabilidad de otros, sino una tarea compartida.
La seguridad no se hereda: se construye, y siempre que las empresas se comprometen, los territorios cambian. Tal vez sea hora de que Colombia dé ese paso con decisión. Porque cuando el sector privado asume un rol activo, el país entero gana
