Mario Huertas

Analista de asuntos estratégicos y hemisféricos (Énfasis: Brasil y EE.UU.) Columnista de opinión, diario La Nación. Voluntario internacional para la promoción de nuevos liderazgos, Universal Wonderful Street Academy (UWSA), Jamestown-Accra. Colaborador del Goldstreet Business (Ghana). Profesor de Geopolítica y Geoestrategia. Infante de Marina, Armada República de Colombia (A.R.C).

Mario Huertas

Emergencia democrática (2)

Lamentablemente, debemos hacer una segunda entrega en tanto que Petro ha decidido continuar con su retórica incendiaria. Desde esta tribuna, nuestro llamado es por: 1) un apego irrestricto a las formas jurídicas, 2) respeto inequívoco a la democracia, 3) lealtad por el pretérito nacional y 4 serenidad como virtud republicana.

Retomemos la entrega anterior diciendo que el panorama jurídico-político de la aplicación del artículo 109 de la Constitución pasa tanto por ley 996 de 2005 como por la Sentencia de la Corte Constitucional (C-1153/05) en la que se podría considerar que la pérdida del cargo presidencial (vacancia institucional) sólo tendría lugar por afrenta gravísima contra el régimen de financiación de las campañas electorales y no por cualquiera otra irregularidad, en aras de la proporcionalidad, la razonabilidad y la estabilidad institucional. 

De darse el debate en el Congreso, para efectos de un juicio político, creo que serán estos tres últimos elementos los definitivos para decidir el futuro de “la Administración por Sobresaltos”.  

Así, las cosas, el respeto a la democracia no puede ser equívoco. Apelo a este adjetivo porque el grueso de los colombianos no vamos a dejarnos subvertir el significado de las palabras para distorsionar la realidad. Sin decirlo expresamente, Petro cree que los brutales actos de terrorismo cometidos, por diferentes guerrillas, a nombre de “la paz”, “los derechos humanos”, “la democracia”, “la igualdad”, “la justicia social”, “la libertad” (entre otros) son actos genuinamente democráticos por el hecho simple de planearlos y ejecutarlos desde la orilla izquierda del espectro político. Si están por fuera de esa órbita son crímenes de Estado, cometidos por una oligarquía fascista y, obviamente, mafiosa. 

En este sentido, y hablando del valor de la prueba testimonial, si le vamos a creer a los paramilitares y a todo tipo de criminal que denuncia sus nexos con diferentes políticos (sobre todo de los que llaman de derechas), deberíamos creerle a “Antonio García” por las acusaciones que hace en contra de Gustavo Petro y Otty Patiño por sacar provecho económico del secuestro, décadas atrás. Lo anterior porque si los del ELN (al igual que las FARC y el M-19) son los de “la paz”, ¿no se les debería tener en cuenta aún más cuando hacen ese tipo de señalamientos?

De otro lado, el país honesto intelectualmente conoce, y de sobra, que cuando Petro califica y/o señala a quienes odia, se está describiendo a sí mismo. El problema ya no es ese porque conocemos dicha táctica subversiva; el problema de fondo es que dicha mentira repetida de diferentes maneras, tal como lo hizo el pasado viernes 10 de mayo en Cali señalando al presidente Duque de terrorista, es lo que va calando en un segmento poco informado de la opinión pública y va destruyendo la democracia. Lenin y Hitler sostenían que repetir y repetir mil y una vez las mismas mentiras construían, a la larga, unas cuántas “verdades”. 

Ahora bien, la lealtad al pretérito nacional nos lleva a alertar que desde 2010, Colombia se fue por el despeñadero de la polarización tal como sucedió en 1930 cuando Olaya Herrera llegó al palacio de San Carlos. A partir de ese momento, la polarización entre “godos” y “cachiporros” desató un período oscuro en nuestra vida como nación. Hablo, por supuesto, de La Violencia. Periodo que se ha ido difuminado de la memoria de millones de colombianos por culpa de profesores poco versados en materia histórica y por el inevitable paso del tiempo. 

Quienes fuimos entrenados con obras como la de Guzmán Campos (y otros), ensayos como los de Azula Barrera, novelas como las de Caballero Calderón y personajes, recreados desde la literatura, como León María Lozano conocemos la manera en que empezó y terminó ese lamentable período. 

Un lector entrenado en las faenas del Estado colombiano, reconoce fácilmente que Eduardo Santos desde las páginas de El Tiempo, vendió a Laureano Gómez, sobre todo al público liberal, como un monstruo que poco -y en muchas ocasiones en nada- se acercaba a la realidad, al igual que la perversa manera en que Gaitán (politicastro arribista y esnobista) utilizaba a la gente sin cultura política para ponerla contra el establecimiento y la manera en que los mismos que subieron a Rojas Pinilla terminaron siendo los mismos que lo bajaron. 

Con este breve ejemplo, entonces, ¿cómo no utilizar el pasado para empinarse sobre el presente y entender fácilmente que la mejor actitud es la serenidad como virtud republicana? Hablo de esa misma serenidad que llenaba a hombres como Alberto Lleras Camargo (el último de los republicanos como diría Villar Borda) quien supo evitar una fractura institucional en Pasto (1944) y encontrar la fórmula adecuada, junto a Laureano Gómez, para que el entendimiento bipartidista llevara al traste con el régimen de corrupción que se había enquistado desde el 13 de junio de 1953. 

Ni el populismo revanchista de Gaitán, ni el autoritarismo corrupto de Rojas Pinilla salvaron a Colombia. Parte de su condena estuvo allí. Definitivamente, fueron la sensatez y la serenidad republicanas las que dieron forma a los pactos consociacionalistas de Benidorm y Sitges conocidos como Frente Nacional.

Esto cobra sentido por las varias salidas de Petro en las que ha llamado a su gente para lanzarla contra las instituciones y el resto del país nacional que no lo acompaña. Lo que de suyo ya es una peligrosa constante porque se ha convertido en un llamado a la violencia y al levantamiento popular con las implicaciones jurídicas y políticas que esto tiene. Definitivamente, un apoyo reciente como el de Iván Márquez (Segunda Marquetalia) no resulta el mejor referente de paz que tiene esta administración para mostrar. 

En definitiva, la profunda crisis de legitimidad por la que atraviesa Petro debe ser tomada con todo el cuidado que la estabilidad de Colombia merece. Ni las circunstancias, ni el personaje en cuestión deben ser subestimados. Ratificamos, por lo tanto, que es el mismo Gustavo Petro el entero y absoluto responsable por lo que acontezca en lo sucesivo con los destinos del país.

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