El Objetivo de Desarrollo Sostenible Nº 5 de Naciones Unidas tomó en 2015 el relevo al Objetivo de Desarrollo del Milenio Nº 3, ambos con la meta de establecer una llamado de atención en la agenda de desarrollo a nivel mundial en materia de igualdad entre géneros.
Si bien es cierto que son varias las aristas que componen el ODS Nº 5, este artículo pretende poner el foco en la cuestión del acceso a cargos políticos, a puestos de cierto nivel decisorio y de liderazgo: “(...) luchar contra los prejuicios y obstáculos no pretendidos y a menudo invisibles para la igualdad de oportunidades (...)”(PNUD, 2020:web).
La ausencia de mujeres líderes en espacios decisorios tanto nacionales como internacionales es inaceptable en pleno siglo XXI. El hecho de que la mitad de la población esté excluida de las instituciones gubernamentales ya no se puede tildar de “obstáculo no pretendido” (PNUD, 2020:web), sino de total y absoluto desequilibrio en la distribución del poder.
Si bien es cierto que un gran sector de la población prefiere mirar a otro lado, o restar importancia a la cuestión cuando llega la hora de sacar las cifras a la palestra, no es baladí hacer hincapié en ellas; la realidad habla por sí sola aún cuando algunos intentan obviarla.
Pues bien, de acuerdo a Naciones Unidas, la representación de las mujeres en parlamentos nacionales es de un 23,7% (PNUD, 2020: web); las mujeres representan menos del 6% del total de los primeros ministros del mundo (Real Instituto Elcano, 2020: web); de los 194 países del mundo únicamente 15 están dirigidos por jefas de estado (PNUD, 2020: web); sólo está previsto que una mujer, Angela Merkel, se siente en la mesa del foro del G20 de 2020 que se celebrará en Riad, y es la única mujer entre los líderes del G7, aunque paradójicamente ambas instituciones se han comprometido con la igualdad entre géneros como base para el progreso económico.
El hecho de tener cifras tan bajas en instituciones gubernamentales y órganos de representación, tanto nacionales como internacionales, señala una clara asimetría democrática, así como un déficit en materia de pluralismo y representatividad. De igual manera, el escaso porcentaje de mujeres en debates políticos, económicos o sociales entre otros, incrementa la existencia de actividades democráticas de menor calidad y en cierto modo las deslegitima al no dar respuestas conjuntas a retos comunes teniendo en cuenta distintos enfoques.
La cuestión entonces es: ¿Cómo conseguimos una igualdad de género real en las instituciones y en los espacios de liderazgo?
Varios países han dado respuesta a este tipo de preguntas y han optado por implementar cuotas de género, un mecanismo utilizado en la actualidad por diversos países, bien sea de manera legal o voluntaria, para aumentar la presencia de mujeres en espacios de influencia y liderazgo. Véase los ejemplos de Bélgica o Francia, en los que las cuotas de género están previstas en las leyes electorales; o los casos de Alemania, Noruega y Suecia, donde podemos encontrar cuotas voluntarias de partidos (International Institute for Democracy and Electoral Assistance, 2009: web).
Sin embargo, esta fórmula para conseguir un mayor porcentaje de participación femenina tiene tantos adeptos como detractores, lo que hace que las cuotas de género sean concebidas como medidas controvertidas en términos generales. Entre las impugnas que promueven los más críticos de este mecanismo es posible destacar, por ser uno de los más aducidos, el argumento de que las cuotas implican que los políticos sean elegidos por su género, y no de acuerdo a sus capacidades, aptitudes y cualificaciones, haciendo que aquellas personas con mejores expedientes tengan que asumir el riesgo de quedar excluidos pese a la excelencia de su perfil.
Pues bien, en un artículo publicado por Besley, Folke, Person y Ricke en American Economic Review en el año 2017, se lleva a cabo una revisión del sistema electoral sueco y de sus cuotas de género. Los autores explican lo que ocurre cuando aumenta la competencia entre hombres como consecuencia de tener la obligación de dar espacio a las mujeres. El resultado de la introducción de cuotas de género obligatorias supone, de acuerdo con los autores, que se elijan mejores representantes masculinos y que queden fuera aquellos denominados como“mediocres”, menos preparados y que no quedaban excluidos con anterioridad por la no existencia de participación femenina (American Economic Review, 2017: web).
De acuerdo con Besley, las cuotas de género en modo alguno se oponen a la meritocracia, sino que, por el contrario, elevan los niveles de competencia masculina al crecer la representación femenina. Sin embargo, el espacio no desarrollado por los autores es dar respuesta la siguiente interrogante: ¿Cómo desarrollamos un sistema de cuotas en el que se fomente y eleve esa misma competencia entre las mujeres?
El objetivo a conseguir es, sin duda, un competencia real que asuma que el talento político no es una cuestión asociada al género, por lo que no debería existir ningún elemento que justifique la subrepresentación femenina, y por el contrario se debería fomentar la reparación de este desequilibrio mediante un sistema en el que todos ganemos: más igualdad, pero además, más capacidad.
Fuentes consultadas:
https://www.undp.org/content/undp/es/home/sustainable-development-goals/goal-5-gender-equality.html
https://blog.realinstitutoelcano.org/liderazgos-y-genero-en-tiempos-de-covid-19/
https://pubs.aeaweb.org/doi/pdfplus/10.1257/aer.20160080
https://www.idea.int/data-tools/data/gender-quotas/quotas?quotalang=es
