“Esto es un calvario. Cada noche que me acuesto quisiera no despertar”, fueron las contundentes y desesperadas palabras de Víctor Escobar, un ciudadano de 59 años que esta semana en un programa de televisión en vivo contó que hace dos años está esperando que su EPS le autorice el derecho a morir dignamente. En Colombia, a pesar que la Corte Constitucional despenalizó la eutanasia hace 23 años, el Congreso no ha logrado ponerse de acuerdo y legislar al respecto para llenar el vacío jurídico que en la mayoría de las veces es la razón principal para que muchos pacientes pasen años deseando ponerle fin a su vida de forma libre y consciente.
La eutanasia y el suicidio asistido, por supuesto, son un tema espinoso que divide a la población entre los que están de acuerdo con la posibilidad de ponerle fin al sufrimiento de un paciente y quienes rechazan con firmeza lo que consideran una afrenta contra la vida y la ética médica. A propósito, el Vaticano divulgó el martes pasado un documento oficial en el que reitera su oposición a este procedimiento. En el ‘Samaritanus Bonus’, carta de la Congregación para la Doctrina de la Fe aprobada por el Papa Francisco, se señala que la eutanasia es un “crimen contra la vida humana” y que no debe aplicarse bajo ninguna circunstancia. Además, recuerda la Iglesia Católica que, quienes recurran a este medio, no podrán recibir los sacramentos, ni la absolución, ni la unción de los enfermos.
En Colombia y España se ha revivido en los últimos días la polémica debido a que en ambos países se tramitan proyectos de ley que buscan regular el derecho a la eutanasia. En Madrid una lista extensa de dirigentes políticos, sociales, médicos, ex magistrados y académicos firmaron un manifiesto esta semana en el que piden detener la aprobación de la norma. Señalan que esta práctica contiene “graves problemas éticos”, pero además aducen las carencias al sistema de cuidados paliativos, donde la muerte queda en manos del médico. A esto le añaden las secuelas psicoemocionales en los familiares y, para rematar, afirman que hay un rechazo universal a este tipo de legislación.
En primer lugar, no sorprende que el Vaticano y la Iglesia Católica en su conjunto se opongan a la eutanasia y muerte asistida. Ya en varias ocasiones se han referido a esta como un suicidio caprichoso del hombre que no acepta “la condición humana frente a la muerte”. Se alejan y desconocen la realidad de millones de personas alrededor del mundo que buscan tener una muerte digna y parar con el sufrimiento de años, tanto con ellos mismos como hacia sus seres queridos. Además, amenazan a los creyentes al negarles los sacramentos. Seguramente será difícil que la Iglesia seda en este punto, pero se ha visto que pueden dar pasos para conectarse con los ciudadanos de hoy, como por ejemplo la decisión de hace unos años del Papa Francisco de permitir que las parejas en unión libre y divorciadas puedan recibir la comunión, ya que “no todos están en pecado mortal”.
En segundo lugar, cuando se habla de problemas éticos se hace referencia -en la mayoría de casos- a la decisión que recae sobre el médico. Frente a esto existe la objeción de conciencia que es un derecho médico y por supuesto pueden aplicarlo en el momento que consideren. De hecho, en Colombia este es una situación muy repetida debido, precisamente, a la falta de reglamentación y seguridad jurídica frente al procedimiento. Casos como el de Víctor Escobar se repiten en múltiples ocasiones: un paciente que quiere morir dignamente, lo solicita a su EPS pero no obtiene respuesta o los médicos prefieren no hacerlo por la falta de claridad entre lo que es una eutanasia y lo que puede considerarse un homicidio.
Lo anterior se da, aunque ya existe la Resolución 1216 de 2015 del Ministerio de Salud con la que se dio un avance en la reglamentación del derecho a morir dignamente. Sin embargo, la Corte Constitucional ha exhortado al Congreso para que legisle frente a esta materia y se materialice la aplicación -sin vacíos legales- del procedimiento de muerte anticipada.
Por esta razón, en un nuevo intento, el Congreso discute un proyecto de ley (ya se han presentado 12 y ninguno ha prosperado) que fue aprobado en primer debate en la Comisión Primera de la Cámara. La iniciativa contempla que para que una persona pueda solicitar la eutanasia debe ser mayor de 18 años, presentar un sufrimiento “intolerable causado por una enfermedad terminal o enfermedad incurable avanzada”, tener competencia mental para expresar su “consentimiento libre, inequívoco, informado y reiterado”, y sólo lo podrá realizar un profesional médico. Adicionalmente, el proyecto incluye una valoración especializada del paciente; el estudio por parte del Comité Científico-Interdisciplinario para Morir Dignamente; una reiteración de la solicitud y; en caso de respuesta positiva, el procedimiento deberá realizarse en un plazo no mayor a 15 días.
Por último, Colombia hace parte -junto a Holanda, Bélgica, Canadá, Estados Unidos, Luxemburgo, Portugal y Suiza- de los pocos países del mundo que permiten la eutanasia con diferentes condiciones. En América Latina nuestro país es el único que la ha despenalizado. Según datos del Ministerio de Salud, entre 2015 y marzo de 2020, en Colombia se han practicado 92 eutanasias reportadas. Sin embargo, se desconoce la cifra de procedimientos clandestinos. El Laboratorio de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Descalb) señala que el 2019 ha sido el año con más eutanasias activas practicadas (35) en contraste con el 2015 cuando sólo se efectuaron 4. Bogotá y Medellín son las ciudades donde más personas acuden para ejercer su derecho a morir dignamente y el 89% del total de casos han sido para pacientes diagnosticadas con cáncer.
