En las noches de la Colombia de 1992, exactamente hace 30 años, existió durante 11 largos meses racionalización de energía, o como dirían los ciudadanos de ese entonces, “apagón”, que duró incluso hasta nueve horas diarias en las principales ciudades; las personas no podían prender sus televisores ni hacer de comer en fogones de luz, era el tiempo de las grabadoras con pilas, y a punta de velas, walkmans y fogones de petróleo, los ciudadanos terminaban sus últimas horas antes de acostarse a dormir.
Hidroituango, es un proyecto de energía hidráulica ubicado en el departamento de Antioquia que debió entrar en operación en el año 2019. Los constructores de este megaproyecto de ingeniería, así como los gerentes de EPM, gobernadores de Antioquia y alcaldes de Medellín de la última década tomaron una serie de decisiones, que redundaron entre torpezas técnicas, jurídicas, ambientales y financieras conllevando a la tragedia por todos conocida.
Meses antes de la entrega de lo que sería la primera turbina en funcionamiento en 2019, dos de tres túneles internos fueron taponados artificialmente por decisiones de aceleración de la obra y luego, como si se tratara de una muerte anunciada, el tercer túnel, además realizado sin permisos de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), fue bloqueado por un derrumbe; con este trasegar de sucesos, 120.000 personas de poblaciones circundantes al proyecto, sufrieron el riesgo de perder sus vidas, además, pusieron en riesgo la estabilidad energética del país y llevaron al aumento de las tarifas de energía que hoy Colombia viene padeciendo, y como si fuera poco, dichos errores, afectaron las finanzas de EPM, y con esto sus transferencias al presupuesto del Distrito de Medellín.
Por muchas razones, Hidroituango es una de las obras con mayor interés nacional. Es clave para la seguridad energética de Colombia, para seguir conectando a la ruralidad, mover la productividad de las ciudades, promover la creciente industria de vehículos eléctricos y apagar varias de las termoeléctricas que emiten gases de efecto invernadero.
Las implicaciones económicas de la no entrada en operación de Hidroituango, e incluso, la irracional e irresponsable idea de su desmantelamiento, serían devastadoras y pondrían en grave peligro la sostenibilidad de EPM y las finanzas de la ciudad de Medellín, así como las de los territorios aguas arriba y aguas abajo del proyecto, quienes verán reducidas sus transferencias por regalías y sus posibilidades de mayor inversión social.
Por tanto, es imperante que todos los actores inmiscuidos en Hidroituango se pongan de acuerdo en lo esencial: que las comunidades aledañas al megaproyecto no tengan temores ni sufran riesgos, que el país no se apague, que tengamos energía permanente para nuestro desarrollo, y que empresas como EPM continúen siendo sólidas y aportando a la calidad de vida de los colombianos.
