Señalé “buenos y serios vientos de cambio” en los sectores de justicia y seguridad, por la designación del Ministro de Justicia y el Director de la Policía Nacional. Sigo pensando igual.
Sin embargo, los anuncios del Presidente Petro, llevan a pensar que, si bien es cierto, hay unas ideas de cambio, no se conoce en concreto cual es el alcance específico de las políticas de Estado que propone.
Por ahora, corresponden a órdenes vía las redes sociales y anuncios en los medios. La “paz total” es, aún, incierta. Todo ello suena atractivo, pero, hasta ahora, ha generado más confusión e incertidumbre que claridad y confianza.
La primera orden, corresponde a que los alcaldes, en zonas de conflicto, son los responsables de los Puestos de Mando Unificado - PMU, lo que, traduce en que “la Policía, el Ejército y las otras Fuerzas Militares deberán obedecer a los alcaldes”. Sin entrar, aún, a cuestionar la constitucionalidad de esto, claramente, diluye, de forma poco conveniente, la responsabilidad constitucional del Presidente.
No se advierten, las bondades del distanciamiento del Gobierno Nacional para delegar en los alcaldes la mayúscula responsabilidad de evitar los hechos violentos, las masacres y los desplazamientos. El cambio, por lo que se conoce hasta ahora, se queda en que se les pasa a los alcaldes esa responsabilidad, sin que importe la existencia de sus conocidas limitaciones, incluso, en algunos casos, hasta morales, gracias al rol que algunos pueden estar o haber jugado.
El problema más grave del país, es la perversa actividad del narcotráfico y el saqueo al erario. Los alcaldes en estas regiones, afectadas por estos flagelos, no pueden quedar investidos de la facultad suprema, por ejemplo, de ordenar “que las unidades -militares- deben desconfinar un territorio” específico.
La segunda orden, se evidenció con la ausencia de Colombia en el seno de la OEA, al momento de votar la resolución de condena a Nicaragua, por violación a los derechos humanos. El canciller Leyva, varias semanas después, de que algunos llegaran a señalar que esta ausencia obedeció a una “jugadita” del gobierno saliente, reconoció que fue una decisión del actual gobierno “por razones estratégicas”. ¿Cuáles razones estratégicas justifican la violación a los derechos humanos?
La tercera, corresponde a la apertura de un frontal y ampliado diálogo y una eventual negociación con la delincuencia. Ya, 279 extraditables -hombres y mujeres-, manifestaron su deseo de lograr una negociación con el gobierno Petro. Para nada cuestionable ese diálogo y eventual negociación, por el contrario.
Sin embargo, las “líneas rojas” de esa negociación no se conocen. ¿Será una negociación económica como la que proponían “los extraditables” para hacerle el quite a la extradición?, ¿Será en los términos con las FARC-EP, que, finalmente, poco de reparación y verdad? y ¿este diálogo y negociación, se extenderá, y en cuáles términos, a los responsables de la corrupción, como los miembros del “Carrusel de la Contratación de Bogotá”, “el Cartel de la hemofilia” o el Cartel de lo Víveres”?.
Si la estrategia de la “paz total”, se basa, eventualmente, en “borrón y cuenta nueva”, así, con transparencia, debería plantearse desde el inicio de esa política de Estado propuesta. Lo cuestionable y decepcionante del diálogo y la negociación con las FARC-EP, fue, precisamente, que se dijo una cosa y se hizo otra. En todo caso, sea lo uno o sea lo otro: ¿Cuál es la estrategia frente al narcotráfico?.
